Rivera quiere ir a Venezuela para elecciones presidenciales. Pero encausamiento de Miami se lo impide

David Rivera, un ex legislador de Miami-Dade que desarrolló su reputación criticando al difunto líder cubano Fidel Castro, quiere viajar a Venezuela para trabajar como asesor de una candidata de la oposición que desafía al presidente socialista de Venezuela en las próximas elecciones.

Pero el republicano tiene un pequeño problema.

Rivera ha sido encausado en Miami de ser un agente extranjero no registrado del gobierno del presidente Nicolás Maduro, derivado de su trabajo como consultor para ayudar a la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA a mejorar su empañada imagen en Estados Unidos. Un juez federal de Miami tendrá que decidir ahora si Rivera puede hacer el viaje, una petición a la que los fiscales se opondrán rotundamente.

En 2017, la empresa de Rivera, Interamerican Consulting, firmó un contrato de $50 millones con la filial con sede en Houston, PDV USA, para cabildear en su nombre en Estados Unidos, según una demanda. Pero, después de que a su empresa se le pagaran $20 millones, Rivera fue despedido por hacer poco o ningún trabajo, dice la demanda.

Tal como lo ven los fiscales, Rivera estaba trabajando realmente para los intereses de Maduro y no se había inscrito ante el Departamento de Justicia federal como agente extranjero, una infracción que conlleva hasta cinco años de prisión. Pero según Rivera, en realidad trabajaba para la filial petrolera de Venezuela en Estados Unidos, no directamente para el veterano líder socialista, y no infringió ninguna ley estadounidense.

Además, Rivera siempre ha sostenido que mientras cabildeaba para la filial petrolera estadounidense de Venezuela, trabajaba entre bastidores para derrocar a Maduro, aunque el contrato de su empresa consultora con PDV USA no mencionaba esa labor opositora como una de sus tareas.

“Contrariamente a las falsas acusaciones del gobierno, todo lo que hice en 2017 y 2018 estaba claramente dirigido a decapitar al régimen de Maduro”, dijo esta semana Rivera, de 58 años, quien vive en Atlanta pero visita regularmente Miami. “Y como muestra mi historia, seguiré haciéndolo hasta que el régimen de Maduro desaparezca o yo deje de respirar, lo que ocurra primero”.

Si todo esto parece confuso, nada sobre el caso federal de Rivera ha sido convencional. Aunque un jurado de instrucción lo encausó a finales de 2022, Rivera aún no ha sido procesado ni ha presentado una declaración de culpabilidad en el tribunal federal de Miami porque técnicamente no ha contratado a su abogado, Edward Shohat, como su representante legal permanente. En el sur de la Florida, un acusado no puede declararse culpable sin un abogado permanente.

Durante el último año, Rivera ha estado luchando con los fiscales sobre el uso de los ingresos por ventas de bienes inmuebles para pagar los honorarios de su abogado. Hasta que un tribunal federal de apelaciones resuelva esa disputa, Rivera dice que no tiene dinero para contratar a Shohat como su abogado permanente y seguir adelante con su caso.

Quiere ir a Venezuela y a la convención del Partido Republicano

Mientras tanto, Rivera está buscando el permiso de un juez federal para viajar a Venezuela para las próximas elecciones presidenciales, así como a México como consultor de un instituto educativo y a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee a mediados de julio como delegado de Miami-Dade.

En virtud de las condiciones de su fianza a la espera de juicio, sus viajes están restringidos a las zonas de Atlanta, Orlando y Miami, así como a la Ciudad de Nueva York. Ha entregado su pasaporte y lo necesita temporalmente para realizar los viajes al extranjero. Su solicitud está siendo examinada por el juez auxiliar Edwin Torres en el tribunal federal de Miami.

En su moción para viajar a Venezuela, Rivera no revela el nombre del candidato de la oposición para el que quiere trabajar en Venezuela. La campaña formal en la contienda presidencial comenzó a la medianoche del jueves, y las elecciones serán el 28 de julio.

En la presentación judicial de su abogado, Rivera señala que en octubre pasado el gobierno de Biden levantó parcialmente las sanciones económicas a Venezuela en reconocimiento de un acuerdo entre Maduro y la oposición política venezolana para las próximas elecciones presidenciales. Los activistas de la oposición han acusado a Maduro, que aspira a un tercer mandato, de usar tácticas opresivas, incluido el encarcelamiento de miembros de la oposición.

En la presentación, Rivera citó su trabajo de oposición entre bastidores en los ciclos electorales presidenciales venezolanos de 2012, 2013 y 2018, y dijo que últimamente ha asesorado a varios de los principales candidatos anti-Maduro en sus actividades de campaña en Estados Unidos.

Para reforzar la base para su viaje propuesto a Venezuela, Rivera promociona docenas de sus actividades públicamente reportadas y no reportadas durante décadas como político y consultor luchando contra el comunismo en Cuba y el socialismo en Venezuela.

Rivera, que prestó servicio ocho años en la Cámara de Representantes del estado de la Florida, fue elegido para un mandato en el Congreso, desde principios de 2011 hasta principios de 2013. Su entonces Distrito Congresual 25 se extendía por una gran franja de los Everglades, e incluía partes de los condados Collier, Miami-Dade y Hendry, incluidos los municipios de Homestead, Leisure City y Cutler Bay.

“En 2012, Rivera fue atacado públicamente por el entonces canciller venezolano Nicolás Maduro por apoyar a organizaciones venezolanas en el exilio que se oponían al régimen de [el entonces presidente Hugo] Chávez en Venezuela”, según su petición judicial para viajar al extranjero. Chávez murió al año siguiente y fue sustituido por Maduro.

Rivera argumenta en su moción judicial que durante el período de su encausamiento, de febrero de 2017 a diciembre de 2018, continuó e intensificó sus esfuerzos contra el gobierno venezolano.

“Durante el marco de tiempo de la supuesta conspiración, extensos hechos contradicen directamente y destacan la mentira en las alegaciones del gobierno de que Rivera estaba actuando como un agente no registrado del gobierno venezolano”, escribió su abogado en la moción que busca la aprobación para viajar a Venezuela.

Más bien, el abogado de Rivera propuso mostrar ciertas pruebas al juez en su despacho sin fiscales de la Fiscalía Federal presentes. Esto, también, tendrá que ser aprobado por el juez auxiliar.

Ya había solicitado ir a Venezuela

No es la primera vez que Rivera pide a un juez federal de Miami que le permita viajar a Venezuela.

Meses después de ser encausado por no registrarse como agente extranjero, el abogado de Rivera presentó una moción para que se le permitiera ir a Venezuela a visitar a un abogado de Caracas con conexiones políticas que enfrenta cargos de confabulación, corrupción y lavado de dinero en Miami.

El abogado, Raúl Gorrín, que fue encausado en 2018, es más conocido como un magnate de los medios televisivos con conexiones políticas con presidentes venezolanos y tiene importantes inversiones inmobiliarias en el área de Miami, todas las cuales han sido congeladas por las autoridades federales.

Gorrín, considerado “fugitivo” por fiscales en Miami, trabajó tras bastidores asesorando a Rivera mientras este realizaba consultorías para la filial petrolera de Venezuela en Estados Unidos. Pero la petición de Rivera de reunirse con Gorrín, un posible testigo para su defensa, planteó importantes obstáculos legales, por lo que finalmente la desestimó.

En diciembre de 2022, fiscales federales presentaron un encausamiento en el que acusaban a Rivera y a su socia política de Miami-Dade, Esther Nuhfer, de conspirar para cometer delitos contra Estados Unidos, de no registrarse como agentes extranjeros en el marco de su trabajo de consultoría para la filial petrolera de Venezuela, PDV USA, y de lavado de dinero.

Mientras la economía de Venezuela se desplomaba en 2017, la empresa de Rivera, Interamerican Consulting, cobró $20 millones de la filial estadounidense de Venezuela, PDV USA. Documentos judiciales revelan que antes de ser despedido, Rivera desvió más de la mitad de esos ingresos –$13 millones– a tres subcontratistas en Miami que supuestamente prestaban “servicios de consultoría estratégica internacional” para la firma venezolana. Los tres receptores de los ingresos fueron su abogado venezolano, Gorrín; su socia, Nuhfer, y un narcotraficante anteriormente condenado, Hugo Perera.

El pasado diciembre, Rivera fue acusado además en el mismo caso de no declarar cientos de miles de dólares en ingresos, y de desviar parte de ese dinero a través de una cuenta de campaña política para sí mismo.

El encausamiento enmendado acusa a Rivera de tres delitos fiscales, incluida la presentación de una declaración corporativa falsa para su empresa de consultoría en 2017 y el intento de evadir impuestos en su declaración personal al año siguiente.