Refresquera Gugar tomó ilegalmente tierras de Coyotepec

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OAXACA, Oax., agosto 30 (EL UNIVERSAL).- Autoridades agrarias y municipales, así como miembros de la comunidad de San Bartolo Coyotepec anunciaron que el próximo 5 de septiembre de 2022 realizarán la clausura de la empresa refresquera Gugar.

La toma pacífica de las instalaciones iniciará a las 4:00 horas de ese día y el objetivo es recuperar las tierras que pertenecen a la comunidad y detener el saqueo del agua que realiza la empresa desde el 2002, año en que inició operaciones en esta población de la región Valles Centrales de Oaxaca.

Coyotepec, recordó el pasado 28 de agosto de 2022 la asamblea general del pueblo determinó expulsar a Gugar por la sobreexplotación del manto acuífero, lo que ha provocado el agotamiento de este recurso natural.

Pero además, explicó, esta decisión es para exigir al Tribunal Unitario Agrario que cumpla con las sentencias a favor de la comunidad en las que se resolvió que deben restituirse a la población las tierras ocupadas por la empresa y que abarcan alrededor de 14 hectáreas.

En 2002, cuando Gugar llegó a San Bartolo Coyotepec presentó unos documentos notariales que les daban derechos sobre las tierras. En ese entonces, también afirmaron a la comunidad que sólo instalarían una empresa dedicada a la elaboración de taparroscas, lo que posteriormente comprobaron que era falso, porque extraían grandes cantidades de agua para venderla embotellada y para la elaboración de refrescos.

Cinco años después, tras darse cuenta del engaño, la comunidad decidió interponer un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario en el que reclamaban la propiedad de esas tierras, las cuales están bajo el régimen comunal. El juicio se inició bajo el número de expediente 128/2007 y fue hasta agosto de 2018, más de 10 años después, que el tribunal dio la razón a la comunidad y resolvió que la empresa debe restituir las tierras.

Sin embargo, en una parte de la sentencia se establece que San Bartolo Coyotepec debe indemnizar a la empresa. Un perito valuador de Gugar determinó que el costo de la empresa asciende a mil 103 millones de pesos, cantidad que la comunidad debe pagar. La comunidad decidió, entonces, contratar a un propio perito evaluador y solicitó la intervención de un tercero de la Fiscalía General de la República; ambos dictámenes aún están pendientes.

Independientemente de los resultados, la asamblea general de población decidió que no pagará ni un centavo a la empresa.

En primer lugar porque, sostienen las autoridades agrarias y municipales, los dueños de Gugar se han enriquecido con la explotación de sus recursos naturales y la ocupación ilegal de sus tierras; en segundo, porque nunca ha pagado impuestos, ni la continuidad de operaciones al Ayuntamiento. Por esto último, la deuda de la empresa con la autoridad municipal asciende a alrededor de 11 millones de pesos y sin sumar las contribuciones que la empresa debió realizar cada año a las actividades de la comunidad, que se rige por Usos y Costumbres.