Ser defensor de los derechos humanos en Colombia es mortal: 120 asesinados en 14 meses

La cifra no ha hecho más que aumentar en los últimos años: en 2014 hubo 78 asesinatos contra líderes sociales en Colombia, en 2015 105 y en el año 2016 y los dos primeros meses de 2017 el número ascendió a al menos 120, tal y como ha revelado recientemente la Defensoría del Pueblo de Colombia. Además hubo 33 atentados 27 agresiones y más de 430 amenazas contra activistas de los derechos humanos. El país intenta avanzar hacia la paz rápidamente –los acuerdos con las FARC y el final del conflicto ayudan mucho-, pero sigue sufriendo duramente la violencia, especialmente en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño.

Especialmente trágico fueron diciembre de 2016 y enero de 2017, ya que fueron asesinados 17 líderes sociales, lo que muestra que el camino hacia el fin de la violencia se presenta difícil y lleno de obstáculos con aproximadamente un asesinato cada tres días que convierte a este tipo de personas en objetivo de los grupos armados.

¿Cómo es posible que se produzcan más homicidios teniendo en cuenta que las FARC ya no actúan? Tal y como explica el Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, el retiro de la organización de las zonas en las que ejercía el control ha posibilitado el ingreso de nuevos actores armados que se disputan el domino territorial y económico.

En este contexto las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz quedan expuestas a abusos, acoso y al señalamiento constante por la labor que realizan.

Carlos Negret pide a las autoridades que tomen medidas urgentes para proteger a las posibles víctimas y a estos movimientos sociales que están sufriendo la violencia y no tienen ningún tipo de defensa contra los criminales.

Colombia ha sufrido durante décadas un conflicto interno en el que se ha enfrentado el Gobierno con guerrillas, grupos paramilitares y carteles del narcotráfico que han dejado miles de muertes y de desplazados. En los últimos años se ha intentado pacificar el país, pero todavía quedan grupos capaces de ejercer la violencia y que están amenazando a más de 30 organizaciones sociales. Protegerles debe ser una prioridad absoluta.