Con recursos ante la Corte y amparos, organizaciones buscan frenar regresiones del “plan B” que afectan paridad e inclusión

Un amicus curiae respaldado por cerca de 300 firmas de activistas y representantes de la sociedad civil y un amparo individual fueron presentados este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para frenar las afectaciones que las reformas electorales conocidas como “plan B” traerán para la representatividad de grupos históricamente discriminados y la paridad. 

“A la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a todo el pueblo de México les comunicamos que estas acciones legales, este amparo, los hemos presentado pues estos diversos colectivos y activistas nos hemos articulado para defender los derechos políticos de jóvenes, indígenas, afromexicanas, migrantes, residentes en el extranjero, así como poblaciones LGBT+ y nosotras las personas con discapacidad”, señaló Cecilia Guillén, de En Primera Persona, AC, al leer el pronunciamiento suscrito por todas las organizaciones afuera de la SCJN. 

La acompañaron Laurel Miranda, comunicadora y defensora de derechos humanos; Ari Muñoz, de LGBT Rights; Germán Valdez, activista social y político por los derechos de las juventudes; Rubí Toledo, indígena maya-tseltal, activista por los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas, y Elvis Madariaga, de la Red Nacional de Ciegos de México.

Las organizaciones detallaron que, a lo largo de tres décadas de construcción de instituciones y legislaciones electorales, todos los grupos históricamente excluidos han sostenido una lucha constante por su derecho a la participación política, particularmente a la representación parlamentaria y la toma de decisiones. 

“Con mucho trabajo y no pocas resistencias, hemos logrado acciones afirmativas enmarcadas a veces en legislación, a veces en sentencias, a veces en lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), pero también por los organismos públicos electorales”, dijo Guillén en nombre de las agrupaciones. Enseguida, explicó las afectaciones del “plan B” a estos avances.  

Animal Político publicó hoy que las reformas electorales implican un riesgo de regresión porque los lugares garantizados para personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, residentes en el extranjero y de la diversidad sexual se reducen de 50 a 25, y además se suma a jóvenes. En tanto, la paridad queda sujeta a la discrecionalidad de los partidos políticos, mientras que no se establecen reglas claras para sancionar la violencia política de género. 

Las organizaciones recordaron que en 2021 el INE acató sentencias del Tribunal Electoral y aprobó cuotas tanto en representación por mayoría relativa como en listas plurinominales para estas poblaciones. Los lineamientos del instituto, dijeron, generaron un círculo virtuoso en el que los partidos registraron 520 personas cuando solo tenían la obligación de registrar 50.

“El principal retroceso en derechos que implica el ‘plan B’ es que ese mínimo de 50 espacios conquistados en 2021 ahora se reduce a la mitad, solo 25, para todos estos grupos, y peor aún, no se define cómo serán distribuidos, sino que se deja al Congreso la responsabilidad de eventualmente establecer estos criterios y se le quita a las instituciones electorales cualquier facultad para especificarlos”, destacaron las organizaciones. 

Recordaron además que las acciones afirmativas —medidas temporales que obligan a dar un tratamiento preferencial a un grupo históricamente discriminado para generar un piso parejo— no son gestos de buena voluntad ni concesiones del poder, sino que se necesitan para garantizar la integración de un Congreso que visibilice y represente a todas las personas. Son obligaciones que ha adquirido México al incorporar los principios de derechos humanos en la Constitución, así como mediante la ratificación de distintos tratados internacionales, añadieron.

Además, exigieron una participación activa en la toma de decisiones del país, con representantes democráticamente electos y acciones afirmativas que les visibilicen y les incluyan para participar en los procesos internos de los partidos, las candidaturas y campañas electorales. Solo de esa manera, remarcaron, podrá eliminarse la discriminación estructural que estos grupos han vivido a lo largo de la historia. 

Al término del pronunciamiento, Guillén detalló en entrevista que el “plan B” se armó sin la participación de todos los colectivos involucrados. En particular, dijo, personas con discapacidad e indígenas debieron haber sido consultadas. 

“Eso en sí mismo ya es una violación grave a cualquier intento de representación que quisiéramos tener nosotros. Luego, tiene varios inconvenientes: restringe la participación política, es regresivo en los espacios que se habían logrado, es muy marcado cómo nos deja fuera de las posibilidades de representación política”, señaló.

Lee más: INE manda a abril la implementación del ‘plan B’; se prevé achicar la Secretaría Ejecutiva

La senadora Patricia Mercado, que acompañó a las organizaciones, explicó que los legítimamente interesados —alrededor de 300 firmantes— se sumaron al amicus curiae solamente en referencia a las acciones afirmativas, para exponer a la Corte las razones por las que las reformas electorales no son constitucionales.

“También se metió un amparo de una persona. La idea es que pueda haber amparos colectivos, pero también más amparos individuales porque, así, la interpretación de jueces puede ser distinta —a diferencia de con un mismo juez—. Hoy se metió uno de Cecilia Guillén, vamos a ver a qué juzgado se va y así se van a ir presentado contra esta porción de acciones afirmativas, que tienen que ver sobre todo con estas dos poblaciones que las convenciones dicen que tienen que ser consultadas”, añadió.