¿Por qué están asesinando a los líderes sociales en Colombia?

Por Sebastián Aguirre Eastman – Medellín, Colombia – @aguirresebas

Aulio Isararama Forastero, gobernador de la comunidad Catru Dubaza Ancoso, en el Alto Baudó, es la víctima más reciente de la que algunos investigadores sociales y defensores de derechos humanos califican como una acción sistemática en contra de líderes sociales en Colombia, aunque el presidente Juan Manuel Santos, en días recientes durante algunas apariciones públicas, ha dicho lo contrario.

Aulio fue asesinado la noche del martes 24 de octubre en el Alto Baudó. Informes periodísticos que citan a dirigentes de las comunidades indígenas del Chocó indican que, presuntamente, la víctima se habría opuesto a labores de reclutamiento por parte de la guerrilla del ELN, que hace presencia en la zona, la cual desde hace varios años se la han disputado grupos al margen de la ley dada su ubicación estratégica, cercana a las costas del Pacífico, que la ubican en la ruta del transporte de coca con destino a Centro y Norteamérica.

El pasado domingo 22 de octubre el líder social del municipio de Tarazá, Miguel Pérez, apareció muerto en una vereda ubicada a una hora de camino de la cabecera municipal de esta población que se encuentra a unos 220 kilómetros de Medellín, en el departamento de Antioquia, y las causas de su muerte no han sido establecidas.

Pérez estaba participando en las labores de sustitución gradual y voluntaria de cultivos de uso ilícito en la zona donde ejercía su liderazgo cívico.

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Las autoridades y las organizaciones civiles, además de los medios de comunicación, no se ponen de acuerdo con las cifras de líderes sociales asesinados en los últimos meses. Marcha Patriótica, movimiento social y político afín a la ideología de izquierda señaló en un comunicado, tras la muerte de Miguel Pérez, que iban 125 muertes en 2017; la Defensoría del Pueblo, entre tanto, comunicó en julio que eran 52, la ONU dijo que eran 106 y el proyecto periodístico Pacifista, que implementó en su sitio web un contador que registra las muertes de líderes sociales desde el 1 de diciembre de 2016, después de la implementación de los Acuerdos de paz, contabilizaba 55 hasta la semana pasada.

¿Qué pasa con la protección de los líderes sociales en Colombia?

Max Yuri Gil es sociólogo e investigador social. Considera que luego de la firma del Acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno colombiano, y ahora con el inicio del proceso de negociaciones con el ELN, es indiscutible que han aumentado los asesinatos de líderes sociales, que de por sí históricamente han registrado cifras altas.

Esto se debe a que muchas de las víctimas hacen parte de procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y restitución de tierras, dos de los puntos más álgidos dentro de las agendas de conversaciones con ambos grupos guerrilleros, toda vez que estos durante sus actividades irregulares acumularon propiedades de forma ilegal, y además acudieron a actividades del narcotráfico para financiar sus ejercicios delincuenciales.

Max Yuri no tiene dudas de que se trata de una acción sistemática, y de ninguna manera se puede pensar que son hechos aislados, pues los asesinatos más recientes tienen patrones en común, como el descrito en el párrafo anterior.

La desmovilización de las Farc ha desnudado, en concepto del investigador, un problema en cuanto a la ausencia del Estado en las zonas donde esa guerrilla dominaba, y que ahora está viendo cómo arriban otros grupos armados como las bandas criminales o el mismo ELN, además de las mismas disidencias de las Farc, que quieren ocupar esos vacíos de autoridad.

A eso le suma Max Yuri que en ocasiones hay complacencia de las fuerzas estatales e incluso participación directa con patrocinio a las actividades ilegales. Además hay una impunidad que el movimiento Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, nodo Antioquia, -en su informe semestral sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos- estimó que está presente en “el 80% de los casos”. “Y sigue rondando los pasillos en los estrados, lo cual significa una respuesta débil del Estado. Un dato adicional, todo esto sucede principalmente en zonas dejadas por las FarcEp tras el Acuerdo de Paz”.

Antonio Madariaga es uno de los líderes de la Mesa Nacional de Víctimas. Considera que si bien es frecuente que estas olas de violencia contra líderes sociales ocurran en etapas de posconflicto, como es el caso actual de Colombia, esto no puede ser un consuelo y en cambio debe servir para que la alerta sea más estridente.

Su concepto es que hay tres fenómenos en la realidad colombiana tras el fin del conflicto con las Farc en 2016:

• Un grupo de municipios donde antes las Farc ejercían control fueron copados por el ELN, que llegó a imponer su ideología, con las consecuencias para quienes no están de acuerdo, como habría sido el caso, en versión por confirmar, del gobernador indígena asesinado este miércoles.

• Otro lote de poblaciones donde la presencia de las Farc era más marginal, y su control fue heredado por grupos paramilitares.

• Por último están aquellos municipios que Antonio Madariaga califica como anarquñias territoriales, en los que no hay un dominio claro y por ende se presenta una explosión de actividades delincuenciales.

En conjunto, esas poblaciones se convierten en un caldo de cultivo para que la violencia allí sea permanente, que se conjuga por demás con una producción importante de hoja de coca, que pone a funcionar otras dinámicas igual de letales, que propician situaciones como cultivos de uso ilícito, presencia o no de procesos de erradicación y sustitución de cultivos.

Esto implica que todo aquel campesino que participe en estos procesos sea objeto de violencia para impedirle ejercer sus funciones por parte de aquellos a quienes no les interesa que estos asuntos proliferen.

¿Soluciones?

Muy pocas. Si bien el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, ha dicho en meses recientes que esa entidad, a través del Sistema de Alertas Tempranas, ha solicitado que se fortalezcan las medidas de seguridad y prevención para evitar que los grupos ilegales vulneren los derechos de la población civil. En palabras de los expertos, la protección de la que hablan se limita al suministro de equipos de comunicación, chalecos antibala y escoltas, cuando las medidas deberían ser más integrales.

“Tendría que haber una política cultural de transformación de los idearios sobre qué es un líder social; en muchas regiones estas personas son vistas como integrantes de grupos violentos”, dice Max Yuri Gil. Sin embargo, Antonio Madariaga afirma que, además de la protección física, es clave que se visibilice la labor de estas personas y que se desarrollen estrategias que disminuyan las posibilidades de que ejercer la defensa de los derechos se convierta en un factor de agresión.