Qué tiene que ver el confinamiento del Covid con las matanzas de jóvenes colombianos

Mariángela Velásquez
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TOPSHOT - Friends and relatives mourn next to the coffin of one of the eight youngsters murdered in a rural area of Samaniego, Narino department, Colombia, on August 17, 2020. - Colombian authorities and NGOs warned on Sunday about the deterioration of security in the country, after thirteen young people and adolescents were killed in a period of four days amid the confinement measures to stop the coronavirus. (Photo by Leonardo CASTRO / AFP) (Photo by LEONARDO CASTRO/AFP via Getty Images)
Familiares y amigos lloran a uno de los ocho jóvenes asesinados en la zona rural de Samaniego, departamento de Nariño,, Colombia, el 17 de agosto de 2020 (Foto LEONARDO CASTRO/AFP via Getty Images)

Los dieciocho muchachos asesinados en las últimas semanas en Colombia no eran delincuentes, ni combatientes. Eran jóvenes que transitaban por zonas peligrosas del sur colombiano y fueron acribillados sin una motivación aparente. Ni la policía ni las autoridades locales saben dar respuestas.

Lo cierto es que engrosan una sangrienta lista de al menos 40 masacres en Colombia en lo que va de 2020.

El procurador general Fernando Carrillo advirtió que el Estado Colombiano debe salir del confinamiento para capturar a los asesinos, que han aprovechado las restricciones de movilización impuestas para contener el COVID-19 para expandir sus dominios.

Para comprender la magnitud de la tragedia colombiana hay que recordar primero la definición de masacre: Matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado.

Es posible que el número de matanzas sea mayor, pero 40 son las que reconoce la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En 2020 han documentado 33 masacres y le quedan 7 por investigar. El ritmo de la violencia es tan frenético que tienen conocimiento de 97 asesinatos de activistas de Derechos Humanos pero que apenas han podido sentar registros de 45 casos.

La desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) luego de los acuerdos de paz ha dejado un vacío de poder en vastos territorios que las autoridades colombianas no ha sabido llenar

Los grupos armados ilegales se han adueñado de extensas áreas de los sureños departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca y han impuesto su propia ley.

El director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia, dijo a la agencia EFE que han regresado a lo que sucedía hace 20 años, cuando las masacres estaban a la orden del día y su "justificación" era que los asesinados eran colaboradores de la guerrilla. "Ahora son unas cosas completamente absurdas".

La nueva realidad del sur colombiano en tiempos de pandemia está marcada por los enfrentamientos de los traficantes de drogas, la delincuencia común y los ex combatientes. Los ciudadanos se alejan de las calles ante el vacío institucional y el miedo al contagio, y éstas son ocupadas por los irregulares.

Insight Crime describe a Colombia como la puerta a Suramérica, un territorio extenso con acceso a dos océanos que comparte fronteras desoladas con 4 países. "Tres cordilleras que recorren el país le dan espacio suficiente a las organizaciones criminales para que muevan, escondan y produzcan drogas ilegales, así como para llevar a cabo otras actividades como la minería ilegal.".

Todos los chicos asesinados transitaban en zonas calientes que el Estado colombiano no ha podido controlar.

El portal Las2Orillas informó sobre los asesinatos más recientes. Se trata de los hermanos Jeison y Alejandro Fajardo Ruiz, de 15 y 16 años. Nacieron en el departamento del Caquetá y murieron en Cauca en busca de una mejor calidad de vida.

Los vecinos responsabilizan a grupos disidentes de las FARC, que buscan controlar el territorio. También dijeron que los asaltantes primero torturaron y tirotearon a Jeison. Alejandro fue asesinado cuando intentó salvar a su hermano menor.

Las2 orillas relató que los hermanos fueron enterrados en la vereda El Trébol, de la en zona rural de El Patía. Para acallar el hecho, el grupo armado arrebató los teléfonos móviles a los pobladores y destruyó los puntos de Wifi de la zona.

En el caso del crimen de Leiva, en Nariño, los problemas de la educación a distancia condujeron a Cristián Caicedo y Maicol Ibarra, de 12 y 17 años, al matadero. Los jóvenes salieron de sus casas el 10 de agosto para entregar unas tareas que no pudieron enviar por internet en medio de la suspensión de las clases presenciales.

Las imágenes satelitales muestran los pequeños poblados dispersos en la inmensidad de las montañas. Los adolescentes debían recorrer varios kilómetros de caminos solitarios desde sus hogares en las veredas de Mamaconde y Papayal Balboa, en el municipio del Cauca, hasta el lugar de su muerte en Leiva.

El alcalde de Leiva denunció a través de su cuenta de Twitter que su municipio es escenario de las luchas de grupos paramilitares que se disputan el control del territorio.

“El límite entre Cauca y Nariño es uno de los varios caminos clave para los traficantes de drogas, porque les da acceso directo desde las plantaciones que controlan hasta el océano Pacífico. Y de ahí al mundo entero”, sostiene Jaime Honorio González, periodista e investigador a CNN en Español.

El 11 de agosto también fue un día negro. Cinco jóvenes entre 14 y 15 años fueron asesinados con tiros de gracia o heridas de armas blancas en el barrio Llano Verde de la ciudad de Cali, en Valle del Cauca. Se trataba de muchachos sanos, que practicaban deporte y participaban en una organización juvenil local.

Un video publicado en internet por un familiar de las víctimas mostró los cadáveres de los adolescentes y señaló a cuatro policías como los posibles culpables.

Luego siguió la saña. Una granada en medio del sepelio de los chicos y mató a uno de los dolientes. Y el día 16, fue incendiada la huerta comunitaria más grade del barrio que fue levantada por los voluntarios de la organización Despertar Juvenil a la que pertenecían varios de los muchachos asesinados.

El 16 de agosto, en el municipio Samaniego de Nariño hubo dos ataques simultáneos. En uno, hombres armados mataron a ocho muchachos. En el otro, asesinaron a una chica. Nadie sabe nada.

Paradójicamente, la pandemia y la paz colocaron a la población civil en una situación de alto riesgo.

"La ocurrencia de masacres en el país manifiesta el altísimo grado de crudeza con la que los actores armados ilegales se encuentran disputándose los territorios para someter a la población civil a regímenes arbitrarios de violencia", aseguró la Defensoría del Pueblo.

El director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Jorge Restrepo, dijo a la BBC que en Colombia han surgido dos tipos de nuevas masacres.

La primera está protagonizada por "grupos armados ligados a la producción de narcóticos que usan el miedo y el terror que un asesinato colectivo infunde para que los grupos de jóvenes y la comunidad no interrumpan sus intereses", dijo Restrepo.

Las segundas "responden a disputas entre grupos armados ligados a la explotación de oro, el tráfico de narcóticos y la producción de drogas ilícitas y que están en proceso de fusionarse o adquirirse entre ellas", agrega.

Así que los grupos que usan el terror para controlar a la población y la violencia para ampliar las operaciones ilegales han encontrado el terreno perfecto en el confinamiento del coronavirus, según la organización Human Rights Watch (HRW), que advirtió al menos once regiones de Colombia están sufriendo estas amenazas.

Nariño es el centro de operaciones de las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como Clan del Golfo, y disidencias de las FARC, alertó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

Valencia dijo a la agencia EFE cualquiera o varias organizaciones criminales pudieran ser los responsables de las matanzas.

"En medio de la pandemia se ha visto en las fronteras que los grupos ilegales (...) están controlando a la población y amenazando a quien no cumpla con la cuarentena, al que no se confine, y están haciendo una labor que debería hacer el Estado", advirtió.

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