PRI y PAN se repartieron decenas de plazas y nombramientos en Coahuila, aun cuando la ley marca procedimientos para su designación

Como parte de sus acuerdos políticos para las elecciones de 2023 y las de este año, el  PAN y PRI en Coahuila acordaron nombramientos de cargos como notarías, direcciones de planteles educativos y de oficinas del Registro Civil, la ratificación de un magistrado, una plaza en el instituto estatal de transparencia y hasta la Junta de Caminos, lo que podría involucrar cientos de plazas y pasar por encima de los requisitos legales de algunos de ellos.

Además, el acuerdo incluye cargos como las direcciones de Subsistema de Educación, Infraestructura y Obras Públicas, Medio Ambiente, Turismo, Economía o Cultura; la alcaldía de Torreón, cinco diputaciones ubicadas en Acuña, Monclova, Frontera y Torreón, y al menos tres secretarías del gabinete del gobernador Manolo Jiménez.

Ahora los panistas exigen al gobernador priísta Manolo Jiménez que cumpla, pero en la selección de todos los cargos existe una ley que marca requisitos y procedimientos para su designación.

De acuerdo al documento difundido por Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, se repartieron el 20% plazas de los planteles educativos, en un estado en el que hay 5 mil 309 escuelas de educación básica, media superior y superior, de acuerdo al concentrado estadístico del Sistema Educativo Coahuilense. También el 20% de plazas en el Registro Civil, cuando existen 61 en el estado. O seis notarías, a pesar de que la ley establece criterios específicos para abrir nuevas plazas.

Por ejemplo, en el caso de las notarías, los requisitos son aprobar el examen de selección y que existan notarías acéfalas –es decir, notarías sin un titular por el fallecimiento de la persona que ejerció previamente dicho cargo–, según señala el artículo 90 de la Ley del Notariado en Coahuila. 

Solo puede haber una excepción para no realizar el examen, y es que el gobernador a petición de quien solicita exima de su cumplimiento,  porque considera que está suficientemente capacitado. 

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Para el caso de selección de un comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Transparencia, la designación es realizada por el congreso local, que emite una convocatoria pública y permanece más de un mes en proceso. 

Primero informa el número de aspirantes y quienes fueron acreedores al derecho de examen. Una vez que aprueban, los candidatos deben ser parte de una audiencia pública ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. 

Finalmente, la comisión propone a los aspirantes que considere tienen un perfil adecuado y al menos dos terceras partes del congreso deben aprobar, según detalla el  artículo 162  de la Ley de Acceso a la información Pública para el estado. 

En esta selección está prohibido que los comisionados tuvieran un cargo de elección popular en los cinco años anteriores. Tampoco que dirigieran comités directivos de un partido político o un culto religioso, ni ser militante activo o públicamente en los últimos cinco años. 

Mientras que en el caso de las regidurías, deben ser seleccionados quienes fueran candidatos a presidente municipal y no ganaron. Además de haber obtenido el tres por ciento del total de la votación municipal, explica el artículo 19 del Código Electoral Para el Estado de Coahuila. 

Y como representación proporcional, se asignará una regiduría a todo partido político que obtuviera el tres por ciento de la votación. 

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En el caso de la ratificación de un magistrado, debe tener una mayoría de votos entre los restantes cinco magistrados que integran el pleno del Consejo de la Judicatura, dice el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila. 

El documento publicado por Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, menciona ratificar a un magistrado de nombre Bernardo. El único magistrado estatal con ese nombre es Bernardo González Morales, designado en 2019 como magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. El cargo anterior de este funcionario fue presidente del PAN estatal y el anterior, secretario general del PAN estatal.

Carlos Prado Aguilera, especialista en derecho constitucional y catedrático de la Universidad Ibero en Coahuila, explica que el hecho de que los partidos políticos intenten repartir los distintos cargos públicos atenta contra los principios de la transparencia y su desempeño imparcial. 

“Afectan estos principios, porque las decisiones que se tomen muchas veces van a estar influenciadas, ¿por qué? Porque mi puesto se lo debo a alguien”, explica. 

Ante las declaraciones del PAN sobre el acuerdo de cargos, Padro Aguilera comenta que la ciudadanía no tiene herramientas legales para revertir las designaciones. 

“Solo existen dos mecanismos de control constitucional, ninguno de estos dos los puede iniciar una persona. Una de ellas es la acción de constitucionalidad y solamente está facultada para iniciarla el 33% del congreso. El segundo es una controversia constitucional, que es un mecanismo de control de Coahuila y esto solo lo pueden iniciar dependencias que se ven afectadas”, detalla.