Reforma judicial: el espejo boliviano

El pasado miércoles 26 de junio pudimos ver por la televisión escenas de una tentativa de golpe de Estado en Bolivia. Afortunadamente quedó en tentativa, pero el pasaje sirve para ilustrar los riesgos que se corren cuando se involucran las urnas en la conformación del poder judicial. Veamos.

En 2011, y tras una reforma constitucional impulsada por Evo Morales, se llevan a cabo las primeras elecciones judiciales en Bolivia. Sucedieron dos cosas: los perfiles de los aspirantes estaban claramente vinculados a alguna fuerza política, y el pueblo despreció masivamente la oferta de participar en la elección de jueces. Pero no sólo eso, comenzó una debacle en la credibilidad del poder judicial.

En 2015, y tras haber triunfado en las elecciones presidenciales, Evo Morales decide convocar un referéndum para consultarle a la población si podría presentarse a una nueva reelección. El 21 de febrero de 2016, el electorado resuelve que no se debe presentar. Hasta aquí, todo parece desarrollarse en clave democrática.

Empero, en el año 2017, el presidente Morales hace una consulta al poder judicial sobre la validez del referéndum, alegando que se violentaba su derecho humano a la participación política, y el poder judicial resuelve que, en efecto, la voluntad mayoritaria del electorado boliviano atentaba contra el derecho humano de Evo; millones de votantes fueron invalidados para no afectar el derecho humano de una persona. Ahí se empezó a incubar una crisis política que parece no haber terminado.

Pues bien, en 2019 se lleva a cabo la elección presidencial, con Evo en la boleta, y se genera una crisis que obliga al presidente en funciones dimitir y abandonar el país. ¿Qué hizo el poder judicial? Alinearse con los nuevos poderosos. Así, las órdenes de aprehensión, los arrestos, la persecución judicial cambió de bando. Los perseguidos de ayer son los persecutores de hoy.

Tras la salida de Evo, llega al gobierno de manera interina Jeanine Áñez Chávez, se convocan a nuevas elecciones y en ellas gana Luis Arce, el presidente actual. ¿Y qué hace el poder judicial? Lo mismo. Arresta a la expresidenta Añez y a muchos de sus colaboradores. Así llegamos a la tentativa de golpe de pasado miércoles.

El general golpista, cuando da a conocer su pliego petitorio en una conferencia de prensa “banquetera”, además de prometer la restauración de la democracia y la refundación de la política, hace un llamado a la liberación de los presos políticos. Y acaso en ese punto no le falte razón. Con un poder judicial sometido estructuralmente al poder ejecutivo y a los electores, todo proceso judicial nace bajo sospecha. Los buenos de hoy serán los malos del mañana. La única seguridad jurídica en Bolivia hoy deviene de estar o no en el bloque gobernante.

Esa, me parece, es la consecuencia de tener al cuerpo de juzgadores vinculados a los electores. Su compromiso es con ellos, y el vaivén que ello conlleva, no con el derecho; en cambio contar con un cuerpo profesionalizado de juzgadores lo que nos garantiza es que su compromiso será con la congruencia y solvencia de sus sentencias.

Los jueces electos pueden llegar a ser más empáticos con las mayorías cambiantes, pero no necesariamente con la doctrina del derecho. Son justamente los estudiosos del derecho quienes han ampliado las fronteras de la justicia. Ojalá nos sepamos ver en el espejo boliviano y enderecemos la reforma del poder judicial por la senda de la sensatez.

* Rodrigo Morales M. (@rodmoralmanz) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.