Las negociaciones ya empezaron. Si bien hasta ahora el Secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, tenía diálogo fluido con los rectores de las universidades nacionales, en realidad era en la Casa Rosada, en el despacho del ministro de Economía, Luis Caputo, donde se decidía si había fondos o no para actualizar el presupuesto universitario, que languidecía. Así lo consignaron fuentes cercanas al secretario.

Fue en la cartera de Economía donde se decidió otorgar un incremento del 70% para gastos de funcionamiento, y otros 70% más tarde, lo mismo que para las partidas de los hospitales universitarios. Ahora las cosas serán distintas, dicen en el Gobierno. La necesidad de bajar la confrontación, y de despolitizar el conflicto y llevarlo a un plano técnico llevó a la decisión de que ahora las negociaciones las conduzcan la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y Torrendell. Claro que confían en que haya otra respuesta distinta a la monocorde “no hay plata”, cuando advierten que están frente a un problema latente. De hecho, esta tarde, la ministra se reunió con la Secretaría Legal y Técnica y con Jefatura de Gabinete para negociar más fondos y estudiar cómo implementan la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), para analizar el presupuesto universitario.

El martes se reunirán Pettovello y Torrendell con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y van a conformar las primeras comisiones. Más allá del clima enrarecido posmarcha del martes pasado cuando se movilizaron más de 400.000 personas es probable que el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Ciro Álvarez, no esté presente.

En el encuentro anterior que tuvieron con los rectores, durante el plenario del CIN, a comienzo de este mes, varios responsables de las casas de altos estudios le dijeron a Torrendell y a Álvarez que jugaban al policía bueno y al policía malo, cuando el primero, con sus modos amables, les pedía que revisaran si tenían gastos superfluos que recortar en un contexto de escasez. En cambio, Álvarez, tomó la palabra, apuntó contra el adoctrinamiento y las universidades “flojas de papeles”, e hizo que las caras de los rectores, durante el diálogo se trasformaran completamente.

Lo que Torrendell les va a pedir encarecidamente, según se supo, es que se negocie, pero que a partir de ahora se vuelvan a encender las luces de todas las facultades. Que el mensaje fue efectivo, que a nivel comunicacional llegó y caló hondo, pero que no más. “Si, realmente como plantean los rectores alguna facultad recibe una cuenta astronómica y no pudiera pagarlo de los gastos de funcionamiento, ya les hicimos saber y lo vamos a reiterar, que nos pueden hacer llegar la factura y desde la Secretaría de Educación se va a pagar. De ninguna manera, se puede permitir que se corte la luz a una institución educativa, decir eso es una mentira o agitar el miedo en la población”, señalaron fuentes cercanas al secretario de Educación.

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Hace unos días, una amiga de la hija de un funcionario relató cómo a la noche, el subsuelo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires se había vuelto una boca de lobo, por el que había que transitar solo con la linterna del celular.

El plan

¿Cuál es el plan? “No tiene que haber ningún recorte. Economía nos tiene que habilitar más partidas. Para esto no aplica la motosierra. En el presupuesto universitario hay que usar bisturí”, apuntaron.

¿Qué buscará cortar ese bisturí? Desde la Secretaría explican lo que ya se repitió varias veces: que el 90% del presupuesto de las universidades se destina al pago de salarios, que están muy abajo con la inflación. No se buscará recortes en ese punto, al contrario, se negociará con Economía y en paritarias, aumentos acordes a la inflación. Los gastos de funcionamiento implican el 5% del presupuesto. Lo que se relaciona con pagos de luz, gas y otros gastos de mantenimiento no está en discusión, se explicó. Es más, se espera que para la segunda mitad del año se logren nuevos aumentos, similares a los dos de 70% que se otorgaron. Sí apuntarán a que los rectores informen a las autoridades en detalle cuáles son los servicios tercerizados. Y desde la Secretaría de Educación ponen el ejemplo de que cuando llegaron al gobierno, en esa cartera había contratado un call center que no existía y al que se le pagaban 14 millones de pesos por mes. Y que se dio de baja.

“Tenemos que salir de la discusión política para centrarnos en lo educativo y lo técnico. Así como lo hicimos con la educación básica, que aunque atraviesa uno de los momentos más difíciles desde 2001 en cuanto a restricción de presupuesto, hoy se está trabajando activamente con el Consejo Federal de Educación, en un plan de alfabetización”, indicaron desde la Secretaría de Educación. De hecho, el lunes próximo se reunirán para que cada provincia presente el suyo.

Torrendell comenta a sus colaboradores que no está estresado, que sabe que su suerte se juega día a día. Pero dice que él funciona mejor bajo presión.

¿En qué se mal gasta el dinero de las universidades? Desde la Secretaría quieren saber, y probablemente ese será el foco de las auditorías y las consultas con los rectores, de qué se compone ese otro 5% del presupuesto que figura como “gastos bajo la línea”. El concepto se refiere a lo que queda por debajo del presupuesto original y se compone de programas específicos. “Pueden ser bien aplicados o discrecionales, hoy no sabemos cómo se compone ese gasto. Tenemos que saberlo, porque es allí, lo mismo que en el rubro servicios tercerizados, donde se puede dinero a intereses contrarios o particulares. Tenemos que investigarlo. Esa puede ser la puerta de entrada de grandes negocios, pero hay que usar el bisturí y no la motosierra”, señalaron desde la Secretaría.

Por lo pronto, el pedido, el martes próximo será clave: que las facultades vuelvan a funcionar con todas las luces encendidas, y que si no pueden pagar, presenten la factura a la Secretaría de Educación.