Proponen tipificar como delito el despojo de agua en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El diputado local de Morena, Miguel Ángel Macedo, propuso tipificar como delito el despojo de agua, y castigarlo con una pena de cinco a 10 años de prisión.

Durante la sesión ordinaria de este martes en el Congreso de la Ciudad de México, el legislador presentó una iniciativa para modificar el Código Penal local con la finalidad de sancionar a quien, por acción u omisión, restrinja, obstaculice o vulnere el derecho de acceso y disposición de agua potable.

"Esto incluye la exigencia de dádivas, promesas de dinero u otras contraprestaciones de cualquier naturaleza, así como la imposición de condiciones para la distribución de agua potable cuando esta se realice con bienes públicos", señala la propuesta.

Estas penas se incrementarán en una mitad cuando este delito sea cometido por servidores públicos, señala la iniciativa turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.

"La crisis del agua en la Ciudad de México es un problema estructural que afecta a millones de personas, especialmente en las zonas periféricas y con menor desarrollo urbano. Actualmente, el suministro de agua potable se enfrenta a diversos desafíos, entre ellos, el desabasto y distribución irregular y hasta nulo. La población depende de pipas de agua, que en muchas ocasiones llegan con retrasos o de manera condicionada", aseveró el legislador.

Añadió que a ello se suma el uso discrecional del servicio de pipas, pues los operadores privados de estos vehículos controlan el acceso al agua, solicitando pagos indebidos, favores políticos o documentación personal como credenciales de elector para otorgar el servicio, a lo que se suma la corrupción y clientelismo político, pues muchos servidores públicos suelen condicionar la entrega de agua potable a la

"Este problema no sólo vulnera el derecho humano al agua, sino que profundiza las desigualdades sociales", apuntó Macedo Escartín.

Recalcó que la falta de acceso al agua potable afecta la salud pública, la higiene, la alimentación y el bienestar de las familias. Además, genera una carga económica adicional, ya que muchas familias deben comprar agua a precios elevados en el mercado informal.