El retiro sin una red: la difícil situación de los trabajadores agrícolas estadounidenses que envejecen

Esperanza Sánchez pasa ocho horas diarias, de domingo a lunes, encorvada, podando y recogiendo hortalizas de hojas verdes y empaquetándolas en cajas.

Solo hace una pausa si un mareo la hace perder el equilibrio, algo que achaca a la hipertensión, de lo que se enteró el año pasado cuando un fuerte dolor de cabeza la llevó al médico por primera vez desde hace mucho tiempo.

“Me siento cansada”, dijo, sentada en la cocina de su casa móvil después de un día de trabajo. “Quisiera ya no trabajar, pero ¿cómo le hago?”.

A sus 72 años, Sánchez es la persona de mayor edad en su grupo de trabajo en el valle de Coachella en California. Forma parte de las decenas de miles de trabajadores agrícolas que viven sin documentos formales de residencia en Estados Unidos y que llevan décadas trabajando en el país (haciendo el tipo de trabajo sudoroso y agotador que impulsa gran parte de la industria agrícola), pero no tienen derecho a la seguridad social, Medicare u otros tipos de asistencia en la jubilación que les permitirían dejar de trabajar.

Algunos tienen hijos o nietos que los ayudan a mantenerse en la vejez. En California, Oregón y Washington, los trabajadores agrícolas que carecen de un estatus legal permanente tienen derecho a atención médica y horas extraordinarias. Pero la mayoría de los estados no les ofrecen ninguna prestación.

Durante décadas, el retiro no fue un problema: los trabajadores agrícolas cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos de manera ilegal para la cosecha y luego regresaban a su lugar de residencia hasta que era tiempo de comenzar de nuevo la siguiente temporada. Pero este tipo de migración circular se hizo cada vez más arriesgada y costosa, a medida que, uno tras otro a partir de la década de 1990, los presidentes de Estados Unidos erigieron barreras y desplegaron tecnología y agentes a lo largo de la frontera para frenar los cruces ilegales.

En ese momento, muchos trabajadores del campo cruzaron la frontera y se quedaron para siempre, envejeciendo con cada cosecha.

En entrevistas a lo largo del año pasado, en California, Oregón, Georgia y Florida, los trabajadores afirmaron que no tenían ningún plan de jubilación ni idea de cómo vivirían si dejaran de trabajar.

En casi todos los casos, habían pagado y presentado sus declaraciones del impuesto sobre la renta. Algunos expresaron su preocupación por la posibilidad de pagar la atención médica a medida que envejezcan; décadas de exposición a pesticidas, calor extremo y trabajo físico agotador habían hecho mella en algunos trabajadores.

El Departamento de Agricultura calcula que más del 40 por ciento de los trabajadores agrícolas del país no tienen un estatus migratorio legal en este momento. Los productores agrícolas afirman que, de manera sistemática, recurren a la contratación de trabajadores sin permiso legal de trabajo porque no encuentran estadounidenses dispuestos a realizar un trabajo tan agotador. Pero los bajos salarios, que según los líderes de la industria agrícola son necesarios para mantener la competitividad de los productos cultivados en Estados Unidos, son otro factor. En 2020, los trabajadores agrícolas ganaban un promedio de 14,62 dólares la hora, según el Economic Policy Institute, y algunos incluso menos.

El gobierno ha probado con soluciones como el programa de visas H-2A para traer trabajadores agrícolas estacionales al país. Pero esos trabajadores, que suelen volver año tras año, tampoco tienen derecho a prestaciones de jubilación. En algunos casos, los trabajadores del campo que entraron ilegalmente y sus empleadores han pagado el Seguro Social y otros impuestos federales durante décadas.

Según el censo, la edad promedio de los trabajadores del campo nacidos en el extranjero es ahora de 41 años, una cifra que ha aumentado en los últimos años con la disminución de nuevos inmigrantes jóvenes dispuestos a trabajar en el campo.

La mitad de los trabajadores agrícolas entrevistados para la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas, publicada el año pasado por el Departamento de Trabajo, llevaban entre 11 y 30 años trabajando en el campo y casi 1 de cada 5 lo había hecho durante más de tres décadas.

Ganaban un promedio de 20.000 dólares al año.

En otra parte del valle de Coachella, Margarito Rojas lleva décadas trabajando, desde que empezó a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos para ayudar a cultivar los dátiles, los pimientos y los limones que crecen tan solo a media hora en auto del glamuroso oasis desértico de Palm Springs.

“Pasaba seis meses al año trabajando y luego regresaba”, recordó Rojas.

Pero sus años de migración estacional terminaron cuando el gobierno estadounidense erigió barreras a lo largo de la frontera de California; contratar contrabandistas para que le ayudaran a pasar cada año era peligroso y caro. En 2006, vino y se quedó, a fin de enviar dinero y mantener a los siete hijos que dejó en su país.

Trabajando bajo un sol cegador, un día conoció a Teresa Flores, otra trabajadora agrícola mexicana, con la que comparte desde hace años una ordenada, aunque destartalada, casa rodante de una habitación.

En California, gracias a una ley nueva, la pareja tiene derecho a atención médica, a pesar de su situación ilegal. También tuvieron derecho a un pago único de 600 dólares del gobierno federal por trabajar durante la pandemia.

Pero nunca recibieron el pago: en una visita a la ciudad, pasaron delante de una organización sin fines de lucro, Todec, donde una pancarta anunciaba que se estaban repartiendo los cheques. Flores, que ahora tiene 66 años, no sabe leer, y a Rojas le cuesta mucho trabajo hacerlo. Pasaron de largo.

Se van a dormir a las 8 de la noche y se levantan antes de que salga el sol. Tras desayunar un café y una concha, un pan dulce mexicano en forma de concha marina, se dirigen a los campos de pimientos, donde ganan 15,50 dólares la hora.

“Somos viejos y de todos modos, trabajamos”, comentó Rojas con una sonrisa desdentada. “Los supervisores conocen nuestro trabajo”.

“Los jóvenes no siempre llegan o se la pasan viendo su teléfono celular”, dijo Flores en voz baja, como si estuviera revelando un secreto travieso.

Tenían una preocupación: después de que California promulgara el año pasado una ley que exige el pago de horas extras a los trabajadores agrícolas, sus jefes comenzaron a restringir las horas de la pareja, dijo Rojas. “Era mejor cuando podíamos trabajar más de 40 horas a la semana”, comentó.

Cuando Juana Castro llegó a la Georgia rural en la década de 1990, había pocos migrantes y mucho trabajo: en los campos de coles, pepinos y melones, así como en las plantaciones de nueces y cacahuates.

La comunidad mexicana de la esquina sureste de Georgia creció con rapidez y Castro, ya en la tercera edad, estaba muy solicitada. También ofrecía servicios curativos a los trabajadores migrantes que carecían de seguro médico: masajes y bendiciones.

“De lunes a viernes, trabajo en el campo; sábado y domingo, curo”, dijo Castro, ahora de 80 años.

Los ingresos adicionales resultaron muy útiles después de que Castro se resbaló de una escalera mientras colgaba las luces de Navidad afuera de su casa el año pasado. La atención médica, que incluyó radiografías y un yeso para una fractura de muñeca, le costó unos 3000 dólares.

Meses antes se había enfermado de gravedad: fiebre, escalofríos, vómitos y diarrea. Un médico le diagnosticó una infección renal, le recetó medicamentos y, en pocos días, volvió a los campos.

Todavía puede llenar 40 cubetas de moras azules al día, con lo que gana unos 120 dólares.

“No puedes parar, porque tienes que pagar tusbilles”, dijo Castro, usando una mezcla de español e inglés de la palabra “bills”, facturas en español.

Nunca ha dejado de trabajar, pero ha construido una vida, dijo, y entre sus nietos hay estudiantes de medicina e ingeniería.

“En el banco tengo lo suficiente para pagar mi funeral”, dijo, 10.000 dólares, para ser exactos. “Creo que estaré en el campo hasta el día que me muera”.

c.2023 The New York Times Company