Proveedores y ciudadanos: cómo garantizar el derecho humano al agua

En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) aprobó la Resolución 64/292, que reconoce “que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. En una resolución posterior, la AGNU asignó a los gobiernos la responsabilidad de garantizar la plena realización de estos derechos. En México, tal derecho está codificado en la ley; el artículo 4, párrafo 6 de la constitución garantiza el “derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” y subraya la obligación del estado en garantizar este derecho.

Un tema principal para asegurar los derechos a agua potable y saneamiento (A y S) saludable es comprender los procesos y mecanismos institucionales que provocan fallas en la provisión de servicios. En un artículo académico que publicamos recientemente, titulado Introducción de un marco conceptual para analizar las debilidades en la prestación de servicios institucionales y los derechos humanos al agua y el saneamiento: estudios de caso de la República Democrática del Congo, Haití, Mozambique y Níger, buscamos entender el cumplimiento de los derechos humanos de A y S en países de bajos y medianos ingresos, y cómo estos se ve limitados por fallas en las redes de rendición de cuentas y gobernanza que vinculan al Estado, los proveedores de A y S y los ciudadanos.

Para entender fallas en la provisión de servicios, nuestro documento utiliza el marco conceptual de la provisión de servicios introducido en el Informe sobre el desarrollo mundial de 2004 (Figura 1) –empleando a la República Democrática del Congo (RDC), Haití, Mozambique y Níger como casos de estudio.

Figura 1. Marco Conceptual de Canales de Prestación de Servicios

Encontramos que las fallas en la provisión de servicios están primordialmente relacionadas con problemas en la rendición de cuentas entre el gobierno y los proveedores de servicios. Ciertas dificultades trasversales que enfrenta el sector de A y S en estos cuatro países incluyen: coordinación insuficiente y responsabilidades o funciones superpuestas entre diferentes ministerios gubernamentales, así como procesos de descentralización incompletos o inadecuados con cuellos de botella institucionales y financieros en la distribución y asignación de servicios. Estos hallazgos también aplican al sector de A y S en México, ya que igualmente sufre de cuellos de botella institucionales equivalentes y fallas en los procesos de abastecimiento de servicios.

En dicha publicación también resaltamos la necesidad de realizar investigaciones adicionales para comprender mejor la relación entre los ciudadanos que utilizan A y S, y los proveedores de servicios, al mismo tiempo destacando el papel de las instituciones y la gobernanza apropiada en la creación de condiciones propicias para abordar los problemas de acceso y prestación de servicios. Informados por un enfoque basado en los derechos humanos, sugerimos una serie de recomendaciones para abordar estos problemas, que también son relevantes para el sector de A y S en México.

Éstas recomendaciones incluyen: promover la igualdad y la no discriminación en la distribución de los recursos para la expansión de dichos servicios básicos; aumentar la participación ciudadana en el proceso de prestación de servicios; mejorar los niveles de rendición de cuentas, transparencia y sostenibilidad de A y S en el gobierno; promover una mayor coordinación entre entidades gubernamentales; impulsar la descentralización y el fortalecimiento de la capacidad local, y garantizar que las Entidades Federativas adopten políticas tributarias justas y redistributivas y aumenten sus ingresos totales a través del principio de realización progresiva y tarifa cero para las personas en extrema pobreza.

La literatura sobre derechos humanos ofrece una guía concreta sobre cómo abordar cada uno de estos problemas. Además, la Práctica Global del Agua del Banco Mundial ha lanzado una referencia analítica, titulada Políticas, Instituciones y Regulaciones (PIR), para ilustrar cómo la gobernanza sólida y las instituciones y procesos específicos del sector siguen siendo clave para garantizar el derecho a A y S.

En el camino hacia la universalización de los servicios, hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6.1 y 6.2, y al derecho humano al agua, tal como se encuentra codificado en la constitución mexicana, es fundamental que se preste mayor atención a comprender las ineficiencias en la prestación de servicios, los cuellos de botella institucionales y financieros, y que se realicen investigaciones adicionales para explorar mejor la relación entre ciudadanos y proveedores de A y S.

* Christian Borja es economista senior por la práctica de Agua y Saneamiento del Banco Mundial. Jonathan Grabinsky es especialista en temas de gobierno, cuenta con una licenciatura y maestría en políticas públicas por la Universidad de Chicago. Eva Kloeve, PHD, es jefa de la Unidad de Sectores Prioritarios de Subvenciones del Noruega y EEA.

Las opiniones presentadas aquí son de los autores y no representan las opiniones del Banco Mundial, ni de los miembros de la Junta Directiva Ejecutiva. Tampoco representan las opiniones la Unidad de Sectores Prioritarios de Subvenciones del EEA y Noruega.