Otro reo muere en el problemático sistema penitenciario de Miami-Dade. Sufrió una sobredosis de fentanilo

Un recluso de la cárcel de Miami-Dade que fue encontrado inconsciente en su celda el mes pasado murió de una sobredosis de fentanilo, convirtiéndose en la más reciente de varias muertes de reclusos que han alarmado al tribunal federal que supervisa al problemático sistema penitenciario.

Rodney Latzzis es el decimotercer recluso que muere este año bajo la custodia del sistema penitenciario de Miami-Dade, que lleva casi una década bajo la supervisión de un tribunal federal debido a preocupaciones por la inadecuada atención médica y las deficientes condiciones de los reclusos.

La Oficina del Médico Forense de Miami-Dade determinó ahora que el recluso murió de una sobredosis de fentanilo, una muerte que vuelve a plantear preguntas sobre el persistente problema del contrabando de drogas en las tres cárceles del condado. Fue encontrado inconsciente el 22 de septiembre dentro de su celda individual en una clínica dentro del Centro de Detención Previa al Juicio, la deteriorada cárcel frente al juzgado penal.

“Si el Departamento de Prisiones no puede proteger a un recluso de la ingestión de una cantidad abrumadora de fentanilo que le provoque la muerte, entonces tal vez más reclusos deberían recibir fianzas más bajas o control por GPS”, dijo su abogado defensor, Andrew Rier. “Con la cantidad de muertes que han ocurrido en las cárceles este año, tiene que haber una reevaluación seria de la seguridad de los reclusos”.

La Policía de Miami-Dade está investigando cómo consiguió Latziss la droga. El Departamento de Prisiones dijo que está adoptando medidas para frenar la introducción de drogas en las cárceles, incluyendo el aumento de los registros en las cárceles y el escaneo del correo —que a veces puede ser usado para el contrabando de narcóticos—, así como la impresión de copias de las cartas a los reclusos.

En un comunicado, el Departamento de Prisiones de Miami-Dade dijo que “está muy entristecido por este incidente y extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia Latziss”.

“Además de la investigación de las fuerzas del orden, el MDCR llevará a cabo una revisión completa de los protocolos, las políticas y los procedimientos que pueden haber contribuido a este trágico incidente, mientras buscamos todas las estrategias posibles que puedan combatir el movimiento de narcóticos en nuestras instalaciones”, dice el comunicado.

Se trata de la primera muerte por sobredosis de un recluso este año en las cárceles del condado. Otras cuatro fueron suicidios. Otra fue un homicidio. El resto murieron por causas naturales, según los servicios penitenciarios.

Un problema persistente

El fentanilo y sus variantes sintéticas —que pueden ser hasta 50 veces más potentes que la heroína— han causado estragos en las comunidades de la Florida en los últimos años. Las cárceles y las prisiones tampoco han escapado a la crisis.

Hace cinco años, dos reclusos de la cárcel de Miami-Dade, Jesús Perdomo y Juan Salgado, se desplomaron y murieron dentro del Centro de Detención Previa al Juicio de Miami-Dade, por una sobredosis de fentanilo. Otros dos reclusos fueron hospitalizados pero sobrevivieron.

Dos reclusos, Nathaniel Vargas y Carlos Martínez, fueron acusados más tarde de homicidio en virtud de una ley de la Florida recientemente aprobada que facilita a los fiscales acusar de homicidio a los proveedores de la droga. Ambos hombres siguen a la espera de juicio.

En respuesta, el Departamento de Prisiones instaló escáneres corporales de alta tecnología para revisar a los reclusos sospechosos de esconder contrabando en el cuerpos. Los escáneres, por ley, no pueden usarse con los guardias de prisiones. Ese año, un veterano guardia de Miami-Dade fue arrestado y posteriormente condenado por recibir pagos ilegales para introducir al menos un teléfono y comida en el Centro de Detención Metro West.

Se sigue investigando cómo Latzzis recibió el fentanilo. En dos ocasiones a principios de este año, un juez de Miami-Dade firmó órdenes recomendando que Latzzis, quien estaba en silla de ruedas, se mantuviera separado de otros reclusos por temor a que fuera atacado por otros. Pero, por ley, los jueces no pueden ordenar a las cárceles que alojen a los reclusos en determinadas instalaciones o alas.

Latzzis, de 34 años, estaba a la espera de juicio por un caso de tráfico de personas. Había permanecido en la población general del Centro de Detención Previa al Juicio, pero fue trasladado a la clínica tras caer enfermo.

La racha de muertes de este año fue objeto de críticas mordaces por parte de una supervisora designada por el gobierno federal que ha estado supervisando los esfuerzos de reforma de las cárceles.

En 2011, el Departamento de Justicia federal concluyó una investigación de tres años en la que afirmaba que el octavo sistema penitenciario del país incurría en un “patrón y práctica de infracción constitucional” de los derechos de los reclusos alojados en condiciones de vida deplorables y con una atención abusiva, inadecuada o limitada. Dos años después, el departamento fue sometido a un “decreto de consentimiento” federal, un plan impuesto al sistema penitenciario para mejorar las condiciones.

Pero el cambio ha sido frustrantemente lento y los reclusos siguen muriendo a un ritmo mayor que en otros grandes sistemas penitenciarios, según escribió Susan McCampbell, la supervisora del caso de derechos civiles del DOJ contra el condado, a un juez federal en agosto.

“El daño continuo a los reclusos se debe a que el condado no ha actuado de forma competente, después de todos estos años. Esto es más que una preocupación; es alarmante”, escribió.

En los últimos meses, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha modificado en varias ocasiones a los funcionarios superiores del departamento, que supervisa a más de 4,000 reclusos tras las rejas en un día determinado. Recientemente, nombró a un jefe de policía retirado de Idaho, Gary Raney, para llevar a cabo las reformas.

“Estamos en modalidad de reforma”, dijo Levine Cava a la jueza Beth Bloom en una audiencia celebrada el 12 de octubre.

El reporte más reciente de la supervisora no aborda el contrabando en las cárceles.

El departamento indicó en su declaración que “el fentanilo es extremadamente difícil de detectar y, como resultado, plantea importantes retos para los sistemas penitenciarios de todo el país”.

Además de escanear el correo, el departamento dijo que está considerando una versión del programa “Crime Stoppers”, que permitiría al personal y a los reclusos enviar anónimamente pistas para frenar el contrabando en las cárceles. “Y estamos trabajando para poner en marcha una programación positiva adicional que incluya la capacitación laboral y otras oportunidades para los reclusos”, dice el comunicado.