Los "químicos para siempre" estaban en todas partes en 2023, se prevén más litigios en 2024

Por Clark Mindock

28 dic (Reuters) - Las demandas que acusan a las empresas químicas de contaminar el agua potable de Estados Unidos con sustancias químicas tóxicas PFAS llevaron a más de 11.000 millones de dólares en acuerdos en 2023, y los expertos predicen que las nuevas regulaciones y la creciente concienciación sobre la contaminación por PFAS en el país estimularán más litigios y acuerdos en el próximo año.

Apodados "químicos para siempre" porque no se descomponen fácilmente en el cuerpo humano ni en el medio ambiente, las sustancias perfluoroalquílicas y polifluoroalquílicas, o PFAS, son un grupo de unas 15.000 sustancias químicas conocidas que se utilizan en cientos de productos comerciales y de consumo, como espumas antiincendios, sartenes antiadherentes, ropa antimanchas y cosméticos.

La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos ha tomado varias medidas en los últimos años para endurecer la normativa sobre PFAS, calificando estas sustancias químicas de "problema urgente para la salud pública y el medio ambiente".

POR QUÉ ES IMPORTANTE

Las empresas químicas, como 3M, Chemours, Corteva y DuPont de Nemours, se han enfrentado a miles de demandas en los últimos años por supuesta contaminación con PFAS.

Muchos de los casos, en los que se alega que los PFAS presentes en las espumas de extinción de incendios pulverizadas en aeropuertos y estaciones de bomberos de todo el país han contaminado el suministro de agua, se han consolidado en un litigio multidistrito (MDL) en un tribunal federal de Carolina del Sur.

El litigio incluye demandas presentadas por empresas de suministro de agua que pretenden que las empresas paguen la limpieza de la contaminación por PFAS y demandas por daños personales presentadas por demandantes individuales que alegan que la exposición a los PFAS les ha provocado problemas de salud, como cáncer, disfunción hormonal y colitis ulcerosa.

Un portavoz de 3M afirmó que los PFAS pueden fabricarse y utilizarse de forma segura, y señaló que la empresa tiene previsto interrumpir su producción de PFAS para 2025. Chemours, DuPont y Corteva declinaron hacer comentarios sobre el litigio.

Otros litigios incluyen demandas colectivas de consumidores por productos que contienen PFAS, demandas de estados por daños medioambientales a la fauna y las vías fluviales, y demandas para obligar a las empresas a pagar la limpieza de PFAS en residuos que se han filtrado o vertido en aguas subterráneas y ríos desde plantas industriales y de fabricación.

En junio, poco antes de que se iniciara un juicio de prueba en la MDL, 3M y las empresas de suministro de agua anunciaron que habían llegado a un acuerdo de 10.300 millones de dólares para contribuir a la limpieza del agua potable. Ese mismo mes se alcanzó un acuerdo similar entre DuPont, Chemours y Corteva por 1.190 millones de dólares.

El juez de distrito Richard Gergel de Charleston, que supervisa la MDL, ha advertido que las demandas podrían suponer una "amenaza existencial" para las empresas que se enfrentan a reclamaciones por PFAS.

Los expertos afirman que las posibles responsabilidades derivadas de los litigios podrían empujar a los demandados a llegar a acuerdos para evitar veredictos masivos o a solicitar la protección por quiebra. En mayo, Kidde-Fenwal Inc, filial de Carrier Global, se declaró en quiebra alegando el peso de sus responsabilidades por PFAS.

LO QUE SIGNIFICA PARA 2024

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos ha declarado que se han encontrado PFAS en el medio ambiente de todo el mundo, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han descubierto que las sustancias químicas pueden estar en la sangre del 97% de los estadounidenses, por lo que el posible número de demandantes podría ser enorme.

Los expertos jurídicos predicen que en 2024 se presentarán más demandas relacionadas con PFAS fuera de la MDL, incluidas más demandas contra marcas de consumo cuyos productos contienen PFAS y más demandas por lesiones personales.

"La historia de los litigios no ha hecho más que empezar", afirmó Kenneth Rivlin, director del grupo de derecho medioambiental de Allen & Overy.

Los expertos también esperan acontecimientos clave en la MDL en 2024. En agosto está previsto al menos un juicio, en el que las empresas de suministro de agua defenderán que las empresas que fabricaron espumas contra incendios y no llegaron a un acuerdo en junio son responsables de los costos de limpieza relacionados con los PFAS.

Mientras tanto, el proceso de selección de los testigos de miles de casos de lesiones personales en la MDL está en marcha, y se espera que los primeros juicios para los demandantes con cáncer de riñón, cáncer testicular, hipotiroidismo y colitis ulcerosa se programen en 2024.

También es posible que se celebren juicios fuera de Carolina del Sur, como la demanda presentada por un grupo de 100.000 residentes de Carolina del Norte que alegan que Chemours y otras empresas son responsables de los PFAS vertidos en el río Cape Fear y la demanda presentada por propietarios de viviendas de Maine que afirman que una papelera local contaminó sus pozos de aguas subterráneas.

Los expertos también están atentos a posibles acuerdos entre empresas químicas y fiscales generales de los estados que alegan que los PFAS están dañando sus ríos, la fauna y otros recursos naturales, después de que Nueva Jersey y Ohio firmaron sus propios acuerdos por 393 millones de dólares y 110 millones de dólares respectivamente en 2023. Hasta ahora, más de dos docenas de fiscales generales estatales han presentado demandas por PFAS, 14 de ellas en 2023.

En los últimos años también ha aumentado el número de demandas colectivas de consumidores contra empresas que fabrican ropa, productos de higiene personal como el hilo dental e incluso envoltorios de alimentos que contienen PFAS, y es probable que esos litigios sigan aumentando, según David Fusco, abogado de K&L Gates.

Entretanto, la EPA ha indicado que el año que viene presentará una normativa que fijará límites obligatorios para algunos PFAS en el agua potable y que podría designar algunos PFAS como peligrosos en virtud de la ley estadounidense Superfund, que establece la responsabilidad y el reparto de costos para limpiar los lugares contaminados.

Lauren Brogdon, socia de Haynes and Boone, dijo que esas normativas "casi sin duda estimularán los litigios en 2024 y en los años siguientes".

(Reporte de Clark Mindock; Editado en Español por Ricardo Figueroa)