Retos de los Sistemas Anticorrupción para incluir enfoques en materia de género y diversidad sexual

La corrupción no solo vulnera los derechos humanos, sino que también perpetúa la exclusión social y económica de estas comunidades. Por ejemplo, la falta de reconocimiento y protección de los derechos de las personas de la diversidad sexual limita su acceso a servicios públicos esenciales, como la salud y la educación. Además, la corrupción facilita la impunidad de quienes cometen actos de violencia y discriminación, agravando la situación de vulnerabilidad de estas personas.

Para entender cómo la falta de un funcionamiento óptimo de los Sistemas Anticorrupción en México afecta a poblaciones vulnerables, es importante que dentro de la agenda de anticorrupción tome relevancia el concepto de ciudadanía sexual, el cual plantea la premisa de que un Estado con mayor reconocimiento de las libertades sexuales tiende a generar menos violaciones a derechos humanos y a la construcción de una ciudadanía sexual más amplia, y esto se vincula con cuestiones como la extorsión sexual, las violaciones a derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, sobre todo por las corporaciones de seguridad. 1 La relación entre la ciudadanía sexual y los Sistemas Anticorrupción es crucial. La corrupción afecta desproporcionadamente a las personas cuya ciudadanía sexual no es plenamente reconocida. Cuando los sistemas encargados de prevenir, investigar y sancionar la corrupción no funcionan correctamente, las personas que habitan la diversidad sexual y de género enfrentan mayores barreras para el ejercicio pleno de sus derechos.

Para abordar estos desafíos, es crucial transversalizar el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en las políticas anticorrupción. Esto implica no sólo prevenir y sancionar la corrupción, sino también garantizar que todas las personas, independientemente de su identidad sexual o de género, puedan vivir en condiciones dignas.

Un caso claro que ilustra esta problemática en México es la corrupción e inoperancia existente en múltiples instituciones gubernamentales cuando se presentan transfeminicidios. En México, los transfeminicidios permanecen en gran medida impunes, con pocos casos investigados bajo un protocolo destinado para tal fin y aún menos judicializados y sentenciados. Además, en los 13 códigos penales que incluyen la figura del crimen de odio por ‘preferencia sexual’ no se considera la agravante de la identidad de género. Durante el primer trimestre de 2024, al menos 14 mujeres trans han sido asesinadas y dos murieron en la calle en condiciones de precariedad, según un conteo de activistas trans.

El transfeminicidio de la trabajadora sexual Paola Buenrostro en 2016 y la lucha por justicia liderada por la activista Kenya Cuevas marcaron un hito en la búsqueda de justicia para las mujeres trans en México. No obstante, pocos casos de transfeminicidio resultan en sentencias que reconozcan la identidad de género de la víctima. Activistas denuncian que las autoridades aún no aplican el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, publicado en 2017 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

La impunidad prevalece en México, donde sólo cuatro de cada 100 delitos son investigados, de acuerdo con un estudio de México Evalúa. En 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió la recomendación 02/2019, destacando las violencias sistemáticas que las mujeres trans víctimas de transfeminicidio enfrentan por parte de las instituciones y servidores públicos durante el proceso de acceso a la justicia.

En este contexto, los resultados del análisis del Observatorio Anticorrupción de México revelan áreas de oportunidad significativas en materia de perspectiva de género y diversidad sexo-genérica en las instituciones que componen los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción.

Entre 2018 y 2022 se evaluaron dos variables claves en los 33 Sistemas Anticorrupción mediante solicitudes de información. La primera variable considera los documentos que acrediten la adopción de instrumentos legales internacionales y nacionales, y la existencia o creación de mecanismos institucionales básicos en materia de perspectiva de género y diversidad sexual. La segunda variable evalúa si los Sistemas Estatales y el Sistema Nacional Anticorrupción cuentan con evaluaciones sobre la reducción de la corrupción que afecta a las mujeres, hombres y personas de la diversidad sexual, que además pertenecieran a comunidades indígenas, afrodescendientes y migrantes. A continuación se presentan algunos de los resultados por cada una de las instituciones que conforman los Sistemas Anticorrupción:

Resultados

Secretaría Ejecutiva 

Primera variable:

• Calificación alta: 2 sistemas (Ciudad de México y Nayarit), que representan el 6 % de los sistemas.

• Calificación media: 16 sistemas (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán, y el Sistema Nacional Anticorrupción), es decir, el 48 % de los sistemas.

• Calificación baja: 15 sistemas, lo que representa el 45 % de los sistemas.

Segunda variable:

• Calificación alta: 1 sistema (Nayarit), que representa el 3 % de los sistemas.

• Calificación media: 2 sistemas (San Luis Potosí y Aguascalientes), es decir, el 6 % de los sistemas.

• Calificación baja: 30 sistemas, lo que representa el 91 % de los sistemas.

Comité de Participación Ciudadana

Primera variable:

• Calificación media: 3 sistemas (Guerrero, Jalisco, Sonora), que representan el 9 % de los sistemas.

• Calificación baja: 30 sistemas, es decir, el 91 % de los sistemas.

Segunda variable:

• Calificación baja: 33 sistemas, es decir, el 100 % de los sistemas.

Comisión de Selección

Primera variable:

• Calificación baja: 33 sistemas, es decir, el 100 % de los sistemas.

Segunda variable:

• Calificación baja: 33 sistemas, es decir, el 100 % de los sistemas.

Comité Coordinador

Primera variable:

• Calificación media: 6 sistemas (Campeche, Jalisco, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora), que representan el 18 % de los sistemas.

• Calificación baja: 27 sistemas, es decir, el 82 % de los sistemas.

Segunda variable:

• Calificación alta: 1 sistema (San Luis Potosí, los dos últimos años), que representa el 3 % de los sistemas.

• Calificación media: 1 sistema (Aguascalientes), es decir, el 3 % de los sistemas.

• Calificación baja: 31 sistemas, lo que representa el 94 % de los sistemas.

Fiscalías Anticorrupción

Primera variable:

• Calificación media: 11 sistemas (Aguascalientes, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco), que representan el 33 % de los sistemas.

• Calificación baja: 22 sistemas, es decir, el 67 % de los sistemas.

Segunda variable:

• Calificación media: 3 sistemas (Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí), que representan el 9 % de los sistemas.

• Calificación baja: 30 sistemas, es decir, el 91 % de los sistemas.

Estos resultados evidencian una preocupante falta de cumplimiento en la implementación de mecanismos que aseguren una perspectiva de género y diversidad sexual en los Sistemas Anticorrupción. La escasez de calificaciones altas y la predominancia de calificaciones bajas en ambas variables destacan la necesidad urgente de transversalizar el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en las políticas anticorrupción.

La ineficacia de los Sistemas Anticorrupción, reflejada en la impunidad y la falta de implementación de protocolos adecuados, afecta desproporcionadamente a estas poblaciones. La implementación efectiva de estos sistemas es crucial para adoptar un enfoque integral que incluya la capacitación, la participación ciudadana y la adopción de marcos legales robustos, para que sea posible construir un sistema anticorrupción que garantice la justicia y la igualdad para todas las personas, independientemente de su identidad sexual o de género, el cual es uno de los grandes pendientes no solo en la agenda anticorrupción, sino también en la reforma judicial que está impulsando el actual presidente y su partido.

* Macu Torres es creadore de contenidos en Mexiro, A. C. (@yomexiro).

1 Entrevista realizada por Mexiro A. C. al Dr. Arturo Chapuli, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, 2023.