Yahoo Noticias Reforma al Poder Judicial no resuelve falta de jueces ni rezago de más de 47 mil expedientes: especialistas
En México hacen falta 61 juezas y jueces por cada 100 mil habitantes, y hay un rezago de más de 47 mil expedientes pendientes de concluir -tanto en los estados como en la Federación- y existen diversos “problemas estructurales” en el sistema de impartición de la justicia que la propuesta de reforma al Poder Judicial no atiende, advierten diversos especialistas en la materia.
De acuerdo con un estándar internacional establecido por la OCDE deben haber 65 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, pero en México tenemos solo 4.4 por cada 100 mil habitantes.
“Hay una insuficiencia de personal juzgador para atender las demandas de justicia a nivel nacional”, señala Adriana Aguilar, investigadora del programa Transparencia en la Justicia de la organización México Evalúa, en entrevista con Animal Político.
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En ese contexto, señalan especialistas, cualquier intento de reforma judicial debe considerar los posibles impactos en la operación cotidiana de los órganos jurisdiccionales, pues una modificación que no sea debidamente planeada y ejecutada puede agravar y comprometer los miles de casos que están sujetos a la jurisdicción de las personas juzgadoras del país.
¿Cuánto tarda un juez en resolver un caso en México?
Esto contrasta con lo establecido en la propuesta de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión en febrero pasado, que indica que para obtener una “justicia pronta y expedita” se deben modificar los artículos 17 y 20 constitucionales, para que las personas juzgadoras resuelvan, en un plazo máximo de 6 meses, los asuntos que lleguen a sus manos.
Sin embargo, la reforma no especifica si el plazo de seis meses funciona como techo o como piso para la celeridad de procesos judiciales ni determina el significado de “cuantías en materia tributaria”, que asegura será previstas en leyes secundarias, por lo que los especialistas considerar que se podría abrir paso a la opacidad en el actuar de los legisladores.
Además, la reforma indica que en caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, los propios órganos jurisdiccionales que conozcan del asunto deberán dar aviso inmediato al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora.
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Para llegar a ambas propuestas, la reforma justifica sus razones en “el derecho de las personas justiciables a recibir una justicia de calidad”, pues define a los procesos judiciales como “lentos, caros, tortuosos” y que implican un gran uso del papel, sin proporcionar mayores datos al respecto.
¿Cuáles son los problemas del Poder Judicial?
De esta manera, considera que uno de los problemas principales del Poder Judicial es la “incapacidad o el desinterés que prevalece en los órganos encargados de la administración de la justicia para cumplir con los principios previstos en el artículo 17 constitucional de brindar una justicia pronta y expedita a las personas justiciables”, sin proporcionar mayores datos al respecto.
Sin embargo, datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal señalan que durante el 2022 ingresaron 1 millón 256 mil 77 asuntos al Poder Judicial de la Federación, mientras que la cantidad de asuntos resueltos fue de 1 millón 214 mil 806 asuntos, lo que significó que cada persona juzgadora resolvió 762 asuntos durante ese año.
Para el mismo año ingresaron 2 millones 154 mil 768 asuntos a los poderes judiciales estatales, de los cuales 1 millón 320 mil 702 concluyeron en primera instancia, por lo que cada juzgador resolvió 428 asuntos en promedio, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023.
Pese a los avances, el rezago judicial -que se define como la demora en la solución (sentencias, conciliaciones) de los problemas y casos que se presentan ante los jueces y tribunales- continuó en 41 mil 271 expedientes pendientes por concluir a nivel federal y 5 mil 773 a nivel estatal, en casos que impactan directamente a las personas.
Tan solo a nivel estatal se indica que en materia civil quedaron pendientes por resolver mil 989 expedientes, en materia familiar mil 736, en materia penal mil 155, en materia mercantil 650 y en materia comunitaria o vecinal 224, cifras que no incluyen los asuntos que de por sí ya estaban rezagados y que ingresaron en otros años.
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Pese a lo anterior, los especialistas agregan que el rezago no sólo puede medirse como la diferencia entre los casos que entran y los que salen, pues para un diagnóstico real sobre el rezago judicial, es necesario estudiar, cuando menos, los factores con los que conviven los órganos judiciales y que impactan en la impartición de justicia, tales como el número de funcionarios para resolver los casos y sus consecuencias en la carga laboral.
Por lo anterior, refieren que aún existe una necesidad de crear un “diagnóstico riguroso, sectorial (por materia y jurisdicción), basado en evidencia, que pueda explicar los diversos factores y su peso en el problema del rezago y la congestión”.
Juicios orales, “muy costosos”
También se deben tomar en cuenta los problemas normativos y procesales que generan demoras en los procesos, como la dilación en las notificaciones, la tardanza en el desahogo de pruebas, el rezago en la programación de audiencias, la pérdida de expedientes, el reducido espacio físico y las simulaciones procesales.
“Los juicios orales son muy costosos, las horas de audiencia que requieren la presencia de las partes también, pero además requieren grabación y resguardo de todo lo que sucede en las salas de audiencias. Es carísimo”, señala la magistrada Taissia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en entrevista.
Datos de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal señalan que desde el 24 de mayo de 2014 -año en el que comenzó este nuevo sistema- y hasta el 31 de mayo de 2024 en todos los Centros de Justicia Penal Federal se han realizado 554 mil 632 audiencias que han representado más de 500 mil horas de audiencias que han sido grabadas y resguardadas por el Poder Judicial.
“Aquí lo que denotan estas disposiciones que se pretenden introducir o que están en la iniciativa es un desconocimiento muy grave de cuáles son los problemas estructurales del sistema de justicia, los problemas estructurales tienen que ver con la insuficiencia de tribunales, pero también con la ineficacia de las fiscalías y con los mecanismos que en las propias fiscalías incentivan la corrupción”, señala
Precisamente, un último problema que impacta directamente sobre el rezago judicial son los problemas de corrupción e ineficacia de funcionarios judiciales y los pertenecientes a otras instituciones públicas.
“Por ejemplo, un proceso penal diseñado para que haya salidas alternas, una de estas es el procedimiento abreviado, que se ve constantemente obstaculizada por las fiscalías, porque no están dispuestas a ofrecer reducciones de pena que sean significativamente benéficas para que una persona imputada acepte la responsabilidad sin ir a juicio”, agrega la magistrada Cruz Parcero.
Un último punto que pone sobre la mesa Adriana Aguilar, de la organización México Evalúa, respecto a las modificaciones de la justicia pronta y expedita, es el referente a que, para hacer cumplir los plazos, se pueda recurrir a medios coercitivos para las personas juzgadoras.
Esto debido a que, de manera concreta, la reforma estipula que las autoridades que no cumplan con los plazos establecidos para resolver las controversias, como se mencionó con anterioridad, deberán informar al Tribunal de Disciplina Judicial para que este órgano pueda investigar, iniciar un proceso sancionatorio y determinar las consecuencias de la dilación en el proceso.
“Esto también llega a suceder a nivel local, o sea, las presiones no solamente se dan desde el exterior de los Poderes Judiciales sino a veces incluso desde dentro como lo vemos en el caso del Poder Judicial de la Federación con el ministro Zaldívar o también en el caso de la ministra Piña con lo del Tribunal Electoral”, señala Aguilar.
Los expertos también señalan que un diagnóstico más puntual debería tener una valoración precisa de los impactos de la pandemia en la administración de la justicia, así como de las medidas tomadas en relación con la virtualidad para saber su impacto.
Con información de Nayeli Roldán
