Sentencian a integrante de grupo criminal cubano transnacional por tráfico de migrantes y robo

Un hombre de Miami Beach fue sentenciado a 95 meses de prisión federal por su papel en un violento grupo del crimen organizado transnacional operando en Cuba, México, España y el sur de Florida desde 2009, conocido como la Mafia Cubana en Quintana Roo.

La condena fue emitida contra Javier Hernández, de 50 años, después de que un jurado lo declaró culpable de conspiración para alentar a migrantes a venir ilegalmente a EEUU, de transportar embarcaciones robadas y de sobornos a funcionarios, dijo la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida.

Las autoridades dijeron que la organización criminal extorsionaba a migrantes cubanos que eran mantenidos como rehenes en México para el pago de tarifas de contrabando.

Hernández y su coacusado, Ramón Reyes Aranda, de 38 años, de Naples, robaron embarcaciones de la costa oeste de Florida, según las pruebas presentadas en el juicio.

La Fiscalía Federal indicó que Reyes Aranda identificaba las embarcaciones y Hernández las transportaba a México, donde eran utilizadas para financiar y facilitar las actividades ilegales.

Previo al juicio, Reyes Aranda se declaró culpable de participar en una conspiración de lavado de dinero para promover el tráfico de bienes robados y el soborno de funcionarios públicos.

Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que Hernández transportó un vehículo a México para usarlo como soborno a un funcionario extranjero para que la organización pudiera continuar realizando el tráfico de migrantes sin interferencia de las autoridades, dijo la fiscalía.

Operación multinacional

Se formó una extensa operación multinacional, encabezada por autoridades policiales estadounidenses y mexicanas, para combatir las actividades del grupo de crimen organizado conocido colectivamente en México como La Mafia Cubana en Quintana Roo.

Mediante este operativo, las autoridades tuvieron conocimiento de que José Miguel González Vidal, de 36 años; Reynaldo Abreu García, 56; Yohismy Pérez González, de 40 años; Yosvani Carbonel Lemus, 43; Reynaldo Crespo Márquez, de 44 años, y Jancer Sergio Ramos Valdés, de 37, todos cubanos que residían en México al momento de los cargos, junto con Maikel Antonio Hechavarría Reyes y Mónica Susana Castillo, ambos de México, formaban parte del grupo.

Según la evidencia contenida en el expediente judicial, González Vidal presentó a Hernández a Reyes Aranda para que pudieran trabajar juntos en el transporte de embarcaciones robadas para la organización. Tanto Hernández como Reyes Aranda recibieron pagos de González Vidal y otros miembros de la organización por el transporte de la propiedad robada.

Los miembros de la red de extorsión a migrantes exigían a las víctimas que proporcionaran información de contacto de un miembro de la familia a quien luego exigirían un rescate de $10,000.

Los hombres se pusieron en contacto con los familiares de las víctimas, algunos de los cuales se encontraban en Miami, y amenazaron con torturar, matar de hambre y matar a las víctimas si los familiares se negaban a pagar.

Si el familiar de una víctima podía pagar el rescate, la organización liberaba a la víctima y la enviaba en autobús a la frontera entre Estados Unidos y México con instrucciones de buscar asilo político.

Las víctimas cuyos familiares no pudieron pagar la tarifa fueron golpeadas, amenazadas con cuchillos y pistolas y descargas con pistolas paralizantes hasta que finalmente fueron rescatadas por las autoridades mexicanas. Los miembros de la organización también buscaban lucrarse con esquemas de fraude y tráfico de drogas, de acuerdo con la fiscalía.

Sobornos

Además, una vez que estos fueron acusados en Estados Unidos y detenidos en espera de juicio, continuaron operando la organización tratando de obstruir la justicia, violando órdenes judiciales y distribuyendo contrabando en un centro de detención federal.

Como parte de su negocio carcelario, la organización pagó sobornos a un empleado federal para que introdujera contrabando y sustancias controladas para su distribución en el Centro Federal de Detención (FDC), en Miami.

Por su participación en el esquema criminal, González Vidal, Crespo Márquez, Abreu García, Pérez González, Carbonel Lemus y Ramos Valdés se declararon previamente culpables de conspiración de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO) y tráfico de migrantes.