Cómo la renovación del antiguo edificio de inmigración de Miami se convirtió en un desastre épico

El edificio está vacío y esquelético, un gigante con vistas a Biscayne Boulevard y la 79 Street.

Pero la antigua torre del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), en 7880 de Biscayne Blvd., fue antaño un bullicioso enjambre de actividad, con largas filas, muy acorde con el papel de Miami como centro internacional de migración y viajes al extranjero.

Desde hace 15 años, incluso cuando el vecino Biscayne Boulevard se transformó de un tramo de tiendas de conveniencia monótonas y moteles arruinados, en boutiques y restaurantes de moda, la estructura se ha mantenido como una lápida sombría —incluso fue etiquetada con un aviso de estructura insegura en 2021— a pesar de los planes para un renacimiento brillante.

Hasta la fecha, esos planes han resultado en un fracaso épico, con decenas de millones de dólares perdidos en un juego de topo en el que participan una serie de opacas sociedades de responsabilidad limitada. Este presunto juego de manos financiero ha dado lugar a demandas, incluida una presentada el mes pasado, en las que se alega fraude y engaño. Enredadas en esta saga están las esperanzas de los inversores chinos con el sueño de venir a Estados Unidos con sus familias y las frustraciones del pueblo de El Portal, situado a unas manzanas al norte de la estructura vacía.

La historia que se desprende de los documentos judiciales es la de una estafa financiera a gran escala, que implica algo llamado visado EB-5.

Las mejores intenciones

Todo empezó con las mejores intenciones, al menos entre los que pusieron el dinero. Chun “Peter” Liu era uno de ellos. En busca de una vida y una educación mejores para su hijo, quien entonces tenía 12 años, Liu asistió a una convención en la ciudad de Guangzhou, en su China natal.

Allí escuchó una propuesta para invertir en un proyecto a medio mundo de distancia, un plan para renovar un edificio de Miami que había caído en decadencia. El edificio tenía una historia interesante incluso antes de servir como sede de INS. Inicialmente, fue la sede de la desaparecida Gulf American Land Corp., tristemente célebre por vender tierras pantanosas de la Florida a los norteños. Coronado por aletas de hormigón, contaba con una “cremallera” de noticias al estilo Times Square.

Durante su apogeo como centro de inmigración, el edificio era escenario de largas filas y frecuentes manifestaciones en las que se ondeaban banderas. Cuando cerró en 2008, nadie pensó que sería un recipiente vacío durante la siguiente década y media.

Era lógico que el dinero destinado a remodelar la estructura estuviera relacionado con la inmigración.

A cambio de poner $500,000, Liu y su familia podrían solicitar la tarjeta verde —permiso para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos— a través de un visado de inversor EB-5, siempre que se demostrara que su dinero creaba 10 puestos de trabajo permanentes. El proyecto, denominado Triton Center, sería una mezcla de habitaciones de hotel, apartamentos y locales comerciales en la planta baja.

Las representaciones artísticas eran impresionantes.

Liu no solo aportó los $500,000, sino también otros $50,000 para gastos administrativos, hipotecando su casa para reunir el dinero. Fue uno de los 100 inversores que se comprometieron a hacer lo mismo.

Se suponía que Triton Center estaría terminado en 2021, pero la idea nunca llegó a despegar.

“Las obras llevan un tiempo paralizadas”, dijo Asael Marrero, director de construcción de la ciudad de Miami. Marrero también confirmó que el permiso para hacer las obras de cimentación nunca se terminó y que el permiso maestro nunca fue retirado por los propietarios.

Liu, uno de los pocos inversores en obtener el permiso para venir a los Estados Unidos hasta ahora, demandó en octubre de 2020, nombrando al brazo de financiación del proyecto, algo llamado Florida Immigration Building Funding LLC, junto con su entonces gerente, Wai Kin “Benny” Lam.

El caso recayó en el juez del Tribunal de Circuito Michael Hanzman, más tarde conocido por su gestión del complejo litigio por el derrumbe del edificio de Surfside. Al igual que en el caso Surfside, Hanzman nombró a un administrador judicial llamado Michael Goldberg.

Goldberg presentó entonces una demanda complementaria, alegando que dos hombres, Lam y Fu Jing “Leo” Wu, trabajaron en concierto para diseñar un elaborado fraude, desviando millones del proyecto a empresas fantasma en el extranjero con nombres como Procam Overseas Co. ($2,694,790), East Coast Travel ($3,361,750), Canadian Education Capital ($1,106,860) y Great China Group ($1,000,000). Esas corporaciones no tenían nada que ver con el edificio de INS, dijo. De acuerdo con la petición legal de Goldberg, otros $700,000 fueron desviados a Lam y $8,871,320 fueron a parar a otra empresa controlada por Wu.

De acuerdo con los documentos judiciales presentados por Goldberg, Benny Lam era una especie de testaferro y Wu tenía el poder real.

¿Quién es Wu? De acuerdo con los registros corporativos de la Florida, es funcionario o agente registrado de 11 empresas de la Florida. Al menos cuatro están vinculadas al proyecto Triton, todas ellas ahora inactivas. Conforme a los registros judiciales, una quinta empresa, Wealthy Delight LLC, desempeñó un papel importante en el desvío de dinero destinado al proyecto Triton.

El desvío supuestamente funcionó así: el parque de caravanas Little Farm era una instalación en la cercana localidad de El Portal, en un terreno encajonado entre Biscayne Boulevard y las vías de FEC al oeste. Enclavado en una comunidad de viviendas unifamiliares que había visto subir el valor de la propiedad, Little Farm era una anomalía, un parque de caravanas que había visto días mejores. Fue adquirida en octubre de 2014 por una misteriosa entidad por $13,580,000. Esa misteriosa entidad era Wealthy Delight, la firma dirigida por Leo Wu. Wealthy Delight no iba a explotar un parque de caravanas de El Portal durante mucho tiempo.

Años después de que el último habitante fuera expulsado, el terreno permanece inactivo y lleno de maleza, para gran decepción de los líderes políticos de El Portal, que esperaban ver la propiedad urbanizada y siendo generadora de impuestos.

El abogado de Tritón se opone

Trasladar el dinero de Triton Center a Little Farm fue demasiado para el abogado del proyecto Triton, David J. Hart.

De acuerdo con los registros judiciales, Hart le “exigió” a Wu y Lam que repusieran los fondos o dejaría de representar al proyecto y “avisaría a los inversores y a USCIS de este fraude e incumplimiento del deber fiduciario”.

Wu y Lam respondieron agresivamente, enviando una carta a los inversores ausentes en la que decían que Hart mentía.

Al final, los más de $13.5 millones del dinero de Triton se quedaron en donde estaban: invertidos en Little Farm. Hart, quien no pudo ser localizado para hacer comentarios, dejó de representar a Triton.

Los ambiciosos planes de desarrollo que se disuelven en la acritud y el litigio no son nada nuevo en Miami-Dade y los inversores pueden perder dinero, que de hecho lo pierden. Lo inusual de estos proyectos es que los que quedaron en la estacada eran peones impotentes, la mayoría atrapados en China, con perspectivas cada vez menores de venir a Estados Unidos.

Su mejor esperanza era Goldberg, famoso en el campo de la administración judicial. Se convirtió en el administrador de ambas propiedades, las parcelas de 79 St. y los terrenos de Little Farm, con la esperanza de recuperar el dinero de los inversores a través de una venta.

Ni Wu ni Lam quisieron hacer comentarios al respecto. Aunque enredados en complejos litigios judiciales, ninguno de los dos se enfrenta a ningún tipo de acusación penal.

El programa EB-5

Los visados EB-5 son una forma de animar a los extranjeros con dinero a invertir en Estados Unidos. El programa fue creado en 1990 por el Congreso como forma de estimular la economía estadounidense. El sur de Florida ha tenido su ración de historias de éxito EB-5. Entre ellas, Panorama Tower en Brickell y Tap 42 Craft Kitchen and Bar.

Pero las inversiones EB-5 han demostrado ser susceptibles al fraude. Un hombre de Key Biscayne desempeñó un papel fundamental en uno de esos fraudes. Ariel Quirós fue acusado de apropiarse indebidamente de decenas de millones en fondos de inversores destinados inicialmente a construir una planta de biotecnología en Vermont. De acuerdo con la fiscalía, el dinero acabó, al menos en parte, en los bolsillos de Quirós. El dinero destinado a la planta biotecnológica en una de las zonas más pobres de Nueva Inglaterra también se redirigió a la construcción de un rocódromo, casitas de golf y otras mejoras en Jay’s Peak, una estación de esquí cercana a la frontera canadiense.

Calificado de ser el “cerebro” del mayor fraude de la historia de Vermont, Quirós fue juzgado, condenado y actualmente cumple una pena de cinco años de prisión.

El programa EB-5 ha evolucionado a lo largo de los años, en un intento de hacerlo más resistente al fraude, pero también se ha encarecido: la inversión mínima para que los extranjeros puedan optar a una tarjeta verde es ahora de $900,000.

El 1% de nada

Por haber invertido $500,000 (más $50,000 en imprevistos) en el proyecto, Liu obtuvo un 1% de participación en el mismo.

Le dijeron que iba a ser un “gran edificio” con un “futuro brillante”.

Al menos los planes eran grandes y brillantes. En 2015, ya se habían contratado los servicios de la empresa de diseño ADD Inc. La empresa fue absorbida posteriormente por otra, Stantec.

Ben Carter, responsable de relaciones públicas de Stantec, le dijo a Herald que la empresa cumplió con su parte, “completó el 100% de los documentos, presentó el permiso a la ciudad y atendió los comentarios de esta”; sin embargo, el progreso terminó ahí y los permisos acabaron caducando.

Como uno de los pocos inversores que recibieron permiso para venir a Estados Unidos, Liu tuvo suerte, pero otros se quedaron atrapados en China, en donde la espera para que a los inversores se les expidan sus visados EB-5 en caso de éxito del proyecto ha pasado de tres años a aproximadamente 10, pero incluso Liu se sentía vulnerable, temeroso de que le anularan la residencia.

Pidió ver los libros de Triton, de acuerdo con las actas judiciales y el testimonio de Liu, pero se topó con un muro. Quería ponerse en contacto con otros inversores, pero era incapaz de determinar quiénes podían ser. Tenía la sensación de que se le estaba ocultando información deliberadamente.

Lo único que existía de Triton Center era su portal digital, adornada con impresionantes imágenes. Entonces, como ahora, había una dirección de correo electrónico, un número de teléfono —desconectado desde entonces— y una dirección física en la sección “Contacto”; también ofrecía renders, un calendario desfasado para la finalización del proyecto y un surtido de “eventos” que incluía fotos de Wu, quien vive en Canadá, reunido con asesores.

Liu quería saber a dónde había ido a parar el dinero.

“Me sentí tan desamparado como nuevo inmigrante”, dijo Liu. “Teníamos la fuerte sensación de que algo iba mal”.

A los tribunales

Así que Liu presentó una demanda. La demanda presentada en octubre de 2020 pedía una indemnización por daños y perjuicios y una orden judicial para que Lam dejara de hacer negocios en nombre de la empresa; también exigía acceso a los libros de la empresa y a importantes documentos de inmigración a los que no había tenido acceso.

La animadversión perduró durante el pleito y la empresa envió informes al juzgado desde China, cuestionando el carácter de Liu y la validez de sus declaraciones, de acuerdo con Liu, su abogado y documentos judiciales.

Mientras tanto, el juez Hanzman tenía problemas para conseguir que Lam cooperara. Amenazó con declarar a Lam en desacato, de acuerdo con lo que consta en los registros judiciales.

Fue entonces cuando Hanzman trajo en Goldberg como administrador judicial.

“Hay motivos fundados para creer que se producirá un daño inmediato e irreparable como consecuencia de las continuas violaciones por parte de Benny Lam de sus obligaciones fiduciarias para con la empresa y sus miembros, a menos que los demandados sean restringidos y prohibidos por orden de este tribunal”, escribió entonces Hanzman, quien dimitió de su cargo la semana pasada para volver a la práctica privada.

En un debate en WeChat, una plataforma china de redes sociales, Lam intentó en vano que se rescindiera la administración judicial. Dijo que no era lo mejor para los inversores y argumentó que pondría en peligro el dinero y el estatus migratorio de los inversores.

Algunos de esos inversores firmaron una petición para que se destituyera a Goldberg y se restituyera a Lam. El intento fracasó. Al final, Goldberg consiguió que Lam proporcionara más de 2,000 páginas de documentos y respondiera a las preguntas de Goldberg durante una conferencia de Zoom, de acuerdo con los registros judiciales.

En una presentación judicial, Goldberg concluyó que “Prácticamente todas las acciones de Wu y Lam en relación con la propiedad de Triton Center se hicieron con la intención de defraudar y participaron activamente en un patrón de ocultación de su fraude”.

Liu y Wu llegarían finalmente a un acuerdo por el que Goldberg se haría con la propiedad de los dos inmuebles, los vendería y usaría ese dinero para pagar las hipotecas de los terrenos y devolver al menos parte de lo que se debía a los inversores. Wu también recuperaría algo de dinero, en función del porcentaje que los inversores obtuvieran de su apuesta original de $500,000, hasta un máximo de $5 millones.

“Si las víctimas obtienen el 80%, él solo obtendrá el 80%”, le dijo Goldberg al Herald.

Demanda colectiva

El mes pasado, cayó otra bomba legal: el abogado de Liu, Alexis Read, presentó una segunda demanda, esta vez una demanda colectiva en nombre de todos los inversores, nombrando a Wu y Lam y a varias entidades corporativas.

Al igual que la demanda presentada por Goldberg, alega fraude y engaño por parte de Wu y Lam.

El objetivo de esta demanda, de acuerdo con Read, es confiscar los $5 millones que Wu espera ganar con la venta de las propiedades INS y Little Farm y distribuir esa cantidad entre los inversores.

Aunque las demandas están salpicadas de palabras como “fraude”, no hay indicios de que se vaya a iniciar una investigación penal. Cuando se le preguntó si la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) estaba investigando, un portavoz dijo que la comisión nunca comenta la existencia o inexistencia de una posible investigación.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) no respondió a las preguntas de un periodista sobre la demanda.

El poder de uno

De los 100 inversores originales, Liu fue el único dispuesto a demandar en un principio, aunque otros se han unido a la demanda colectiva. La mayoría de los demás, dijo, siguen en China y tienen miedo de hablar.

Dijo que esos temores fueron alimentados por Lam, que publicó mensajes en WeChat sugiriendo que las acciones de Liu, y no las de Lam y Wu, podrían torpedear sus esperanzas de llegar a Estados Unidos y que se rindiera cuentas de su dinero.

“A la gente le preocupaba que [Liu] pusiera en peligro el proyecto, cuando en realidad solo lo estaba exponiendo”, dijo Read.

Goldberg se reunió virtualmente con los inversores para explicarles el acuerdo que había ayudado a promover y los pasos siguientes. Dijo que algunos de ellos no tenían ni idea de lo que había estado ocurriendo.

“Pensaban que iban a venir a vivir el sueño americano y yo vengo y les digo que esto no era como pensaban, que su inmigración probablemente no se va a producir... y, además, tenemos que salir a buscar su dinero, porque su dinero no está en donde se supone que debería estar”, dijo respecto a la “triste” conversación que mantuvo con los inversores.

En los casos EB-5, dijo, es habitual que los inversores que aún no están en Estados Unidos se queden fuera.

“Tienes este cuerpo de inversores que es naturalmente tranquilo y se quedan a un lado. Es casi como si tuvieran vía libre para hacer lo que quieran, porque la amenaza es que no van a conseguir su estatus migratorio”.

“Es muy triste, porque estoy tratando con la vida de las personas. No se trata solo de una inversión de $500,000: su vida está desarraigada 180 grados y sus hijos, al igual que lo que pensaba que estaba haciendo en beneficio de su familia, se ven afectados”, dijo.

Antes, la ley exigía un vínculo directo entre el dinero del inversor y los 10 puestos de trabajo creados por ese dinero, es decir, si un edificio financiado por inversores en busca de EB-5 se quemaba durante la construcción, el dinero del seguro no podía usarse para cumplir el requisito de los puestos de trabajo. El proceso tendría que empezar de nuevo con otro compromiso financiero.

En el caso Jay’s Peak, en el que también estaba implicado Goldberg, solo los inversores que ya tenían la residencia condicional podían reinvertir su dinero.

Ahora, gracias a que el Congreso modificó la ley hace aproximadamente un año, cuando un proyecto EB-5 se tuerce, como es el caso del edificio de INS, los inversores pueden recuperar el dinero, reinvertirlo en otro proyecto y mantener su puesto en la fila. Goldberg ayudó a introducir y adoptar ese cambio en 2016, cuando fue nombrado administrador judicial de Jay’s Peak.

Los inversores de Triton Center aún tienen un largo camino por delante.

Y hay otro posible escollo: el aumento a $900,000 de la inversión mínima para optar a un visado EB-5. Goldberg argumenta que los inversores de Triton actuaron de buena fe y deberían estar amparados por la cantidad original, pero ahora obsoleta, de $500,000.

Goldberg contrató a un abogado de inmigración de renombre nacional que ayudó a redactar la ley EB-5 original para que trabaje en nombre de los inversores.

“Va a ser una lucha”, dijo Goldberg, “pero al menos tenemos un camino”.

En cuanto al edificio de Biscayne y 79 St., todo esto podría eliminar un impedimento para su reurbanización, pero, al parecer, seguirá siendo un adefesio en el futuro inmediato.

Joey Flechas, redactor de Miami Herald, contribuyó a este artículo.