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Proyecto de Plan de Ordenamiento para la CDMX deja fuera regulación de precio de vivienda y de Airbnb, alertan especialistas

FOTOS: Eréndira Aquino
FOTOS: Eréndira Aquino

El nuevo proyecto de Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT) —que dictará las directrices para la Ciudad de México por los siguientes 15 años— no contempla políticas para regular el precio de la vivienda ni a las plataformas de rentas para turistas como Airbnb, alertaron académicos que tuvieron acceso al documento.

La advertencia se produjo durante la segunda sesión del foro “La planeación en la Ciudad de México”, en la que Patricio Carezzana, funcionario del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), presentó parte del contenido del proyecto de PGOT, que actualmente se encuentra en revisión de la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, previo a ser enviado al Congreso local para su discusión y aprobación.

Víctor Delgadillo, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) —quien junto con otros cinco investigadores tuvo acceso al proyecto—, señaló que entre los temas ausentes para la planeación de la CDMX está la regulación de “plataformas digitales que lucran con bienes y servicios que no son suyos”, como Uber y Airbnb.

“Estos capitalistas que quien sabe de dónde salen cotizan en la Bolsa de Valores y extraen recursos de la ciudad y este programa no dice nada, no defiende a la ciudad de este capitalismo porque no hace una sola mención sobre la financiarización del desarrollo”, criticó Delgadillo.

Anavel Monterrubio, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), agregó que el documento “no establece con claridad las acciones institucionales para resolver los problemas de vivienda, infraestructura o espacios públicos, ni menciona cómo se van a manejar las reservas territoriales para brindar opciones a familias que habitan en riesgo”.

De acuerdo con Monterrubio, el proyecto “tampoco comenta con claridad y con honestidad la realidad de la política urbana, que seguirá apoyando al mercado inmobiliario en zonas céntricas y valoradas, porque es ahí donde logra maximizar sus posibilidades de capitalización”.

Entre las críticas al PGOT también estuvo la metodología con la que se presentan las propuestas de ordenamiento territorial. Alejandro Suárez Pareyón, de la UNAM, comentó: “En el documento que conocemos hay una absoluta ignorancia sobre la población, en cuanto a la cuantificación, no se habla de dónde está localizada, tampoco se habla de su situación económica”.

“No tenemos en el diagnóstico ninguna noción de cómo está distribuida esa población en las alcaldías, y si eso no se toma en cuenta, difícilmente se puede hacer una propuesta de ordenamiento que sea equitativa para los ciudadanos, y si no se sabe, ¿cómo se va a tener derecho a la vivienda digna? Tampoco queda claro cómo va a ser el acceso al suelo”, dijo.

La falta de acciones específicas para regular los precios de la vivienda y el crecimiento de plataformas como Airbnb en el PGOT ocurre aun cuando la jefa de gobierno se comprometió a establecer políticas públicas para atender estos problemas, promesa que dio luego de diversas manifestaciones en la capital contra el convenio que firmó con la empresa de alojamientos turísticos para promover a la ciudad como destino para nómadas digitales.

Los reclamos por la participación ciudadana

Al igual que como ocurrió en el primer foro sobre planeación de la ciudad que organizó la UNAM —donde el IPDP adelantó parte del contenido del Plan General de Desarrollo, que también está próximo a ser enviado al Congreso—, asistentes y ponentes reclamaron entre consignas la falta de difusión de la consulta de los documentos.

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Erika Díaz, del Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México, insistió en la necesidad de abrir los procesos de consulta de los contenidos de las políticas que se implementan en la ciudad, como el PGOT, con una diversificación de los canales de participación ciudadana que asegure la expresión y el diálogo entre todos los sectores de la población.

Como ponente de la sociedad civil en el foro, Díaz propuso que el gobierno capitalino trabaje en coordinación con las alcaldías, para que los vecinos de cada una de ellas lleven a cabo talleres y discusiones.

A esta exigencia de que se tomen en cuenta las opiniones de la ciudadanía se sumaron varios de los asistentes al foro, entre ellos, Adriana Baschuk, quien reclamó que el IPDP hable de participación ciudadana cuando los mecanismos que habilitaron contaron con la asistencia de solo 42 mil personas, quienes emitieron 35 mil opiniones “que no representan lo que piensa la mayoría de la población en esta ciudad”.

“Está demostrado, aunque no reconocido en el documento, que la socialización de estos instrumentos desde el principio fue fallida, porque hubo personas que más allá de conocer o no los documentos decidieron no participar, porque no hubo difusión”, señaló.

Silvia Solares, otra de las asistentes, reclamó la falta de diálogo por parte de las autoridades con los pueblos originarios de la ciudad. Habitante de Nativitas, en Xochimilco, la mujer acusó que las voces de las organizaciones comunitarias no fueron tomadas en cuenta, aunque sus territorios son los más vulnerables ante el crecimiento de la urbe.

“Nosotros, los pueblos, ya estamos cansados. El día que nos volvamos a manifestar que no les caiga de extraño, porque tenemos un límite y si no somos consultados debidamente nos alzaremos, así de sencillo, porque no estamos dispuestos a entregar el territorio”, indicó.

Las participaciones de ponentes y del público fueron constantemente interrumpidas por consignas con las que algunos grupos reivindicaban sus exigencias, entre ellas, “Sheinbaum, entiende, los pueblos no se venden”.

La respuesta del IPDP

Carezzana señaló que, tal como lo establece la Ley de Planeación, el IPDP entregará al Congreso local los nuevos proyectos del Plan General de Desarrollo y del de Ordenamiento Territorial, cuando sean aprobados por la jefa de gobierno.

Una vez que esto ocurra, dijo, “sabemos que por ley se tiene que garantizar el parlamento abierto (en el Congreso), como en el tratamiento de cualquier ley o cualquier informe; va a ser hasta este momento cuando ambos documentos sean públicos, en cumplimiento con las normas de transparencia”. Con ello, aseguró que la posibilidad de diálogo con la ciudadanía no se ha cerrado. 

Según la información presentada por Carezzana, el nuevo proyecto de PGOT contará con un diagnóstico territorial de la ciudad que permita la identificación de problemas prioritarios, así como con los principios rectores y ejes de acciones para regular el territorio, con una visión que privilegie el derecho a la ciudad.

Los objetivos estratégicos serán la protección y conservación ecológica del suelo de conservación, la gestión sustentable del agua, el desarrollo rural, la gestión integral de riesgos y protección civil, así como la regulación responsable del suelo.

Además, contempla acciones para ordenar y gestionar los espacios públicos e infraestructura para el bienestar de las personas; movilidad integral, segura y sustentable; vivienda adecuada asequible, accesible, bien ubicada y segura, y patrimonio cultural, natural, rural y biocultural.