La Ciudad implementó un protocolo para la atención de personas en situación de calle con problemas de salud mental o consumo de sustancias con el que buscará dar respuesta a una demanda social silenciosa, que crece a la par en toda la población. Seis de cada 10 de los adultos, chicos o adolescentes que deambulan en la vía pública sufre de algún padecimiento mental, de acuerdo con información oficial.

Hace tres semanas, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) puso en servicio las dos primeras ambulancias para el traslado de pacientes en casos de emergencia psiquiátrica, sea un brote o violencia, con amenaza para la persona o terceros. Ayer, el gobierno porteño informó que son cuatro las unidades a cargo de emergentólogos con experiencia en la contención de pacientes durante una crisis y que el protocolo que coordina tareas entre equipos de los ministerios de Salud, Desarrollo Humano y Hábitat, Seguridad y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes está en vigor. Por el momento, se aplica a las personas en situación de calle que requieren atención psiquiátrica.

¿Cuál es la mejor forma de ayudar a una persona en situación de calle?

“El principal objetivo es que nuestros equipos de la Ciudad puedan actuar y ayudar a personas en estado de vulnerabilidad habitacional con algún problema de salud mental o consumo problemático de sustancias. Hasta el momento, cuando había una situación de estas características se miraba para otro lado”, dijo Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

¿Cómo funciona? Cuando un vecino llama a las líneas 107, 108, 147 o 911 de la ciudad o personal policial o del programa Buenos Aires Presente (BAP) para advertir n que una persona en la vía pública podría tener algún problema de salud mental o por consumo de sustancias, sea drogas o alcohol, “en presunto riesgo cierto e inminente para sí o terceros” se da intervención a la Unidad de Emergencia en Salud Mental del SAME. En el caso de un menor de edad, debe darse intervención al Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Si tras una evaluación en el lugar, efectivamente la persona requiere atención, se la traslada a un hospital porteño. En paralelo, el protocolo manda que se identifique a la o las personas asistidas, cualquiera sea el área de la Ciudad que intervenga. Se hace junto con la Oficina Central de Identificación del Ministerio Público Fiscal y, según se explicó, también sirve para determinar si hay familiares en algún lugar del país que están buscándolas.

Por lo menos 1104 adolescentes y niños duermen en plazas, veredas y bancos de CABA

Si en el hospital, el equipo médico determina que no es necesaria la internación y el tratamiento puede ser ambulatorio, el seguimiento queda a cargo de un equipo tratante con intervención de los ministerios de Salud y Desarrollo Humano y Hábitat a través de las direcciones generales de Salud Mental y Atención Integral Inmediata.

“Se deberá brindar información a la persona, en cuanto su estado de conciencia lo permita, en términos claros y sencillos, acerca de su estado de salud, los tratamientos que se propongan y sus efectos y resultados, así como otras alternativas terapéuticas y las posibles consecuencias de no tratarse”, indica la guía de procedimientos porteña.

Para Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, el protocolo “es una herramienta fundamental” para los equipos del BAP ante estos casos. “Las que teníamos hasta hoy no eran suficientes para resolver este problema que afecta a los tres millones de porteños”, resaltó. Es que en muchos casos se generan situaciones de riesgo, amenazas o violencia con vecinos, que también le venían demandando intervención a la ciudad.

El funcionario detalló que, a poco de que comience un nuevo censo de las personas sin techo en la ciudad, hay unas 3500 personas en situación de calle, incluidos 25 menores de edad. Son 1200 las personas que duermen en la vía pública (plazas, accesos a viviendas, esquinas, áreas de cajeros automáticos en bancos, entre más lugares). El resto pasa la noche en alguno de los centros de inclusión social (CIS) de la ciudad. Ahí, también, hay especialistas en salud mental que están siguiendo el protocolo consensuado con Salud.

Internación

Pero si es necesaria la internación de la persona trasladada, el Ministerio de Salud a cargo de Fernán Quirós definió cómo proceder en el caso de que sea involuntaria, uno de los puntos que las familias reclaman que se modifique en la Ley de Salud Mental. En su artículo 20, la norma considera que debe ser “un recurso terapéutico excepcional” cuando no sea posible el tratamiento ambulatorio y que “solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

El procedimiento que está aplicando la Ciudad determina que “para disponer la internación involuntaria, los profesionales del equipo interdisciplinario del efector de salud [por el hospital al que el SAME hizo el traslado] deberán determinar la existencia de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros en el plazo de la ley vigente en materia de salud mental. Ese plazo se podrá extender a un máximo de 72 horas [como indica la misma norma] cuando la persona hubiese ingresado por una situación de urgencia y su internación fuese para prevenir un riesgo indeseable para la integridad del paciente y/o terceros, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°488 [de Salud Mental de la ciudad]”.

Por esa ley local, un segundo profesional debe evaluar al paciente en esas 72 horas y si coinciden en que debe continuar la internación, tienen que fundamentar el tratamiento por seguir. “La internación involuntaria cesará en el momento de realizarse la confirmación de cese del riesgo cierto o inminente”. Luego del alta, Salud y Desarrollo Social quedan a cargo del seguimiento del paciente.

“En el caso de que el paciente presente riesgos para sí o para terceros, se lo interna, aunque no preste su consentimiento. Si no presenta riesgo y no es necesaria la internación, se le dará seguimiento profesional, algo que antes no sucedía”, sostuvo Macri. El artículo 20 de la Ley Nacional de Salud Mental, según señaló, “no funciona” y planteó que, en el día a día, “la lógica de pensar que una persona con adicción va a levantar la mano y pedir ayuda no sucede”.

De acuerdo con el protocolo, hay 70 camas en los hospitales Rivadavia, Álvarez, Piñero, Durand y Pirovano para pacientes con problemas de salud mental, además de los cuatro hospitales especializados (Borda, Moyano, Alvear y Tobar García) para los casos de mayor gravedad. Se prevé sumar otra área de salud mental en el hospital Tornú. Si la emergencia es por consumo de sustancias, el traslado es a un hospital con sala de desintoxicación, como el Fernández.

“Fortalecimos la estructura y la cantidad de ambulancias de capacidad de respuesta profesional del SAME psiquiátrico para poder atender de forma más rápida, más efectiva y más distribuida en toda la Ciudad frente a todas las necesidades de evaluación de personas que estén en calle y con trastornos de la salud mental y que requieran una evaluación profesional de su verdadero riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, dijo Quirós.

Para el gobierno porteño hay un cambio de la Ley de Salud Mental, a la que adhiere el distrito, que requiere atención urgente: cómo hacer para que una persona ceda su autonomía en las decisiones terapéuticas durante una crisis por una enfermedad mental o adicción. El Ministerio de Salud plantea que una solución con valor jurídico sería implementar en estos casos las directivas anticipadas: fuera de la emergencia y con plena autonomía, que la persona designe a quién ceder la decisión durante una crisis.

Es más, durante una reunión con medios, anticiparon que la Ciudad analiza proponerlo cuando el Congreso Nacional retome la actualización que había planteado el gobierno nacional en su ley ómnibus. Entre las negociaciones con los bloques, la Casa Rosada aceptó retirar los cambios que había planteado en el capítulo dedicado a salud. Una diputada que integró hasta el año pasado la Comisión de Salud admitió ante LA NACIÓN en un intervalo cuando se debatía el proyecto de ley oficial la falta de interés en que prosperara cualquier iniciativa de actualizar el texto sobre salud mental.