Esta es la relación entre un caso de pesca y un prolongado plan para limitar la regulación de las empresas

WASHINGTON — La Corte Suprema oyó el miércoles argumentos relacionados con un conjunto de casos que podrían allanar el camino para que su supermayoría conservadora socave la forma en que la sociedad estadounidense les impone normas a las empresas, lo que significaría un gran avance en una meta clave del movimiento legal conservador.

Un fallo en este sentido facilitaría la impugnación de normas en un enorme rango de temas, como mantener limpios el aire y el agua y garantizar que los alimentos, medicamentos, automóviles y productos de consumo sean seguros, entre otros.

Se espera que el tribunal dé a conocer su fallo a finales de este periodo, probablemente en junio. Pero se desconoce cuál será su alcance… o sus consecuencias. A continuación, presentamos un análisis más detallado:

¿Cuál es el tema de debate?

Los demandantes en el caso respectivo le han pedido a la Corte Suprema que anule un importante precedente de 1984 establecido en el caso Chevron contra Natural Resources Defense Council. Esa decisión estableció un marco que los jueces federales (en especial los de tribunales de distrito y de apelaciones) han aplicado durante décadas para resolver un sinnúmero de impugnaciones legales a las normas.

Si a alguien no le gusta una norma en particular, puede basarse en el argumento de que las acciones de la agencia respectiva van más allá de las atribuciones que le concedió el Congreso para promover un juicio. Según el precedente establecido en Chevron, si parte de la legislación escrita por el Congreso para asignarle facultades a una agencia regulatoria es ambigua, pero la interpretación de esa agencia es razonable, los jueces deben dejar el asunto a consideración de esta.

En los casos presentados el miércoles, la pretensión de los propietarios de algunos buques pesqueros comerciales es que se declare nulo un reglamento emitido por el Servicio Nacional de Pesca Marina. Este estipula que los pescadores comerciales deben cubrir el costo de monitores para la prevención de la sobrepesca. Un tribunal de apelaciones ratificó la norma con base en la metodología Chevron; ahora, los demandantes le han pedido a la Corte Suprema no solo que revoque esa decisión, sino que anule la doctrina Chevron.

¿Por qué es importante el caso?

Aunque definir quién debe cubrir el costo de los monitores pesqueros afecta solo a unos cuantos pescadores comerciales, el principio establecido por el caso podría influir profundamente en la forma en que el gobierno les impone normas a distintas empresas.

Los críticos de Chevron afirman que el enfoque les da demasiada autoridad a las agencias del poder ejecutivo y los tribunales abdican su potestad para interpretar la ley. Quienes apoyan este precedente argumentan que, de no existir ese filtro, los tribunales terminarían ejerciendo un control excesivo sobre cuestiones demasiado técnicas y los jueces no cuentan con los conocimientos técnicos necesarios para resolverlas.

“Si desaparece Chevron”, explicó Jody Freeman, profesora de Derecho de la Universidad de Harvard especializada en derecho administrativo y ambiental, podría crearse una situación en que “los jueces intervengan con total libertad en los detalles de todo lo que hacen las agencias” y “abriría las puertas para que los abogados de distintos grupos de interés intenten amarrar a las agencias en nudos legales”.

Cabe destacar que los abogados que representan a los demandantes de las empresas de pesca comercial en el caso del miércoles cuentan con el respaldo del multimillonario de la industria petroquímica Charles Koch. Tanto él como su hermano, David Koch, que falleció en 2019, han contribuido financieramente desde hace décadas a causas conservadoras de ideología libertaria.

¿Cuáles podrían ser los resultados de este caso?

La percepción generalizada es que el bloque conservador de la Corte Suprema que tiene el control aceptó el caso con la intención de limitar la aplicación de Chevron. Pero no se sabe a ciencia cierta cuán lejos irá el tribunal, cuáles serían las consecuencias ni qué normas podrían sufrir cambios drásticos, pues los magistrados podrían adoptar muchas posturas distintas.

Del lado moderado del espectro, el tribunal podría sencillamente reducir el alcance de Chevron. Por ejemplo, podría resolver que una agencia no cuenta con libertad para interpretar normas ambiguas a menos que el Congreso indique que le otorgó específicamente esa atribución a la agencia (por ejemplo, si una norma establece que la agencia debe adoptar un enfoque “razonable” para cumplir su misión).

Del lado extremo del espectro, el tribunal podría anular por completo el fallo de Chevron y prohibirles a los jueces que dejen a consideración de una agencia la interpretación de sus normas en cualquier circunstancia.

¿Cómo podría afectar el caso a las protecciones ambientales?

La anulación de la doctrina Chevron podría poner en peligro decenas de reglamentos ambientales actuales sobre la contaminación química, del aire y del agua, además de que podría debilitar profundamente la autoridad del gobierno federal para imponer nuevos reglamentos con el propósito de limitar el cambio climático y prohibir el uso de asbesto y otras toxinas, indicaron algunos expertos en legislación ambiental.

Esa sería una victoria tremenda para los cabilderos de la industria de combustibles fósiles y otros grupos de la industria que han ideado distintas estrategias para limitar las facultades de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) para regular la contaminación conforme a las leyes que la instruyen, cuando prepara nuevas reglas, a exigirles a las industrias que utilicen las “mejores tecnologías disponibles” para reducir la contaminación.

La EPA está preparando un par de normas importantes en el tema del cambio climático aplicables a automóviles y plantas eléctricas cuyo anuncio se espera esta primavera. Puesto que la agencia federal, y no la legislación, especifica las tecnologías que deben emplearse, “ahora estas normas sin duda serán blanco de demandas que podrían tener más fundamento si se anula Chevron”, explicó Michael B. Gerrard, director del Centro Sabin de Derecho sobre Cambio Climático de la Universidad de Columbia.

De cualquier manera, señaló: “Nada se anularía de manera automática. Sin embargo, una resolución así pondría una nueva flecha muy grande en la aljaba de los abogados que intentan oponer resistencia a la legislación ambiental”.

¿Qué pasaría con los casos ya decididos?

Una inquietud derivada de los argumentos del miércoles es qué consecuencias tendría un fallo a favor de limitar la aplicación de la doctrina Chevron, o incluso anularla, para casos decididos en el pasado con base en ella.

Aunque la Corte Suprema solo ha invocado la doctrina Chevron en contados casos, otros tribunales inferiores han utilizado la metodología de Chevron miles de veces para ratificar reglamentos con base en que la perspectiva de las agencias sobre normas ambiguas era razonable.

Uno de los abogados de los demandantes, Roman Martinez, les dijo a los magistrados el miércoles que no cree que anular Chevron sea especialmente disruptivo debido al principio judicial que estipula que es imposible volver a oír cuestiones legales ya resueltas. Pero la procuradora general Elizabeth Prelogar les advirtió a los magistrados que podría presentarse una situación de “litigios interminables”.

“Aparecerían de la nada litigantes interesados en abrir esas decisiones porque, en su opinión, en realidad no abordaron lo que ahora dicen que es la cuestión relevante”, predijo.

¿Qué relación tiene con el movimiento legal conservador?

La supermayoría conservadora de la Corte Suprema ha socavado la autoridad del Estado administrativo, que se forjó como parte del New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt. Es la principal manera en que la sociedad estadounidense moderna les impone normas a las empresas: el Congreso crea agencias en las que trabajan expertos técnicos con el propósito de estudiar distintos tipos de problemas y los faculta para emitir reglamentos de aplicación obligatoria.

El objetivo de esos reglamentos es ayudar a la sociedad en general, pero puede afectar las utilidades de propietarios individuales de negocios.

Tras los movimientos ambiental y de seguridad del consumidor de los años sesenta, las empresas reaccionaron con violencia y los opositores criticaron el hecho de que los funcionarios de gobierno que no tenían la obligación de rendirles cuentas a los electores emitieran reglamentos con costos mayores que sus beneficios (los legisladores electos que controlan el presupuesto de algunas agencias cuentan con un procedimiento para anular reglamentos específicos, y al frente de las agencias están personas designadas por el presidente).

El movimiento legal conservador que surgió a continuación adoptó entre sus metas ideológicas centrales la de reducir las facultades del Estado regulador. Y desde que el presidente Donald Trump designó magistrados surgidos de ese movimiento y así consolidó una supermayoría conservadora, esta ha dado pasos para lograr esa meta.

En junio de 2020, por ejemplo, los cinco republicanos designados que en ese momento formaban parte del tribunal le pusieron el alto a una ley que el Congreso había diseñado para evitar que el jefe de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor fuera despedido por un presidente sin que este tuviera una buena razón, como falta de ética. Desde que el tercer integrante designado por Trump se incorporó al tribunal, se reforzó esa mayoría.

En particular, en junio de 2022, el tribunal amplió y atrincheró la doctrina que los conservadores llaman “de cuestiones importantes”, según la cual los jueces pueden descartar normas que tengan un efecto significativo si consideran que el Congreso no autorizó de manera específica a las agencias para tomar esas medidas.

En ese contexto, es probable que anular o limitar la doctrina Chevron sea su siguiente paso.

c.2024 The New York Times Company