A propósito del negocio de la educación

Desde hace varias semanas las protestas estudiantiles propalestinas han ido en aumento, tanto al interior de los Estados Unidos como a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, en este texto, únicamente haré referencia a las universidades estadounidenses por la posición que ha adoptado ese país frente al conflicto israelí-palestino y su relación con una de las partes; situaciones que, de alguna manera, marcan el objetivo de las protestas en dicho país.

Pese a que, por supuesto, los estudiantes protestantes piden un cese al fuego –cosa que entiendo como meramente simbólica, ya que las autoridades universitarias no están en posibilidades de poner fin al conflicto– la demanda principal es la “desinversión” de recursos universitarios en empresas o instituciones que tengan lazos de financiamiento con Israel.

Independientemente de si existe o no razón en las exigencias estudiantiles, no hay forma de defender la represión y las ofensas que han enfrentado los estudiantes y las protestas en general, como forma de participación civil en la vida política de los estados.

Sé que, al parecer, algunos estudiantes judíos –por el simple hecho de serlo- han sufrido amenazas y agresiones por parte de integrantes de estas protestas, lo cual ciertamente debería ser sancionado… de manera individual y sobre la base de una conducta tipificada.

De ninguna manera debemos condonar el discurso racista, el antisemitismo, ni los crímenes de odio, pero pedirles a los estudiantes que dejen de protestar –no contra la cultura judía, sino contra el involucramiento de sus universidades en la clara desproporcionalidad económica de un conflicto armado– es pedirles a dichos estudiantes que se comporten como lo que no son. Es ir en contra de los valores que dan sustento a cualquier institución de enseñanza en la que se fomenta el libre pensamiento, el análisis, la crítica, la discusión, la información y -¿por qué no?- el idealismo.

Lo mínimo esperado de cualquier estudiante que ha tenido la fortuna y privilegio de contar con una educación superior es que cuestione. Que no acepte lo que escucha y observa como verdadero. Que levante la voz. Que compruebe. Que opine. Que no huya de la disrupción social, sino que la conozca y juegue con ella. Que piense.

El mensaje de las autoridades universitarias es contradictorio en el sentido de que fomentan a sus alumnos a cuestionar el mundo, siempre y cuando ellas no sean cuestionadas. Venden la idea de que el considerable precio que cobran por sus servicios de enseñanza –el cual para muchos de sus alumnos representa un endeudamiento vitalicio- se destina a la excelencia académica y a la investigación, pero en realidad hoy están confirmando que se trata de perpetuar el enriquecimiento de unos cuantos y de tener acceso a cualquier forma de poder. La formación de adultos críticos encuentra su límite, por lo visto, en la crítica de lo propio, de lo incómodo.

También el mensaje es sumamente condescendiente. Por citar un ejemplo, la doctora Minouche Shafik, presidenta de la Universidad de Columbia en Nueva York, ha manifestado que los propios estudiantes “han pagado un precio muy alto al perder sus últimos días en los salones de clase”, como si el ejercicio de la libertad de expresión y el sentimiento de creerse capaz de lograr un cambio en el mundo no fueran para ellos más importantes que tomar clases de manera presencial.

A Message From President Shafik from Columbia University on Vimeo.

En realidad, para nadie es nuevo que la educación sea puesta al descubierto como un negocio, pero en una época en la que el conocimiento es más asequible que nunca y la información se trasmite en tiempo real alrededor del mundo, las universidades tienen la oportunidad de estar del lado correcto de la historia y demostrar que sus agendas evolucionan a la par de los cambios sociales. Que sus edificios de ladrillo y paredes cubiertas de hiedra no son centros obsoletos de adoctrinamiento, sino espacios seguros para el libre desarrollo y formación de criterios.

* Andrea Avedillo (@AndreaAvedillo) es licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional en distintas áreas jurídicas, como son procuración de justicia; juegos y sorteos, y sector tecnológico. Actualmente se desarrolla como directora legal de un despacho líder en tecnologías del entretenimiento, financieras y de medios.