Yahoo Noticias Marihuana, la mina de oro (y casi legal) de México que cambiaría todo en EEUU
El Congreso de México está cerca de aprobar la despenalización de la marihuana, incluido su uso recreativo, en lo que sería el caso más amplio de legalización del cannabis a escala nacional en el mundo. Con una población de cerca de 130 millones de personas, si el Senado mexicano ratifica a ley al respecto ya aprobada por la Cámara de Diputados, México superaría de largo a los otros países que han despenalizado la marihuana: Canadá y Uruguay que, en conjunto, tienen unos 41 millones de habitantes.
De suceder esa despenalización, lo que es bastante probable dado que los partidos que la aprobaron en la Cámara son mayoría en el Senado y a que la despenalización es apoyada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, México y Canadá convertirían a Estados Unidos en una especie de centro del sándwich, con dos grandes países al sur y al norte donde ya se habría despenalizado ampliamente el cannabis y se permite la existencia de un mercado de sus productos.
Habrá que esperar, ciertamente, a que el Senado mexicano avale esa ley y a que esta sea promulgada y aplicada (la polémica al respecto es importante en México) pero al parecer si eso sucede su impacto sería de relevancia en relación a Estados Unidos.
Según se reporta en Politico, la legalización amplia del cannabis en México impondría una presión adicional al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden, quien al parecer no es proclive a esa clase de despenalización a gran escala.
Aunque el uso recreativo de la marihuana ya es legal en 14 estados y el Distrito Columbia (la marihuana medicinal es legal en 35 estados y en DC), a escala federal el uso y la posesión de la marihuana son delitos en Estados Unidos. Eso ha causado ya claroscuros en asuntos jurisdiccionales y de procuración de justicia, pero por lo general las autoridades federales, con base en el Memorando Cole emitido en 2013 por el gobierno del presidente Barack Obama, se han refrenado de aplicar exhaustivamente las normas federales en estados que han ya legalizado en su jurisdicción el consumo, la posesión y la venta del cannabis, salvo en casos en que esas actividades estén vinculadas a violencia, armas de fuego u otros delitos.
En 2018, el gobierno de Donald Trump determinó cancelar el Memorando Cole e instruyó a los fiscales federales a aplicar las leyes federales contra el cannabis, aunque eso en general no se ha traducido en actividad federal a gran escala contra, por ejemplo, los dispensarios legales de marihuana recreativa que existen en muchas ciudades estadounidenses. Ahora, el secretario de Justicia del gobierno de Biden, Merrick Garland, dijo en su audiencia de confirmación en el Senado que prevé restablecer provisiones del Memorando Cole. También indicó que desmantelar los mercados estatales de marihuana legal no sería un uso juicioso de los limitados recursos generales, reportó Politico.
La legalización a escala estatal no será afectada, en este contexto, por el gobierno federal estadounidense. El combate contra la marihuana ilegal, la que se produce, vende o distribuye al margen de la normatividad, sí es perseguida.
Pero si se crea en México un enorme mercado de la marihuana legal, y a eso se añade el que ya existe en Canadá a escala nacional y los que ya han sido avalados a nivel estatal en varias entidades de Estados Unidos, la dinámica socioeconómica y las complejidades legales y regulatorias que eso supondría harían aún más complicado el mantener el actual estatus federal del cannabis.
Legalizar la marihuana es un paso que ha sido ampliamente aceptado, aunque tiene sus detractores, como una estrategia diferente para frenar la actividad y las ganancias delictivas del narcotráfico, dejar de criminalizar a los adictos para tratarlos como a pacientes que requieren atención y, además, crear una nueva y jugosa fuente de ingresos fiscales para los gobiernos.
En Estados Unidos, por ejemplo, los estados que han avalado el uso recreativo de la marihuana lo han hecho impulsados en una medida significativa por los impuestos que pueden cobrar de esas ventas y por la posibilidad de destinar esos recursos a programas sociales relevantes o para compensar sus déficits.
Por ello, aunque se ha afirmado que Biden se opone a una legalización amplia del cannabis (Politico dice que, con todo, el presidente sí apoya descriminalizar su consumo y expandir la investigación de la marihuana para usos médicos), la tendencia clara a escala nacional es hacia una legalización cada vez más amplia.
Encuestas en años recientes han señalado que dos tercios de los estadounidenses son favorables a la despenalización de la marihuana y un número creciente de estados están considerando legislación al respecto.
Por ello, es plausible que en el futuro Estados Unidos opté por una legalización a escala federal (sobre todo si más estados lo hacen), y una despenalización amplia del cannabis en México podría ser un factor catalizador de ello.
Eso no sería, con todo, inmediato. Si la ley respectiva es finalmente promulgada en México, se requerirán meses antes de que se aprueben y asignen permisos y se establezca un mercado activo de marihuana recreativa.
Y, en Estados Unidos, aunque la legalización cuenta con significativo apoyo popular, aún no hay indicadores de que el gobierno de Biden o la mayoría demócrata en el Congreso estén por impulsar una despenalización a escala nacional en el corto plazo. Oposición republicana en el Senado podría frenar una ley de esa naturaleza y el propio gobierno de Biden presumiblemente buscará enfocar su capital político en otros asuntos acuciantes, por ejemplo mayor apoyo contra la pandemia de covid-19, un plan nacional de creación y renovación de la infraestructura nacional, la lucha contra el cambio climático, ampliar el control de armas de fuego o lograr una reforma de inmigración.
Lo más previsible es que en el corto plazo se siga dejando a los estados la decisión sobre la legalización (decisión que usualmente se somete a voto popular) y que el gobierno federal se abstenga de romper ese esquema, dejando la aplicación de las normas federales sobre el cannabis solo en los casos en los que hay de por medio otras actividades delictivas o situaciones de violencia o riesgo mayor.
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