La reforma al Poder Judicial del ‘Plan C’ contempla elegir a mil 600 jueces, magistrados y nueve ministros en 2025

La elección por voto popular de más de mil 600 ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces en una elección extraordinaria en 2025; la reducción de su tiempo en el cargo y de su salario, y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que sustituya al Consejo de la Judicatura Federal son las claves de la reforma al Poder Judicial de la Federación que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que respalda su sucesora en el Ejecutivo, Claudia Sheinbaum.

El 10 de junio, en conferencia de prensa tras reunirse con López Obrador, Sheinbaum mencionó que sería una de las dos primeras reformas que impulsaría para que sean aprobadas por el Congreso de la Unión, aunque también abrió la puerta para que antes sea discutida “por las barras de abogados, las facultades de Derecho, los propios ministros, magistrados, obviamente los trabajadores del Poder Judicial, que se haga una discusión amplia en estos meses para que se conozca”. Por lo tanto, seguramente habrá cambios a la propuesta original. 

Sin embargo, en la conferencia de prensa matutina el presidente López Obrador dijo que, pese a las consultas, debería mantenerse la propuesta de voto popular para evitar compromisos políticos de las y los aspirantes, omitiendo con qué recursos promoverían su postulación y que en la iniciativa el Ejecutivo y el Congreso de la Unión participan en las nominaciones. 

“Lo que yo sí creo que debe de sostenerse es que sea el pueblo el que los elija, porque es un principio. Así no se van a sentir comprometidos, o sea, no van a ser empleados de particulares, ni de las cúpulas de poder económico o político, van a tener como jefe al pueblo, su jefe va a ser el pueblo”, contestó.

Sheinbaum y López Obrador también han hablado de  realizar una encuesta para conocer qué opina la ciudadanía sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación. En conferencia de prensa, la virtual presidenta electa confirmó que sería  Morena el encargado de la metodología y la ejecución. 

“Lo vamos a hacer a través de Morena porque finalmente es hoy el instrumento que tenemos, nuestro partido. Entonces Morena tiene un área de encuestas y además pues ellos en todo caso pueden contratar a una encuestadora, nuestro partido”, respondió.

En El Sabueso revisamos la iniciativa que presentó el presidente el 5 de febrero de 2024, la cual modifica 16 artículos constitucionales. Además, consultamos a abogados y trabajadores del Poder Judicial para explicarte de qué va la reforma y sus implicaciones.

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¿Cuáles y cuántos cargos se elegirán por voto popular?

La iniciativa del presidente plantea elegir por voto popular a 100% de las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial de la Federación. Es decir, que así como la ciudadanía elige a legisladores o gobernantes, también acuda a las urnas para decidir quiénes serán ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de circuito, y juezas y jueces de distrito.

“Con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía”, menciona la Exposición de motivos de la reforma presentada por López Obrador. 

Una infografía del Gobierno de México para promover la reforma menciona que mil 633 magistrados y jueces serían electos en su circuito judicial. 

Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2023, al cierre de 2022 se registraron mil 647 magistrados (910) y jueces (737). México Evalúa parte de esta cifra para sumar el resto de los puestos elegibles por voto popular y calcular mil 686 cargos en juego y 10 mil 152 personas candidatas en la contienda.

Pero en conferencia de prensa el 12 de junio en el Senado de la República, Ricardo Monreal amplió esta cifra.

“Estaríamos hablando de aproximadamente mil 800 cargos, que es el total de servidores públicos que está planteado ir a elección, que son jueces, magistrados y ministros”, respondió ante los cuestionamientos.

Además, los cambios al artículo 116 constitucional plantean que las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados establecerán las condiciones para la elección por voto directo de jueces y magistrados también a nivel local. 

De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023, al cierre de 2022, se reportaron 5 mil 25 servidoras y servidores públicos con el cargo de magistrados y jueces en los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales. Es decir, las elecciones por voto popular implicarían miles de cargos y muchas más candidaturas.

Para saber más: Reforma al Poder Judicial del Plan C: cargos que habrían de elegirse y otras respuestas

¿Cómo sería el proceso de elección?

La iniciativa establece que el Senado de la República emitirá las convocatorias, y el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial postularán de manera paritaria hasta 10 personas aspirantes cada uno para el caso de ministras y ministros de la SCJN. 

De manera que si el Congreso de la Unión aprueba la reforma, la próxima presidenta y las Cámaras de Diputados y Senadores donde Morena tendría mayoría postularían a 20 de 30 candidaturas.

Es el mismo proceso para elegir a magistradas y magistrados de Circuito, así como juezas y jueces de Distrito, sólo que cada uno de los tres Poderes postulará hasta dos personas de manera paritaria para cada cargo.

Tras verificar las postulaciones, el Senado remitirá el listado de candidaturas a las autoridades electorales. La reforma menciona al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que propone López Obrador,  en lugar del INE, para que organice la elección.

“El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas efectuará los cómputos de la elección y los comunicará al Senado de la República, que de inmediato realizará y publicará la suma, y enviará los resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual resolverá las impugnaciones, calificará el proceso y declarará sus resultados antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda”, se lee en la propuesta del mandatario federal. 

Saúl Mercado, juez de Distrito en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con Residencia en Salina Cruz, considera que la elección por voto popular afectaría la independencia judicial.

“Nos parece que implica una injerencia en un aspecto primordial, que es la independencia judicial, y evidentemente esto trasciende a la defensa de los derechos humanos de los mexicanos e incluso de los propios juzgadores”, menciona Mercado. 

Para el funcionario del Poder Judicial, la elección popular de estos cargos no garantiza que estos sean seleccionados con base en sus perfiles, sino de acuerdo con su popularidad. 

“Se introduce este componente político en la designación de los jueces y ya no se trata de un aspecto de mérito a través de un concurso de oposición, sino que se dota de una cierta cuota de carácter político donde el Poder Legislativo va a palomear quiénes podrían participar en la elección”, agrega.

El abogado y consultor Nayib Nava coincide con Saúl Mercado en priorizar los perfiles de las personas juzgadoras. Está de acuerdo en que debe eliminarse el influyentismo del proceso de designación actual, pero considera que creer que esto se va a lograr a través del voto popular puede ser contraproducente.

“El poder judicial no tiene que equipararse con un poder de elección popular, porque al final sería someter a cada persona juzgadora al grupo o sector que los propuso. Esto no quiere decir que el actual proceso de selección es perfecto, sin duda debe modificarse, pero optando por el desempeño, carrera judicial y eliminando el influyentismo”, apunta Nava.

Durante las campañas, las y los candidatos tendrán derecho de acceso a radio y televisión y participar en debates. Sin embargo, estará prohibido el financiamiento público o privado y los partidos políticos no podrán realizar actos de proselitismo pero no hay más detalles de cómo se llevarán a cabo. 

A pesar de esto, el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados advierten:

“La necesidad de asegurar votos o apoyo financiero durante las campañas electorales puede influir negativamente en el proceso de toma de decisiones, y también socavar la confianza pública en el sistema judicial”, de acuerdo con “Una amenaza a la independencia judicial: Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México”.

Los artículos transitorios de la reforma mencionan que ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces que se encuentren en funciones actualmente concluirán su cargo cuando tomen protesta quienes resulten ganadores tras la elección ordinaria.

Los periodos que correspondan a cada cargo, como el de ministra o ministro, magistrada o magistrado, se determinarán en función del número de votos que obtengan. Así, a mayor número de votos, mayor duración en el cargo.

Reducir cargos y salarios debilita sistema de justicia

La iniciativa pretende reducir a un “periodo de tiempo razonable” algunos cargos. Por ejemplo, la SCJN pasa de tener 11 a nueve ministros que ya no estarán en el cargo 15 sino 12 años; y se reducen de nueve a seis años los mandatos para los siete nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal y de las salas regionales, votación que podría coincidir con la elección presidencial. 

“Al sincronizar los mandatos judiciales con el ciclo electoral de la elección presidencial, la propuesta de reforma permitiría que las preferencias políticas y partidarias que dominan a esta última influyan también en la elección de jueces y juezas”, señala “Una amenaza a la independencia judicial: Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México”.

Por una parte, los mandatos más cortos, debilitan el sistema de justicia. En un país donde los expedientes judiciales tardan años en resolverse “vamos a estar renovando a las partes más importantes del poder judicial de golpe, perdiendo el escalonamiento que garantiza la continuidad en la impartición de justicia”, señala México Evalúa.

Por otra, reducir los salarios para que los ingresos de funcionarias y funcionarios también afectaría la independencia económica del Poder Judicial, según Saúl Ramos. 

“La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”, menciona actualmente el artículo 94 constitucional.

“La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los Magistrados Electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación, no podrá ser mayor a la establecida para el Presidente de la República”, propone la modificación a dicho artículo. 

“Las personas juzgadoras estamos limitadas a esta actividad para dedicar tiempo completo a la impartición de justicia. Una de las garantías es que contemos con un salario digno y suficiente para evitar cualquier posibilidad de una conducta indebida para obtener ingresos extraordinarios”, añade Saúl Ramos.

Tribunal de Disciplina Judicial en lugar del Consejo de la Judicatura

La propuesta de reforma constitucional contempla también la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial dentro del Poder Judicial de la Federación, que reemplazaría al actual Consejo de la Judicatura Federal. 

Actualmente este órgano se encarga de resolver sobre la designación, la adscripción, la ratificación y la remoción de magistrados de Circuito y jueces de distrito. El Consejo de la Judicatura continuará con sus facultades hasta que sea creado el nuevo tribunal y sus consejeros concluirán sus funciones cuando tomen protesta las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.

Los especialistas entrevistados por El Sabueso coinciden en la necesidad de cambiar al actual Consejo de la Judicatura Federal, mas no de eliminarlo.

“Yo creo que lo más viable es perfeccionarlo. Si se tiene que crear un órgano interno de control para el Consejo de la Judicatura, se tendrá que crear, pero sin desmantelarlo y sin iniciar desde cero”, sostiene el abogado Nayib Nava. 

En la reforma propuesta, el artículo 94 establece que la disciplina del personal del Poder Judicial estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. Ante este órgano se podrían denunciar hechos cometidos por funcionarias y funcionarios que pudieran ser sancionables para que los investigue.

“Apoyamos la medida de que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo de México. Vamos a apoyar también la creación del Tribunal de Disciplina Judicial”, sostuvo Sheinbaum el 1 de marzo que comenzaron las campañas. 

La entonces candidata presidencial mencionó la responsabilidad de que el Poder Judicial tutele los derechos humanos. Pero los especialistas consultados coinciden en que la reforma presentada no abona a este tema ni a la impartición de justicia. 

“La legislación no deriva en la capacidad para tutelar derechos de mejor forma, no hay alguna precisión con respecto a qué va a suceder con las fiscalías”, dice Saúl Mercado.