Preocupa aumento de líderes sociales asesinados en Colombia

Jenny Rozo Herrera – Bogotá, Colombia

La situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia sigue siendo de alarma y preocupación, a pesar de los vientos favorables en torno a la paz, tras el acuerdo firmado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), solo en enero fueron asesinados 16 de estos referentes de la comunidad. El movimiento social y político de izquierda Marcha Patriótica, reporta 23, entre enero y lo que va de febrero. Otras fuentes dan cuenta de cifras un poco más bajas pero igual de significativas. Amnistía Internacional se refiere a 10 en enero, “casi el doble de la media mensual del año pasado”, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), siete.

Entre hombres y mujeres, unos pertenecían a Marcha Patriótica, otros eran líderes comunitarios, reclamantes de tierras, representantes de juntas de acción comunal, de comunidades indígenas y de asociaciones campesinas.

Al consultar el informe de Indepaz, se concluye que en la mayoría de los casos el presunto responsable es el grupo paramilitar las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Los asesinatos sucedieron en Cesar (noreste), Córdoba (norte), Chocó y Antioquia (noroeste), y Cauca (suroccidente).

Una de las líderes asesinadas, que pertenecía a Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, Conpaz, fue Emilsen Manyoma, quien estaba acompañada de su compañero sentimental Joe Javier Rodallega. El reporte de la Fiscalía indica que ocurrió el 14 de enero, donde ambos fueron amordazados, atados y luego degollados. Sus cuerpos se hallaron dos días después.

A través de un comunicado, la red condenó y rechazó “categóricamente” lo ocurrido. “(Emilsen) jugó un papel fundamental en el trabajo de Derechos Humanos con jóvenes del consejo comunitario del Bajo Calima (Buenaventura, Valle del Cauca), pertenecía al grupo de líderes de nuestra red CONPAZ, desde donde dinamizaba y acompañaba actividades por la defensa de la vida y de los territorios”.

Consecuencias del acuerdo de paz

Por su parte, el vocero nacional de Marcha Patriótica, David Flórez, le manifestó telefónicamente a Yahoo en Español, que “se esperaría que en la medida en que se firmó el acuerdo de paz, las diferentes mecánicas de violencia en el país deberían disminuir. Hay una disminución de los enfrentamientos Farc- Ejército pero los hostigamientos y asesinatos a los líderes sociales no se detienen sino que aumentan”.

Explicó que viene acompañado de la reaparición y fortalecimiento, en muchos departamentos, del fenómeno paramilitar. “Desde nuestra perspectiva, sigue ahí latente, seguramente con algunas modificaciones, pero en lo esencial, en términos de una alianza entre actores ilegales y legales, entre ellos agentes estatales, que en busca de control político y territorial atentan contra líderes sociales y políticos”.

La comunidad internacional también se ha pronunciado sobre la situación de riesgo que afrontan los defensores de derechos humanos.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, opinó, mediante un comunicado, que “estos valientes activistas están siendo silenciados por poderosos intereses económicos y políticos locales y regionales, así como por diversos grupos armados, incluidos paramilitares, por defender sus derechos o exponer la trágica realidad del país”.

Por su parte, la CIDH comunicó que los asesinatos se dan en un “contexto de constante aumento de amenazas y asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos en el país, lo que la Comisión anteriormente condenó el 2 de noviembre de 2016”. Una situación que “subsiste a pesar de la reciente firma de un convenio histórico de paz”.

Sobre el homicidio de Aldemar Parra, el 7 de enero, un líder comunitario que “luchaba contra el desplazamiento forzado de su comunidad por la destrucción ambiental causada por industriales mineras, murió a consecuencia de disparos”, denunció que ocurrió “a pesar de que el Estado había sido informado, a través de su sistema de alerta temprana, de amenazas de muerte contra miembros de la comunidad y de la presencia en el área de hombres sospechosos”.

Aumento de violencia

Pero es que el 2016 no terminó bien. El vocero de Marcha Patriótica afirmó que de septiembre a la fecha, hay un pico muy alto de la violación a los derechos humanos. “Desde que se firmó el acuerdo de paz, el 26 de septiembre, hemos registrado 415 violaciones a los derechos humanos. No solo asesinatos, sino amenazas, seguimientos, ingreso a casas, de donde se han llevado celulares y memorias usb”.

En el documento anual que Indepaz hizo sobre el panorama del año pasado contabilizó 117 homicidios. De estos, el 66,6% ocurrió en el sur occidente colombiano (Valle, Cauca y Nariño).

“Estos homicidios a líderes se han cometido en el marco del inicio de una transición y tienen como finalidad el desplazamiento de las comunidades, la apropiación de territorios, la defensa a megaproyectos y el control político en las regiones. La respuesta debe ser inminente porque esto es un signo dramático y fatal del comportamiento de las oposiciones al proceso de paz”, señala el coordinador de Proyectos y Unidad Investigativa de Indepaz, Leonardo González.

Crecen grupos paramilitares

González corrobora la opinión de Flórez sobre la presencia paramilitar. “Se ha incrementado, en especial en las zonas donde hacía presencia las Farc-Ep y actualmente las amenazas contra miembros de organizaciones sociales es permanente”.

Otras de las inquietudes, es que se está expandiendo a otros departamentos y la falta de medidas por parte del gobierno.

Sin embargo, el pasado 3 de febrero, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó el decreto de Ley de creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, contenida en el Acuerdo de Paz, para combatir las organizaciones criminales y garantizar la vida de los líderes sociales.

Al respecto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, detalló que “lo importante es que esta comisión también tendrá como integrantes a dirigentes de las plataformas de Derechos Humanos. Se dedicará a diseñar, aplicar y sugerir al Estado las políticas necesarias para lograr el propósito que es cesar las amenazas y asesinatos a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el país”.

También estableció que se debe acelerar la sustitución social de cultivos, anunciado en los Acuerdos de Paz, ya que en ese “fenómeno se encuentra, en gran parte, la explicación de los atentados a líderes sociales, así como en la minería ilegal”.