El Salvador: aprueban Ley de Reconciliación Nacional

MARCOS ALEMÁN
El presidente Nayib Bukele ora tras su llegada al Congreso en San Salvador, El Salvador, el domingo 9 de febrero de 2020. (AP Foto/Salvador Meléndez)

SAN SALVADOR (AP) — La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles la polémica Ley de Reconciliación Nacional por los delitos cometidos durante la guerra civil, generando el rechazo de defensores de los derechos humanos y del presidente Nayib Bukele, quien dijo que la vetará porque no cumple con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

“Se elaboró una ley a espaldas de las víctimas. En la práctica esta ley va a ser un triple salto hacia la impunidad, una ley de amnistía disfrazada”, dijo el diputado Juan José Martell, del partido Cambio Democrático.

“Con esta ley de una falsa reconciliación nacional, se van a prescribir delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra” cometidos durante el conflicto civil de 1980 a 1992, agregó.

La Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional fue aprobada por 44 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa. Once diputados votaron en contra, uno se abstuvo y los demás no acudieron a la sesión.

Para que la ley entre en vigencia, debe ser aprobada por Bukele, que ya adelantó que la vetaría.

“La Presidencia de la República no sancionará ninguna ley que no contenga 3 elementos fundamentales para que sea justa y constitucional: Verdad, Reparación, Justicia”, publicó el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

En julio de 2016 la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley de amnistía aprobada en 1993, cinco días después de haberse conocido el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, el cual registró más de 22.000 denuncias de hechos de violencia ocurridos durante la guerra civil de 1980 a 1992. Al declarar inconstitucional esa ley, la Corte estableció que los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben, según el derecho internacional, por lo que no debe impedirse su investigación y que se repare a las víctimas.

La Corte también ordenó a la Asamblea Legislativa que elaborara antes de julio de 2019 una nueva Ley de Reconciliación Nacional que garantizara la verdad, la justicia y las reparaciones y que ofreciera garantías de que esos delitos no se repetirán.

El presidente del Congreso Mario Ponce defendió la aprobación de la ley porque aseguró cumple la sentencia de la Sala de lo Constitucional en cuanto a la reparación de las víctimas y la penalización de los crímenes de lesa humanidad.

“Entregamos un marco jurídico que logrará solventar aquellos problemas que no se pudieron sufragar por la Ley de Amnistía. Consideramos la sentencia de la Sala de lo Constitucional, no creamos impunidad al reducir penas”, dijo el diputado Julio Fabián de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Por su parte el diputado Raúl Beltrán, del conservador partido Concertación Nacional, afirmó que “voté por esta ley a pesar de que tiene imperfecciones. Esta noche los votos fueron suficientes, habrá que aceptar las críticas, pero esta Asamblea no podía darse el lujo de caer en desacato. Esto es necesario por el bien y reconciliación de toda la sociedad”.

Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, sostuvo que la ley que aprobaron los diputados no fue consultada con las víctimas, ni con las organizaciones activistas “y por tanto es inválida su redacción, su articulado constituye un ardid para dejar sin responsabilidad penal y civil a los criminales de lesa humanidad y de guerra”.

Tutela Legal criticó duramente que se aprobara que el juez pueda reducir a una cuarta parte las penas a imponer a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad y de guerra.

La diputada Rebeca Cervantes, del partido Gran Alianza para la Unidad Nacional, dijo que no apoyaron la aprobación de la ley porque “se ofrecen penas mínimas para criminales de guerra”.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) dijo que la ley implica sanciones que no son proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos y que la reducción de la pena supondría una “amnistía de facto”.