“Si esto prospera, va a terminar de destruir el sistema de atención a la discapacidad. Las terapias, el colegio, el transporte, todo lo que hoy está cubierto por ley, podría dejar de ser así. Esto genera gran incertidumbre y temor, porque va a haber muchos chicos y adultos que van a dejar de recibir las atenciones que necesitan”, se lamenta Vanina Seoane, madre de Juan Cruz, de 16 años, que tiene un retraso madurativo genético. El día a día de Juan Cruz pasaría a ser muy distinto, explica la mujer, si se firma el proyecto de decreto que evalúa el Gobierno para desregular las prestaciones que reciben las personas con discapacidad. Por eso, ella y otras 10.000 personas marcharon esta mañana frente a la Quinta de Olivos para entregarle una carta al Presidente con el propósito de pedirle, rogarle, que no avance en ese proyecto, que estaría para la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de Javier Milei.

Seoane viajó desde Aldo Bonzi, partido de La Matanza, hasta Olivos para marchar contra la medida. “Esto me afecta de dos maneras”, explica. Como madre de un hijo que concurre a un colegio doble jornada con su acompañante terapéutico y viaja en transporte especial, y por las tardes asiste a sus terapias. También como directora de un centro de día, al que concurren decenas de personas con discapacidad, en Morón, personas que por ahí hacen allí su única comida del día y que por sus propios medios no podrían pagar el servicio, detalla. “Hoy, la Ley Nacional de Discapacidad establece un único valor de nomenclador para que todas las obras sociales y prepagas, desde la más cara hasta PAMI o Incluir Salud, paguen el mismo valor para las prestaciones, para garantizar que todas las personas con discapacidad tengan la misma atención. El proyecto busca desregular eso, de forma que cada obra social o prepaga pueda fijar sus tarifas. Entonces, va a haber prestadores que no van a atender por esos montos e instituciones que no van a poder sostener la atención y van a tener que cerrar. Esta no es una de esas cosas que puede regular el mercado. Cualquier persona que conozca cómo funciona el sistema sabe que uno no se puede cambiar así como así de obra social y no elige un profesional al mejor postor”, apunta.

Miles de familias y también prestadores marcharon esta mañana en todo el país. También hubo movilizaciones en Córdoba, en Rosario, en Tucumán y en otras siete ciudades del interior. En Olivos, los representantes del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad entregaron una carta en las puertas de la quinta presidencial. “El decreto avanza y ya tiene un dictamen firmado el 24 de mayo por la Secretaría Legal y Técnica. Esta iniciativa destruye el sistema de atención y es parte del ajuste en discapacidad”, expresa Pablo Molero, presidente del Foro. “Ya no habrá un nomenclador único, sino que pasaría a haber aranceles de PAMI, de Incluir Salud (la obra social del Estado para quienes tienen pensiones por discapacidad) y otros de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Esto significa un retroceso de derechos adquiridos hace 25 años con la ley 24.901. Antes, las instituciones no podían cubrir los costos con las obras sociales. Esto podría volver a pasar”, denuncia.

La actriz Valentina Bassi lo explicó en un video: “Cuando tramité el certificado único de discapacidad (CUD) de mi hijo, hace 13 años, tenía miedo porque tenía una obra social muy buena, pero muy chiquita. Le expresé mi temor a la persona que me atendió. No sabía si iban a tener la estructura de terapeutas que mi hijo iba a necesitar. Me dijo ‘Tranquila, Valentina, en la Argentina tenemos una ley. Me explicaron lo del nomenclador único. Si vos tenés el CUD y tenés la prescripción, elegís cualquier terapeuta que vos quieras, siempre que esté inscripto en la SSS. Eso es lo que ahora podría desaparecer”.

“Es ridículo y sin sentido que se le otorgue la potestad de definir los aranceles a la misma entidad que los va a abonar. Hoy, los aranceles profesionales tuvieron una actualización anual del 45% y los transportistas tienen un retraso del 100%. En la práctica, en el día a día de las familias, eso significa que el centro o el profesional deje de atender. O, como ya está pasando, que no transportan porque no cubren la nafta”, señala Molero. En total, afirma, esta medida afectaría a unas 200.000 personas con discapacidad y a más de 150.000 prestadores. Se estima que en el país hay más de un millón de personas con discapacidad, pero no todas requieren este tipo de prestaciones.

Yanina Casanova es parte de las familias de personas con discapacidad que decidieron hacer algo para frenar el decreto. Así, ella armó un petición en Change.org, que al cierre de esta nota llevaba más de 33.000 firmas, para pedirle al Presidente que no avance el proyecto. “En el centro de día al que concurre mi hermana me explicaron de la gravedad de esto. El nomenclador es un instrumento que establece los valores y servicios que deben ser cubiertos por el sistema de salud, educación y rehabilitación, transporte y asistencia social. Su existencia facilita la identificación de tratamientos y servicios, y asegura que las personas con discapacidad reciban atención oportuna y adecuada, sin discriminación: es igual para todos sin importar la prepaga u obra social”, describe.

Diputados preocupados

La preocupación por el avance del decreto llegó al Congreso, donde diputados de distinto signo político como Eduardo Valdés, Miguel Pichetto, Ricardo López Murphy y otros 29 legisladores presentaron un proyecto, que esta tarde fue aprobado por la Comisión de Discapacidad para pedirle al Gobierno que no avance en este sentido. “Tras la aprobación del proyecto en la comisión, los diputados de la Libertad Avanza gestionaron una reunión con el director de la Andis [la Agencia Nacional de Discapacidad], Diego Spagnuolo, que nos va a recibir el viernes a las 17. Vamos a plantear la preocupación por el impacto de este proyecto. La discapacidad no es algo que el mercado pueda regular. Si entra en vigencia, será más difícil el acceso a la salud, muchos prestadores perderán interés en ofrecer sus servicios ante una insuficiente remuneración. Al no haber aranceles definidos, las obras sociales y prepagas podrán fijar arbitrariamente los montos”, informó Valdés.

LA NACION consultó a las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad sobre el avance del proyecto, pero no hubo respuestas oficiales. Fuentes vinculadas al Gobierno en materia de discapacidad indicaron que, desde el comienzo de la gestión, se están evaluando alternativas “que permitan mejorar la atención”. Y que en este momento se analiza un cambio para que el valor que fija la Andis para las prestaciones –se refiere a Incluir Salud– no sea vinculante para el resto de los entes financiadores de servicios de salud, como PAMI y la SSS. También señalaron que se apunta a romper “el lobby de los prestadores”, por una supuesta concentración en pocas manos.