Proyecto de ley de seguridad escolar se centra en la identificación de agresores, no el acceso a las armas

Mientras la nación se estremece por otro inexplicable tiroteo en una escuela de Texas, la Florida avanza en los ajustes a su ley relacionada con la seguridad escolar, pero la medida no tocará las leyes de armas del estado.

Un día después que un agresor armado de 18 años entró en una escuela primaria de Uvalde, Texas, y mató a 19 alumnos y dos maestras, la Legislatura de la Florida envió el proyecto de ley HB 1421 al gobernador Ron DeSantis para que lo firme. La medida, aprobada durante el período ordinario de sesiones legislativas, intenta mejorar la transparencia en torno a las emergencias escolares, refuerza los requisitos sobre quiénes pueden servir de agentes de seguridad escolar, aumenta la capacitación relacionada con la salud mental de los jóvenes y, por primera vez, requiere que la Oficina de Escuelas Seguras del Departamento de Educación de la Florida adopte un plan para la reunificación familiar cuando las escuelas públicas de educación básica se cierren o son evacuadas inesperadamente.

Es la actualización más reciente de la legislación aprobada en 2018 por la Legislatura liderada por los republicanos en respuesta al tiroteo en la Secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland donde murieron 17 estudiantes y personal educativo y resultaron heridos otros 17.

En ese momento, el senador Wilton Simpson, republicano de Trilby que ha sido presidente del Senado durante los últimos dos años, predijo: “El enfoque de esta Legislatura estará en esto durante muchos años”.

Atormentados por lo que vieron en Parkland, los líderes del Senado trabajaron con los demócratas para aprobar las primeras restricciones de armas en una generación en la Florida. Aumentaron la edad para poseer un arma de fuego en la Florida de 18 a 21 años, prohibieron las culatas de disparo rápido, impusieron la primera ley de “bandera roja” del estado que permite a las fuerzas del orden confiscar las armas de personas que se consideran una amenaza para sí mismas o para los demás, dieron a las escuelas la capacidad de armar al personal escolar y crearon la Comisión de Seguridad Pública de la Secundaria Marjory Stoneman Douglas.

Pero el enfoque se alejó rápidamente de las armas de fuego y se mantuvo en cómo reforzar las escuelas, armar al personal escolar y evitar que los niños se conviertan en tiradores.

Este año, el representante Chris Latvala, republicano de Clearwater, y presidente de la Comisión de Educación y Empleo de la Cámara entregó el representante Fred Hawkins, un republicano de St. Cloud, un proyecto de ley destinado a seguir algunas de las recomendaciones de la comisión, en particular los centrados en cómo las escuelas pueden responder mejor ante un agresor armado.

“No puedo garantizar que no vaya a ocurrir otro incidente, pero si los distritos escolares ponen en práctica todo lo que estamos diciendo, puede marcar la diferencia”, dijo Hawkins la semana pasada. “Lo que estamos haciendo salvará vidas, pero tenemos que asegurarnos de que estamos dando ayuda a las personas que la necesitan antes de que esto ocurra”.

Trabajando con la representante Christine Hunschofsky, demócrata que era alcaldesa de Parkland en el momento del tiroteo, persuadieron a sus colegas de hacer los primeros cambios significativos en la Ley de Seguridad Pública de la Secundaria Marjory Stoneman Douglas de 2018 y aprobaron el proyecto de ley que hace cambios crecientes a la ley existente.

Apoyo unánime a los cambios

A diferencia de la legislación de 2018, el HB 1421 y su compañero en el Senado, el SB 802, recibieron un apoyo unánime en la Cámara y el Senado.

La medida extenderá la vida de la Comisión de Seguridad Pública de la Secundaria Marjory Stoneman Douglas hasta julio de 2026 para continuar evaluando los problemas de seguridad escolar, monitorear la implementación de la ley y proporcionar supervisión de la Oficina de Escuelas Seguras.

“Siempre hay más trabajo que hacer”, dijo Hunschofsky, señalando que, por ejemplo, no hay suficientes psicólogos escolares disponibles para satisfacer la necesidad de evaluaciones de salud mental.

“Es importante seguir hablando con los maestros, los padres y los directores para ver qué está pasando ahí fuera”, dijo. “A menudo hay una gestión por crisis, y estamos tratando de asegurarnos que estamos anticipando las cosas antes de que sucedan”.

Hawkins, ex comisionado del Condado Osceola que es presidente de la Fundación de Educación de Osceola, dijo que su compromiso con el tema se consolidó para él cuando conoció a las familias de las víctimas de Parkland este año.

Después de reunirse con Tony Montalto, el presidente del grupo activista Stand With Parkland y cuya hija Gina fue asesinada en el tiroteo, Hawkins dijo que hizo la promesa de mantener el tema en enfoque mientras permanezca en la Legislatura.

“Tony me tendió la mano con lágrimas en los ojos”, recordó. “Pensé que iba a darme la mano. Me tomó la mano y me puso una muñequera. Me dijo: ‘No te la quites hasta que pases esto’”.

Hawkins dijo que durante la sesión legislativa, veía a Montalto en los pasillos, “y me aseguré de llevarla todos los días. Esas pulseras están en mi tocador y me recuerdan cada día que debo seguir avanzando y rezar por esas familias”.

Pero Hawkins es como la mayoría de sus colegas republicanos y pasa apuros para dar una respuesta cuando se le pregunta qué peligro hay en restringir el acceso a las armas de alta capacidad y a la munición o en exigir la verificación universal de antecedentes para obtener un arma.

“No tengo esa respuesta”, dijo. “¿Cuántas personas tienen armas para cazar y protegerse, tienen permisos de armas ocultas y no las usan para dañar a otros? Eso es lo que me lleva a pensar que se trata de la salud mental de alguien, y por eso seguiré centrándome asegurar que estamos abordando el problema de la salud mental de la persona”.

Impulso a la verificación universal de antecedentes

Por el contrario, Hunschofsky apoya la verificación universal de antecedentes a nivel nacional en la compra de armas y municiones porque, dijo, “solo entonces las leyes de bandera roja serán efectivas”. Desde 2018, la ley de “bandera roja” de la Florida había sido usada más de 3,500 veces para principios de 2020, según Associated Press.

Uno de los componentes más importantes de la legislación de este año es el mandato de que las escuelas creen un plan de reunificación familiar en medio de una emergencia, dijo Hunschofsky.

Después del tiroteo en la Secundaria Marjorie Stoneman Douglas, los padres pasaron apuros para obtener información precisa sobre sus hijos durante casi 12 horas después del tiroteo “porque no teníamos un plan”, recordó Hunschofsky. “También hay que asegurarse de elegir un lugar donde haya privacidad, para que los padres puedan obtener fácilmente su información y recoger a sus hijos y, cuando los padres estén posiblemente recibiendo malas noticias, haya un espacio privado para ello”.

A medida que surge la información de la tragedia en Uvalde, tanto Hawkins como Hunschofsky dijeron que son muy conscientes del recordatorio traumático que supone para las familias de Parkland.

“Las comunidades que pasan por estos tiroteos en las escuelas cambian para siempre, y cuando ocurre otro tiroteo en una escuela, realmente traumatiza a todas las otras comunidades que tuvieron tiroteos anteriores en sus escuelas”, dijo.

Pero también hay lecciones que aprender, añadió, señalando que el tirador de Uvalde supuestamente entró en la escuela a través de una puerta que se suponía que estaba cerrada con llave pero no lo estaba.

“Es importante cumplir los protocolos de seguridad con fidelidad”, dijo Hunschofsky. “Cuando decimos que la puerta debe estar cerrada con llave, que debe haber un único punto de entrada, entonces las puertas deben estar realmente cerradas con llave y debe haber realmente un único punto de entrada”.

Muchos distritos no cumplen del todo las normas

Hawkins dijo que un hecho preocupante en la Florida es que, a pesar de las recomendaciones y regulaciones impuestas después de la tragedia de Parkland, la “mayoría de los distritos escolares no cumplen por completo”, a pesar de que hay dinero reservado al cual pueden acceder las escuelas.

“¿Cuánto período de gracia les permitiremos ?”, preguntó. “Esa será una decisión para el próximo comisionado de educación”.

El ex senador estatal Manny Díaz Jr., de Hialeah, asume esa función el miércoles 1 de junio.

Entre las recomendaciones, las medidas que esperan la aprobación del gobernador serían:

▪ Requerir que la Junta de Educación de la Florida adopte reglas que establezcan los requisitos para los simulacros de emergencia, incluyendo el tiempo, la frecuencia, la participación, el entrenamiento, la notificación y las adaptaciones.

▪ Requerir que las fuerzas del orden responsables de responder a las escuelas en caso de una emergencia de asaltantes estén físicamente presentes y participen en los simulacros de asaltantes activos.

▪ Exigir que los datos de los informes de incidentes de seguridad escolar y ambientales se publiquen anualmente en un formato uniforme y estatal que sea fácil de leer y comprender.

▪ Exigir que los agentes de seguridad escolar que son agentes del orden jurados completen la capacitación de intervención en crisis de salud mental y que al menos el 80% del personal escolar reciba la capacitación obligatoria de concienciación sobre la salud mental de los jóvenes.

▪ Exigir a los funcionarios de escuelas seguras que no sean agentes del orden jurados que reciban capacitación sobre respuesta a incidentes.

▪ Exigir que el distrito escolar y los equipos de respuesta móvil locales usen la misma herramienta de detección de suicidios aprobada por el Departamento de Educación.

▪ Requerir que la Oficina de Escuelas Seguras proporcione a los distritos escolares información sobre el uso adecuado del Programa de Concienciación de Seguridad Escolar, incluyendo las consecuencias de enviar información falsa a sabiendas.