“Regálame una sonrisita”… vivir violencia sexual dentro de los penales de CDMX

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Ana -a quien así llamaremos- está privada de su libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en el oriente de la CDMX. Cuando la detuvieron sufrió violencia física, por lo que tiene varias lesiones y el diagnóstico de esguince cervical grado 2 y lumbalgia en tratamiento.

El miércoles 16 de mayo de 2018 -para darle seguimiento médico- fue referida al servicio de radiología del Hospital General Torre Médica Tepepan, al sur de la ciudad. En este lugar la Secretaría de Salud local (Sedesa) ofrece atención médica a toda la población privada de su libertad en la CDMX por lo que permanentemente recibe traslados.

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Hacia las 08:15 horas Ana ya se encontraba en el área de confinamiento en Tepepan a la espera de ser atendida. Aproximadamente a las 09:00 horas fue llevada al área de rayos X para proceder a su estudio, sin embargo, en ese momento tembló y tuvo que suspenderse su cita. Minutos después, personal de custodia y seguridad la llevaron de nueva cuenta a las afueras del consultorio para retomar el procedimiento. Cuando escuchó su nombre ingresó sola al cubículo de rayos X.

Una vez ahí, el radiólogo le pidió que se dirigiera a un cuarto contiguo para que se despojara de su ropa, dejándose solamente sus pantaletas, y que se pusiera una bata que ahí estaba dispuesta para ella. Apenas salió fue agredida sexualmente.

El radiólogo -que se ubicó detrás de ella- la rodeó con un brazo y colocó la cara de Ana en el tablero de control de la máquina de rayos X. Mientras era sujetada de la nuca, la mujer escuchó el resorte del pantalón del radiólogo y sintió cómo le bajaba las pantaletas. La penetró mientras le decía que no gritara porque “en ese lugar habían ocurrido muchos accidentes y podía matarla”.

Al eyacular, el radiólogo dejó semen en las piernas y en las pantaletas de Ana por lo que le aventó unos pañuelos desechables para que se limpiara. Mientras lo hacía, el hombre la amenazó con no denunciar lo que había sucedido pues él tenía muchos contactos y con una orden suya podrían matarla. Además, que si decía algo nadie le creería porque solo es “una interna”.

Ana volvió al cuartito contiguo, donde estaba su ropa, y se vistió rápidamente. Al salir fue arrinconada una vez más por el hombre quien le acercó un cuaderno y una pluma y le pidió que anotara que había tenido una buena atención, pusiera su nombre, firma y huella digital.

Cuando salió del consultorio el radiólogo le dijo: “Regálame una sonrisita bonita”, y se acercó para pasar su lengua por sus labios.

Elementos de custodia y seguridad llevaron a Ana al área de confinamiento en donde se durmió hasta que fue trasladada de nueva cuenta a Santa Martha Acatitla.

Este relato es parte del expediente CDHDF/II/121/IZTP/18/P4042 que la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad (CDHCM) abrió para investigar la omisión de garantizar una vida libre de violencia a mujeres privadas de libertad por parte de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y de la Secretaría de Salud capitalina, lo que dio paso a que se emitiera la Recomendación 01/2021.

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Abren expedientes

En la CDMX hay dos centros penitenciarios para mujeres: Santa Martha Acatitla y Tepepan, en donde mil 590 mujeres -hasta el 28 de mayo de 2021- estaban privadas de su libertad.

De estos dos centros penitenciarios, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad (CDHCM) ha recibido 341 quejas en las que se menciona a la Secretaría de Salud local como responsable de posibles violaciones a derechos humanos.

“De estos 341 expedientes de queja solamente 2 son los que se han abierto por posibles violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia -expedientes que se concluyen con esta recomendación- y 2 por posibles violaciones al derecho a la integridad personal, uno de los cuales también se concluye”, se lee en la Recomendación 01/2021.

“En ese mismo lapso de tiempo se han abierto 31 expedientes de queja por posibles violaciones al derecho a una vida libre de violencia en sus diferentes manifestaciones en los que se menciona a las autoridades de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario como presuntamente responsables. La mayor parte de estos expedientes se concluyeron por solución de la problemática originaria o por desistimiento de la parte quejosa”.

La CDHCM encabezada por Nashieli Ramírez subraya que si bien no cuentan con elementos para señalar que los hechos y violaciones a derechos humanos documentados en la Recomendación 01/2021 son una situación recurrente que se repita de manera constante, la gravedad de estos hace necesario señalar la responsabilidad institucional para que éstos no se repitan.

Golpes y acoso

Cuando Ana volvió a Santa Martha Acatitla contó lo sucedido a su hermana a quien identificaremos como Gabriela y quién también está privada de su libertad. De inmediato comunicó a las autoridades del centro penitenciario y a su abogado particular lo que había sucedido. A las 16:57 horas del mismo miércoles 16 de mayo de 2018 Ana fue valorada médicamente.

Más tarde su abogado, en compañía de un agente del ministerio público, se apersonó en Santa Martha para que se recabara la denuncia y se abriera la carpeta de investigación correspondiente. Al día siguiente Ana fue referida a la Clínica Condesa para la aplicación del kit profiláctico postviolación.

“En los días posteriores a los hechos, la víctima directa 1 (Ana) comenzó a aislarse de sus compañeras pues su situación se conoció en el centro de reclusión y comenzó a recibir burlas, amenazas y agresiones verbales de parte de otras personas privadas de su libertad y de personal de seguridad y custodia quienes se referían a la víctima directa 1 como ‘la violada’”, relata la CDHCM.

Sobre los hechos, la directora de Santa Martha manifestó que nunca se había suscitado algo similar y que le era difícil creerlo porque el doctor señalado tenía muchos años trabajando y nadie se había quejado de él. De hecho, cuestionó a los familiares de Ana -quienes acudieron en búsqueda de apoyo- sobre por qué no había denunciado los hechos desde Tepepan.

Además, el 20 de junio de 2018, cuando personal de la Comisión de Derechos Humanos acudiría a Santa Martha para entrevistar a las hermanas, como parte de la investigación, Ana fue agredida por otra mujer -también privada de su libertad- quien le propinó un golpe con el puño en el pómulo izquierdo y le dio patadas en una de sus piernas.

De acuerdo con los testimonios recabados por la CDHCM los insultos y los golpes a las hermanas, pero específicamente a Ana, no cesaron y en ningún momento personal de seguridad y custodia intervino, aunque se percataron de lo sucedido.

Para agosto de 2019, un año después de los hechos, las agresiones continuaban.

“Mientras caminaban por el kilómetro, la víctima directa 1 y víctima directa 3 (Ana y Gabriela) fueron agredidas por alrededor de 8 personas privadas de su libertad. A la víctima 1 le jalaron el cabello y le propinaron golpes diciéndole que eran un mensaje ‘del señor César’. Después comenzó a recibir mensajes y ofrecimiento de dinero, tanto de mujeres privadas de su libertad como de personal de seguridad y custodia para que ‘negociara’ retirar la denuncia en contra del radiólogo. Inclusive, el 29 de octubre de 2019 la víctima 1 informó que un día antes una compañera se acercó para decirle que debía negociar, que recibiría 30 mil pesos como regalo y que, si no lo hacía, de cualquier manera, los abogados de ‘César’ lo sacarían en algunos meses”, se lee en el documento.

Al menos hasta el 21 de agosto de 2020 -dos años después de haber sido agredida sexualmente- Ana siguió recibiendo golpes e insultos por parte de internas y personal de seguridad y custodia.

El 6 de noviembre de 2020 se dictó sentencia condenatoria al servidor público en funciones de radiólogo en la Torre Médica de Tepepan quien la violó.

Había antecedentes

Debido a su condición de salud, Guadalupe -a quien así identificaremos y quien está privada de su libertad en Santa Martha Acatitla- fue referida a la Torre Médica de Tepepan para que le realizaran una tomografía abdominal. Su cita fue el 13 de noviembre de 2017.

Cuando el radiólogo la hizo pasar le pidió que se desvistiera, quedando Guadalupe en pantaletas.

“El radiólogo le dijo a la víctima directa 2 (Guadalupe) que para realizar el estudio debía estar totalmente desnuda. Cuando (Guadalupe) solicitó una bata, le dijo que no había, que sólo había una sábana sobre la plancha del aparato, al mismo tiempo que le expresó ‘que no se preocupara, que él veía a la paciente, no a la mujer”, se lee en la Recomendación 01/2021 la cual incluye este caso correspondiente al expediente CDHDF/11/121/XOCH/PB207.

Guadalupe siguió las instrucciones del doctor y se acostó sobre la plancha, cerró los ojos y se dio vuelta cuando así se lo pidió el radiólogo. En un momento sintió cómo la tocaba y movía su cadera para acomodarla. Al terminar se vistió y se retiró.

Dos semanas después, el 29 de noviembre de 2017 Guadalupe fue referida al Hospital Rubén Leñero, también de la Secretaría de Salud capitalina, para que le hicieran de nueva cuenta la tomografía, pues en su cita en Tepepan no se la habían realizado.

En esta ocasión entró al espacio de rayos X en compañía de una custodia.

“Le dieron la indicación de que entrara al vestidor, que se quitara cadenas y aretes, se desnudara dejándose las pantaletas y que utilizara una bata. Luego pasó con la custodia al cuarto donde estaba la máquina y se acostó en la plancha, recibiendo indicaciones de cómo acomodarse, tocando el médico únicamente su cabeza, momento en el que la víctima directa 2 (Guadalupe) se percató que para el estudio no era necesario que estuviera totalmente desnuda y menos voltearse como se lo había solicitado en radiólogo en Tepepan”.

Por estos hechos Guadalupe levantó una denuncia ante la fiscalía general de Justicia de la CDMX.

Reparación

Según determinó la CDHCM, tanto la Secretaría de Salud y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario deberán impulsar la inscripción de Ana, Gabriela y Guadalupe al Registro de Víctimas de la ciudad y la aprobación de planes de reparación integral por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas de la CDMX.

Además, contarán con un plazo de 180 días naturales -después de que acepten la recomendación- para disculparse con las víctimas como parte de la redignificación de las víctimas en su comunidad.

Por su parte, la Secretaría de Salud deberá, también, diseñar material informativo dirigido a las mujeres privadas de su libertad con el objetivo de apoyarlas en la identificación de situaciones que pudieran ser de riesgo durante el desarrollo de servicios médicos.

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