Prisión Preventiva Oficiosa, el nuevo encontronazo entre AMLO y Poder Judicial

Existen en México múltiples ejemplos de selectividad en la ejecución de la justicia. Una de las puertas para que no se cumpla es la prevista en el artículo 19 de la Constitución referente a la Prisión Preventiva Oficiosa, medida cautelar que se aplica de manera automática en casos que las autoridades consideran graves, como la violencia sexual, homicidio doloso, feminicidio, delincuencia organizada y otros, que permite encarcelar a un presunto infractor sin condena previa.

Por la aplicación de la Prisión Preventiva Oficiosa se encuentran en la cárcel decenas de miles de presuntos delincuentes en espera, por años, de un juicio y la consecuente declaración de culpabilidad o inocencia, circunstancia violatoria de sus derechos humanos.

El abuso en la aplicación de esta medida motivó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera en 2023, una resolución en la que exige a México eliminar la Prisión Preventiva Oficiosa por considerarla violatoria de los derechos humanos y contraria de la Convención Americana. Otorgó un año para el cumplimiento de su sentencia.

La motivación de la Corte Interamericana se originó en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, acusados del asesinato de María de los Ángeles Tamez, en 2001, en el Estado de México. Estuvieron 17 años en prisión preventiva hasta que en 2019 quedaron bajo arresto domiciliario. Fueron condenados en 2022 a 35 años de cárcel, en marzo de 2023 un juez absolvió a Reyes Alpízar por falta de pruebas.

Modificar o cancelar la Prisión Preventiva Oficiosa, como se encuentra en el Artículo 19 de la Constitución, es facultad del Poder Legislativo, que no ha procedido ni recibido alguna petición al respecto del Poder Ejecutivo.

El Poder Judicial actúa en consecuencia. El próximo mes de septiembre, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Margarita Ríos Farjat pondrá a la consideración de sus pares el proyecto que propone invalidar el Artículo 19 Constitucional para inaplicar la prisión preventiva oficiosa en los siguientes casos:

Desaparición forzada, Delitos electorales, Corrupción, Delitos relacionados con hidrocarburos, Robo a establecimientos, Robo a equipaje o daños y perjuicios derivados del robo de transporte de carga, robo a pasajeros, robo al turismo o transporte privado, con lo que se acota el catálogo actual del artículo 19 constitucional. Además, expone que la prisión preventiva oficiosa no debe exceder de dos años, como hoy sucede en múltiples casos.

Ante la posibilidad de que sea modificado el catálogo de delitos previstos en la Articulo 19 la reacción del gobierno de López Obrador fue oponerse.

La secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, en su calidad de integrante del gabinete de seguridad, envió a la SCJN una carta en la que expone que, de aprobarse la propuesta de la ministra Ríos Farjat, se ocasionaría una amenaza a la seguridad nacional debido a que beneficiaría a individuos relacionados con la delincuencia organizada que tienen recursos económicos para evadir la justicia y afectar a las instituciones.

“Hacemos un llamado a la Suprema Corte a respetar a la Constitución, a respetar la división de poderes no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias de eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional”

Según la secretaria Alcalde de eliminar la prisión preventiva oficiosa podrían ser liberados 68,000 presuntos delincuentes, entre los que se encuentran 11, 639 casos por homicidios, 7,149 por secuestro y 5, 617 por violación, entre otros. (Excelsior, 16 de abril de 2024)

Consecuente con su posición sobre el Poder Judicial, López Obrador comentó en la mañanera que no se debe eliminar la prisión preventiva porque eso significaría dar “manga ancha” al Poder Judicial para cometer actos de corrupción.

“Está en discusión lo de quitar la prisión preventiva, yo no estoy de acuerdo, porque es manga ancha, si hay corrupción en el Poder Judicial pues van a seguir todos, siempre se va a alegar lo que pasa de que no estuvo bien hecha la averiguación o cosas que ni quiero referir aquí y que por lo mismo se les da la libertad”.

Acotar el catálogo de delitos previstos en el artículo 19 constitucional, no significa desaparecerlo, pero sí abre la posibilidad de que sean liberados muchos de los que están en prisión, en algunos casos por causas que les son ajenas, como la no investigación de su caso por falta de recursos, o porque sus carpetas están mal integradas, lo que los puede liberar o dejar en prisión.

El riesgo de que algunos delincuentes salgan a la calle es cierto, pero también lo es que otros que injustamente están en la cárcel salgan. En el nombre de la Seguridad Nacional López Obrador se opone a limitar la prisión preventiva. El criterio de la SCJN es para evitar abusos e injusticias en la aplicación de la norma.

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