Presidencia plantea eliminar al INAI y que Función Pública resguarde datos personales y responda solicitudes

Entre las iniciativas de reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó al Congreso este lunes está la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI), por lo que la Secretaría de la Función Pública se haría cargo de resguardar los datos personales de los ciudadanos y de responder a solicitudes de transparencia.

También propuso la eliminación del Consejo la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Y la fusión del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al INEGI.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo explicó así la necesidad de su eliminación: “Durante muchos años se fue creando una burocracia dorada y la creación de nuevos organismos a los que se debía destinar muchos recursos del presupuesto, por lo que bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es necesario replantear el funcionamiento de estos, que en los hechos duplican funciones y tareas del ejecutivo federal”.

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¿Por qué AMLO propone desaparecer órganos autónomos como el INAI?

El principal motivo para la desaparición es generar ahorros, pero según el cálculo expuesto, el INAI, Cofece e IFT suman 22 mil 701 millones de presupuesto en siete años. Mientras que la CNH y la CRE gastaron 3 mil 568 millones de pesos; y el Coneval y Mejoraedu, 6 mil millones de pesos en el mismo periodo.

Sin embargo, la suma del presupuesto de estos organismos en siete años es de 32 mil 269 millones de pesos, y apenas representa el 6.7% de los 480 mil millones de pesos gastados hasta el momento en el Tren Maya, una obra que ha triplicado su costo a lo previsto.

Ante la desaparición del INAI, sus facultades serían trasladadas de la Secretaría de la Función Pública, pero la colocaría como juez y parte, pues forma parte del Ejecutivo que ha negado entregar información pública a los ciudadanos; por eso el INAI, como organismo autónomo dirime la controversia analizando los casos y si la Ley le da la razón al ciudadano, mandata a las dependencias a entregar la información.

De acuerdo con datos del Informe de Labores del INAI, entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, el pleno resolvió 21 mil 197 recursos de revisión sobre información pública, es decir, la información que instituciones federales, estatales y municipales e incluso aquellos que reciben recursos públicos como partidos políticos, sindicatos y fideicomisos se negaron a entregar a los ciudadanos.

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¿Qué hace el INAI y qué tipo de casos resuelve?

Incluso, los ciudadanos tienen que recurrir al INAI cuando una dependencia, como el IMSS por ejemplo, no le entrega la información que reconozca todas sus semanas cotizadas, o cuando un hospital público se niega a entregarle su expediente clínico.

Sobre este tipo de solicitudes, el INAI resolvió 2 mil 619 recursos de revisión, es decir, a ese número de personas le habían negado el acceso a su propia información que tenía alguna institución, o para rectificar sus datos, cancelar u oponerse a su tratamiento. 

Por ejemplo, en el recurso RRD 763/22, una persona había solicitado al IMSS copia certificada su historial laboral del período de 1977 al 2022, en el cual se identificaran sus semanas cotizadas y datos patronales, pero se negaron a entregarlo porque su número de seguridad social no tenía el dato de CURP. El INAI determinó que si la CURP no estaba registrada en su sistema, no era motivo para negarle la información, porque había más datos para corroborar la identificación de la persona, por lo que determinó que el IMSS sí debía entregarle lo que solicitaba.

De hecho, peticiones como esta son de las más recurrentes al solicitar datos personales. El IMSS es la institución con más solicitudes de datos personales, pues de 2003 a septiembre de 2022 sumó 313 mil 480 solicitudes. Cada año suma registró entre 20 mil y 23 mil peticiones, de acuerdo con datos del Informe de Labores del INAI 2022.

Con la reforma que propone el presidente, la Función Pública también se haría cargo del resguardo y defensa de los datos personales; sin embargo, nuevamente sería juez y parte en casos como la filtración de datos personales de periodistas que acuden a la conferencia del presidente y cuya información estaba en poder de la Presidencia.

En este caso, el INAI comenzó una investigación de oficio para determinar las responsabilidades de quien vulnera la privacidad de ciudadanos, en este caso, periodistas. Sin este organismo, la Función Pública tendría que ejercer este tipo de acciones y significa investigar a “su superior”, en este caso, a la Presidencia.

El INAI y la relación con la transparencia en partidos políticos

El INAI también tiene la facultad de hacer cumplir la ley de transparencia a todos los organismos que reciben recursos públicos, incluyendo partidos políticos o sindicatos, por ejemplo.

Al respecto, la reforma propone que “lo que hace a los partidos políticos, se traslada la tutela al Instituto Nacional Electoral y por lo que toca a los Sindicatos, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje”.

El INAI está obligado a vigilar que los particulares cuiden de los datos personales, como las empresas y establecimientos que recopilan información de sus clientes, e incluso, ante un presunto uso indebido, investiga y sanciona.

Sobre esto, la reforma propone que “las atribuciones y obligaciones quedarían a cargo del Ejecutivo Federal, conforme se determine en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”.

¿Qué organismos autónomos propone AMLO eliminar con reforma?

Sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones, creado en 2013, derivado de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, con la finalidad de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como del acceso a infraestructura y otros insumos esenciales.

“Sin embargo, en la práctica el IFT no ha sido efectivo para combatir los monopolios en el sector, pese a su gigantesca estructura orgánica y los elevados salarios de sus comisionados”, dice la propuesta de reforma.

Por ello, las facultades serían trasladadas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

En tanto, las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia Económica serían trasladadas a la Secretaría de Economía. La justificación de la reforma es que “si bien el organismo adquirió autonomía constitucional supuestamente para garantizar la libre competencia y concurrencia, prevenir la existencia de los monopolios y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, lo cual ha resultado ser una falacia. Hoy, los monopolios siguen existiendo y la libre competencia ha sido artificial pues la existencia de dicho órgano constitucional sólo ha beneficiado a las empresas privadas, en perjuicio de las empresas públicas del Estado”.

Las facultades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía pasaría a la Secretaría de Energía, y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) pasaría a la SEP.

Mientras que el Coneval sería fusionado al INEGI, pues, según la propuesta de reforma “existe una duplicidad de funciones con las acciones que actualmente realiza el INEGI, por lo que su coexistencia y desvinculación funcional no se justifica respecto de sus objetivos; en consecuencia, se plantea su fusión con el INEGI, a fin de maximizar su potencial”.