Reforma del delito de sedición: las grandes incógnitas que tienen a Puigdemont en alerta

Pedro Sánchez anunciaba la noche de este jueves, en una entrevista concedida a La Sexta desde Moncloa, que este mismo viernes presentarían el texto para la reforma del Código Penal con el objetivo de eliminar el delito de sedición y establecer una nueva figura penal. Un delito, el de sedición, por el que fueron juzgados y encarcelados varios líderes del procés y que mantiene huido a Carles Puigdemont, que ya se ha pronunciado en contra de esta modificación legal, que no considera suficiente.

Según avanzaba el presidente del Gobierno en la mencionada entrevista, la propuesta presentada por PSOE y Unidas Podemos plantea la desaparición del delito de sedición y sustituir ese tipo penal por el delito de desórdenes públicos agravados. La razón, argumenta Sánchez, es “modernizar, homologar el código penal en lo que respecta al delito de sedición. Mañana mismo [por el viernes] PSOE y Unidas Podemos vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar ese delito de sedición para reemplazarlo por un delito homologable a otras democracias europeas”.

De momento el texto en sí no se conoce, pero hay algunos datos y distintos medios han publicado análisis sobre qué puede cambiar y en qué medida afectará eso a quienes fueron enjuiciados por el delito de sedición y quiénes aún no han rendido cuentas ante la justicia como Puigdemont y Marta Rovira, huidos a Bélgica y Suiza, respectivamente. A día de hoy lo que parece evidente es que por ahora hay más preguntas e incógnitas que repuestas.

¿A quién afecta la desaparición del delito de sedición?

La respuesta es a los líderes del procés juzgados (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa) y tanto a Puigdemont como Rovira, que huyeron de la justicia española para evitar ser procesados y desde entonces no han vuelto a pisar suelo español. Eso sí, Sánchez les advierte que “los delitos de 2017 siguen estando presentes en el Código Penal, no como delito de sedición, sino en una nueva tipología de delito”.

Es decir, que no responderían por sedición, pero sí por desórdenes públicos agravados. Además, están otros delitos como el de malversación. En La Vanguardia explican que los nueve condenados e indultados siguen inhabilitados para un cargo público. La duda es si el texto incluirá esta sanción para la nueva figura penal. Sobre Junqueras, por ejemplo, pesa una inhabilitación de 13 años. Además, recuerda en el citado diario, seis de los nueve líderes del procés condenados, además, lo fueron también por malversación de caudales públicos, que también implica penas de inhabilitación. En El País apuntan que el nuevo tipo reduce a ocho años la inhabilitación máxima.

¿Qué dice Carles Puigdemont?

Una de las primeras reacciones buscadas y producidas tras el anuncio de Pedro Sánchez ha sido la de uno de los principales afectados, Carles Puigemont, que publicó un extenso hilo en Twitter desde Bélgica criticando la eliminación del delito de sedición y su sustitución por otro. Para él, este cambio “no desjudicializaría nada” y no supone ningún “beneficio político”. Añade que, en su opinión, se sigue “criminalizando un derecho”, el de convocar un referéndum como hicieron, y que la ganancia es solo “personal”.

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En este sentido, en la entrevista con La Sexta, Sánchez ya avisaba de que el expresidente “tendrá que dar cuentas ante la justicia española” porque, declaraba, “los delitos siguen estando presentes en nuestro código penal”. Sobre la opinión de los independentistas sobre la modificación penal, el presidente del Gobierno apuntó que “lo que quiere el independentismo es la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar”.

Sobre Puigdemont pesa la petición de la Fiscalía de que sea juzgado también por un delito de malversación de caudales públicos. En el caso de Rovira, esta acusación no está contemplada

¿Cuál es el recorrido de la reforma y el papel del Supremo?

Fernando Garea explica en El Español que la vía elegida por el equipo de Pedro Sánchez para esta modificación del Código Penal ha sido la de tramitarla como proposición de ley en lugar de proyecto de ley del Gobierno. Esto lo que supone es que se haga por la vía rápida al no tener que esperar a informes de las instituciones implicadas en la segunda de las vías, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, que dilatan los procesos. Un camino más rápido que, avisan quienes saben de leyes, puede acarrear algún tropiezo en el futuro.

Así lo cuenta Garea, quien indica que el camino iniciado podría suponer un “reproche” del Tribunal Constitucional. En La Vanguardia avanzan que, una vez esa reforma se apruebe, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que llevó a cabo el juicio deberá recalcular las penas impuestas. Por su parte, fuentes de la Fiscalía han avanzado al citado diario catalán que, una vez esté claro el contenido de la reforma, es posible que se puede volver a solicitar el delito de rebelión para los líderes huidos. Esto se debe a que el nuevo delito no engloba lo ocurrido los días previos y la aprobación de las leyes de desconexión, por lo que podrían volver a la petición inicial de rebelión.

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