“Racismo institucional” de la Hacienda neerlandesa: ¿cultura o casos aislados?

La Haya, 2 jun (EFE).- “Han discriminado, hay racismo” en la Hacienda neerlandesa, dice a Efe la abogada española Eva González, crítica con el Gobierno de Países Bajos después de que admitiera la existencia de “racismo institucional” hacia ciudadanos de origen no occidental, pero lo limita a algunos funcionarios y no a una cultura general.

Eva González fue quien destapó los abusos de Hacienda, que acusó, sin fundamento, a decenas de miles de padres -en su mayoría de origen extranjero- de fraude fiscal con ayudas que recibieron para pagar la guardería de sus hijos, lo que llevó a las familias a la ruina al verse obligadas a devolver cantidades ingentes de dinero que no tenían.

El Gobierno admite ahora que hubo “racismo institucional” en el uso de listas negras de posibles defraudadores basada en factores de riesgo que incluyen la segunda nacionalidad o las donaciones a mezquitas para decidir sobre subsidios familiares o registro a empresas.

Es la primera vez desde que estalló el escándalo en 2020 que se reconoce la discriminación, un paso dado después de que la consultora PwC publicara resultados de una investigación que mostró que las personas de origen no occidental estaban sujetas a controles más estrictos por Hacienda.

Esta práctica discriminatoria condujo a excesos como ese escándalo de ayudas a las familias, por el que el gobierno dimitió en bloque en enero del año pasado. Pero, según admite ahora, esta práctica también afectó a empresarios de origen extranjero, que fueron controlados de forma más intensa que los de origen neerlandés, aunque no ha confirmado el alcance.

“Lo importante es que, parcialmente, ha reconocido que ha habido racismo. Y no solo en el escándalo de las ayudas a los padres, también en los controles de la declaraciones de impuestos de las compañías. Si eras de origen extranjero, cogían tu archivo y lo sacaban del resto para analizarlo más a fondo”, agrega la letrada.

En una misiva al Parlamento, el viceministro de Finanzas, Marnix van Rij, admitió que “varios de los hallazgos y ejemplos descritos por PwC caen bajo esta definición de racismo institucional”, pero señaló que “no había absolutamente ninguna política detrás de esto” y que “el racismo institucional no es un término legal, sino sociológico".

Para el término, Van Rij se refirió a una definición del Instituto de Derechos Humanos de Países Bajos: “El racismo institucional trata típicamente de mecanismos, procedimientos, hábitos o comportamientos arraigados y estructurales, que pueden aparecer en muchas formas diferentes y, a menudo, de manera indirecta, a veces difícil de reconocer como una desventaja para ciertos grupos de personas por su origen”.

Además, agregó, se trata “más de comportamientos que surgen de prejuicios inconscientes y de ignorancia, y no tanto de acciones intencionadas, lo que por supuesto no es menos doloroso para los afectados”.

González subraya que “lo que está haciendo ahora el gobierno es ver cuál va a ser la definición exacta”, pero advierte de que “le da igual como lo quieren llamar, la realidad es que han discriminado, ha habido racismo, lo han reconocido y eso es bastante”, por lo que tienen que asumir las consecuencias e indemnizar a los afectados.

“Me parece importante mirar qué se puede hacer a nivel europeo para controlar un Estado que haga esto con sus ciudadanos y sus compañías. Que, por no tener pasaporte neerlandés, tener otra nacionalidad o una etnicidad, te controlen antes. Eso es lo que ellos han dicho que han hecho, por mucho que digan que ha sido sin querer”, agrega.

Hacienda procesó datos personales en una plataforma de señalización de fraudes (FSV) y los investigadores encontraron manuales que mostraban que las evaluaciones de riesgo se basaban en características personales, nacionalidad, edad, o detalles como una donación a la mezquita.

Las listas negras de potenciales defraudadores se usaron desde 2012 hasta principios de 2020, y en ellas había unas 270.000 personas, incluidos menores. La existencia de este sistema salió a la luz gracias a una investigación de los medios RTL Nieuws y Trouw.

Las consecuencias de ese control fueron graves: no recibieron la reprogramación de la deuda ni los préstamos estudiantiles, o se enfrentaron a problemas financieros, pero Van Rij, que consideró esos manuales “inaceptables”, subrayó que fueron solo acciones de “varios empleados”.

La Autoridad Neerlandesa de Protección de Datos (AP) impuso una multa de 2,75 millones de euros a las autoridades fiscales por procesar de manera “ilegal, discriminatoria e indebida” esa información. El Ministerio de Finanzas fue multado con 3,7 millones.

Imane Rachidi

(c) Agencia EFE