Senado de México reelige a Rosario Piedra en la CDNH pese a ser la peor evaluada

Ciudad de México, 13 nov (EFE).- El Senado mexicano reeligió este miércoles a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para un segundo período, de 2024 a 2029, tras el primero (2019-2024) y pese a ser la peor evaluada de las candidatas y no contar con apoyo de ninguna asociación civil.

En una sesión que se prolongó hasta la madrugada, Piedra Ibarra, quien en 2019 se convirtió en la segunda mujer que llegaba a la presidencia el organismo, se apuntó como la primera de los siete titulares que ha tenido la autónoma CNDH, desde 1990, que ha repetido en el cargo.

En la votación en el Senado, Piedra Ibarra alcanzó 87 votos, los necesarios para alcanzar la mayoría calificada, de dos tercios de la Cámara.

Mientras que las otras dos integrantes de la terna, Nashieli Ramírez, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y la abogada Paulina Hernández Diz, obtuvieron 36 y 1 sufragios, respectivamente.

El oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), contaban con el voto de 87 senadores, mayoría calificada, dos terceras partes de 128 senadores, tras sumarse la senadora Cynthia López, quien dejó al opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La reelección de Piedra Ibarra provocó posiciones encontradas de los senadores oficialistas y opositores.

En las entrevistas previas, Piedra Ibarra, hija de la fallecida Rosario Ibarra, activista mexicana, defensora de derechos humanos y fundadora del Comité ¡Eureka! fue la candidata peor evaluada de la terna.

La reelección de Piedra Ibarra se dio en medio de críticas de la oposición y de organizaciones civiles, entre ellas Amnistía Internacional, que han destacado que México vive una crisis de derechos humanos con miles de desaparecidos y víctimas de violencia, donde la dirección de la CNDH es fundamental.

Piedra Ibarra ha sido muy criticada por haber sido impuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y por, presuntamente, dirigir el organismo a favor del Gobierno.

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