Proponen pena de hasta 9 años de prisión para "goteros" en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- La diputada local del PRI, Guadalupe Barrón propuso una pena de tres a seis años de prisión a quien suministre fármacos, drogas o sustancias psicotrópicas en cualquier bebida dentro de un establecimiento mercantil, pues esto pone en riesgo la vida, integridad y salud de los consumidores.

Esta pena propuesta se aumentaría a la mitad, es decir 3 años más, si la llamada "sumisión química" se realiza con el fin de cometer un delito sexual, secuestro, robo, extorsión u homicidio, aprovechando la sedación u otro efecto propio de la sustancia o sustancias.

Esta iniciativa busca reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles y el Código Penal local para que la "sumisión química" puede definirse como la agresión sexual, robo, extorsión y/o maltrato, sufridos bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. Estas sustancias pueden administrarse de forma subrepticia o aprovechar sus efectos para cometer el delito, cuando la víctima ve disminuida su capacidad para identificar una situación de peligro o resistirse a la agresión.

La legisladora del PRI mencionó que este tipo de conductas están sucediendo con mayor frecuencia en bares y restaurantes de la Ciudad de México, siendo las mujeres las principales víctimas, pero desde hace muchos años los hombres lo han sido de las denominadas "goteras".

Explicó que el daño ocurre cuando en un establecimiento mercantil, en cuyo giro se sirve y/o se vende alcohol, una o varias personas, ya sean una trabajadora o trabajador del establecimiento, o bien, alguna persona en su calidad de cliente suministra en la bebida de otra algún fármaco, droga, sustancia natural o química, o cualquier otra.

Generalmente, esta conducta tiene como finalidad el someter a una persona, reduciéndole su capacidad de entendimiento y decisión para cometer algún delito como abuso sexual, secuestro, robo, extorsión, e incluso el homicidio.

Destacó que este tipo de conductas no están tipificadas como delito en la legislación penal federal, ni tampoco en la legislación local, situación que es aprovechada por quienes las cometen.

Guadalupe Barrón puntualizó que actualmente la Ley de Establecimientos Mercantiles prevé clausura permanente a los establecimientos mercantiles que vendan bebidas adulteradas, o con substancias químicas que puedan afectar la salud del consumidor, disposición que está rebasada por la práctica de sumisión química.

La Iniciativa propone que los establecimientos mercantiles, con giros de impacto vecinal y de impacto zonal, tengan un control de acceso que verifique que tanto su personal como sus clientes no ingresen con algún tipo de fármaco no prescrito, droga, sustancia natural o química, o cualquier otra, que no sea necesario para estar dentro del establecimiento; de lo contrario, serán cerrados de forma permanente.

Para su análisis y dictamen, la Iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Administración Pública Local y la de Administración y Procuración de Justicia.