Rosario, feudo criminal. La mano negra detrás de la guerra narco

ROSARIO.- Maniatado, boca abajo, con un tiro en la cabeza y otros dos en la zona lumbar, el cadáver del prestamista Lucio Maldonado apareció el 13 de noviembre de 2018 junto a un cartel que decía: “Con la mafia no se jode”. Ese fue el inicio. Poco después asesinaron a su novia y a su suegro. Y los investigadores rosarinos se toparon con un mar de hallazgos inesperados al dar sus primeros pasos. Como cuando allanaron un domicilio vinculado al clan Alvarado y se encontraron con que allí vivía el entonces jefe de la unidad de Investigaciones Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, Javier Makhat, que fue desplazado de su cargo.

Los fiscales fueron por el jefe del clan, Esteban Lindor Alvarado, sospechado de manejar hasta la mitad de la droga que se movía en esta ciudad. Con el tiempo saldría a la luz que lideraba el clan que competía por el control del territorio con Los Monos y, de paso, que podía ayudar a la Policía a regular el narcotráfico y el crimen en Rosario, según coincidieron fiscales, jueces y criminalistas consultados por LA NACION.

La cacería de Alvarado pareció dar sus frutos. Los fiscales recibieron el dato de que se escondía en la isla Charigüé, frente a Rosario. Pero al desembarcar, no se encontraron con las armas y el dinero que un testigo de identidad reservada dijo que el narco guardaba allí, sino con otra sorpresa: en una lancha irrumpieron la exjueza Alejandra Rodenas -por entonces diputada nacional por la agrupación que responde al senador peronista Armando Traferri antes de asumir como vicegobernadora-, junto a su marido, el ministro de Cultura santafesino Jorge Llonch, y Paul Krupnik, abogado defensor de narcos y policías corruptos.

Con el tiempo se supo también que Pablo Báncora, un policía que integraba el equipo de investigación junto a los fiscales, omitió informar el arribo de Rodenas al procedimiento. Peor aún, se confirmó que era un soplón a sueldo de Alvarado. Y la actuación previa de Rodenas como jueza quedó bajo la lupa. Como en marzo de este año, cuando el exministro de Seguridad santafesino entre 2015 y 2019, Maximiliano Pullaro, declaró como testigo en un juicio contra Alvarado. Le enrostró a la actual vicegobernadora que “nunca avanzó” contra ese narcotraficante y confirmó su presencia en la isla. “Eso llamó mucho la atención, no es común que aparezcan esos personajes porque significa que la información se había filtrado. Estaban ahí porque alguien los llamó”, declaró el exfuncionario de origen radical.

Rodenas

LA NACION se comunicó con Rodenas, quien declinó responder preguntas. Pero envió documentación en la que consignó que ella y su familia alquilaron en esa isla muchos años después del momento en que Alvarado se habría ocultado allí, según declaró como testigo de identidad reservada un aliado de ese narco devenido en enemigo, algo que la familia de Rodenas afirmó que ignoraba.

En esa documentación que remitió a LA NACION, Rodenas detalló además que, en agosto de 2012 y a pedido del fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, ella ordenó la detención de Alvarado que llevó a su condena a seis años y medio de prisión. También dictó los procesamientos que llevaron a las primeras condenas de los jefes de Los Monos, como Ariel Máximo “Guille” Cantero, “Monchi” Cantero y Máximo Ariel “el Viejo” Cantero, entre otros. Al igual que su familia, considera que los ataques que recibe se deben a operaciones políticas promovidas desde fuera, pero también desde las filas de su partido.

Pero los reproches a Rodenas exceden a Pullaro. También se le endilga que archivó la pesquisa por el asesinato del jefe de la Agrupación de Unidades Especiales, comisario Guillermo Morgans, mientras investigaba la ejecución de otro narco, Luis Medina, por orden de Alvarado. Morgans fue quien abrió, junto a dos funcionarios del gobierno socialista, la computadora de Medina para ver si tenía información comprometedora. Después, Morgan fue asesinado en un extraño robo.

En la documentación que la exjueza Rodenas envió a LA NACION, consignó que ella se negó a archivar el “caso Medina” como había solicitado el fiscal Carlos Covani, en tanto que el expediente pasó luego a las manos de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.