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Rechazada prisión preventiva a exjefa de gabinete de Castillo por autogolpe

Lima, 26 abr (EFE).- El juez Juan Carlos Checkley rechazó este miércoles imponer la prisión preventiva contra la expresidenta del Consejo de Ministros de Perú Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, aunque dictó contra ellos comparecencia ante las autoridades en el proceso abierto por su participación en el fallido golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.

Durante la lectura de la resolución en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el magistrado explicó que no habían suficientes argumentos para el peligro de fuga y obstaculización de la Justicia de los investigados, al declarar infundado el pedido de la Fiscalía de 18 meses de prisión preventiva contra los tres exfuncionarios.

En su lugar, el juez impuso una fianza de 100.000 soles (26.000 dólares) contra Chávez, de 80.000 soles (21.500 dólares) contra Huerta y de 50.000 soles (13.404 dólares) contra Sánchez.

Checkley declaró infundado el requerimiento fiscal contra Chávez, Huerta y Sánchez, en condición de exministros, como presuntos coautores de los delitos de rebelión en agravio del Estado y alternativamente de conspiración, a raíz del fallido autogolpe de Castillo.

El magistrado les impuso reglas de conducta, como los de no ausentarse de la localidad de su residencia, concurrir las veces que sean citados al juzgado y acudir mensualmente a firmar un libro de control a partir del próximo 2 de mayo.

Señaló que, entre las evidencias mostradas por la Fiscalía contra Chávez, está el mensaje que envió a los integrantes del Consejo de Ministros para que acudan de forma urgente, el día del autogolpe, a la Presidencia del Consejo de Ministros, ubicada en el Palacio de Gobierno, porque se trataba de un "día histórico".

Además, Chávez pidió al canal estatal TV Perú que enviara a una periodista y un camarógrafo para hacer una entrevista, pero que al llegar al lugar les indicó a los comunicadores que se trataba de la transmisión de un mensaje a la nación, en el cual Castillo anunció el cierre del Congreso y un Gobierno de emergencia, entre otras medidas.

En el despacho presidencial se encontraban Castillo, Chávez y el ex primer ministro y asesor presidencial Aníbal Torres en el momento en que el exmandatario, recluido en el penal de Barbadillo por rebelión y conspiración, leyó el anuncio del golpe de Estado.

De acuerdo a la denuncia fiscal, Castillo, Chávez y los exministros aprovecharon la condición del expresidente como jefe supremo de la Policía Nacional y las fuerzas armadas para ordenar que estas se alzaran contra el orden constitucional, lo cual no se ejecutó.

Sin embargo, su defensa reiteró que Chávez "no tenía conocimiento del contenido del mensaje a la nación" de Castillo, que el anuncio de un autogolpe "fue su decisión y de nadie más" en referencia al exmandatario, y que "no existió un acuerdo para subvertir el orden constitucional".

En su resolución, el juez descartó el peligro de fuga de Chávez porque tiene arraigo laboral, domiciliario, familiar y educativo, y tampoco se han presentado actos de entorpecimiento en esta y otras investigaciones.

Con respecto al exministro Sánchez y actual congresista, el magistrado recordó que el denunciado llegó a Palacio y le dio la mano al exministro Huerta y le dijo "Todo por el Perú", en supuesto acuerdo con la medida anunciada por el exgobernante.

No obstante, su abogado explicó que una frase pronunciada por Sánchez "no permite inferir que haya participado en los hechos", pues asegura que llegó al despacho presidencial después de que concluyó el mensaje a la nación, lo cual ha sido corroborado con 10 testimonios.

En el caso de Sánchez, el juez afirmó que no había elementos de "sospecha fuerte" de participación en los delitos.

En relación al exministro Huerta, el magistrado indicó que hay "sospecha fuerte" debido a que algunos policías sí acataron las órdenes para interrumpir el funcionamiento del Congreso, después del golpe de Estado.

Sin embargo, Checkley resolvió que no hay peligro suficiente de fuga o de obstaculización a las investigaciones y optó por la comparecencia con restricciones.

(c) Agencia EFE