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El “populismo punitivo” de Nayib Bukele enciende las alarmas en la región

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, frente a la Asamblea Legislativa
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, frente a la Asamblea Legislativa

BOGOTÁ.- “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”. El polémico traslado de 2000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), como si se tratara de una película de Tarantino, ha multiplicado las denuncias de los organismos de derechos humanos, a la vez que obtenía miles de aplausos en distintas sociedades, hastiadas de que América Latina y el Caribe concentren el 50% de los homicidios cuando sólo representan el 8% de la población mundial.

El populismo punitivo, como se denomina la estrategia que ha disparado la popularidad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele (cuya arenga carcelaria abre esta crónica), no es nuevo en la región. Tampoco la mano dura, muchas veces tan demagógica como de resultados cuestionables, ya que suele acabar en un mismo fenómeno del incremento de la violencia, según los expertos en derechos humanos.

Foto de archivo difundida por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador que muestra la llegada de reclusos pertenecientes a las pandillas MS-13 y 18 al nuevo centro penitenciario "Centro de Reclusión de Terroristas" (CECOT), en Tecoluca, 74 km al sureste de San Salvador, el 24 de febrero de 2023.
Foto de archivo difundida por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador que muestra la llegada de reclusos pertenecientes a las pandillas MS-13 y 18 al nuevo centro penitenciario "Centro de Reclusión de Terroristas" (CECOT), en Tecoluca, 74 km al sureste de San Salvador, el 24 de febrero de 2023. - Créditos: @Agencia AFP

“La megacárcel es un símbolo de sus políticas punitivas en materia de seguridad. Es probable que le ayude a mantener los índices de popularidad con los que cuenta, pero la historia de El Salvador demuestra que es improbable que este encarcelamiento masivo lleve a mayor seguridad a largo plazo”, advierte a LA NACION Juan Pappier, subdirector en funciones de Human Rights Watch (HRW), organización que ha documentado desde la puesta en marcha del régimen de excepción en marzo de 2022 las violaciones generalizadas de derechos humanos, con las detenciones de cientos de personas inocentes “algunos sometidos a desapariciones forzadas, muchos torturados y donde todos han sufrido procesos judiciales kafkianos con la práctica imposibilidad de defenderse”, remacha Pappier.

El traslado de los presos se produjo sólo horas después de que el Departamento de Justicia de EEUU mencionara las negociaciones secretas de Bukele con las pandillas. “Existen todos los motivos para sospechar que este traslado es un esfuerzo de Bukele para opacar la acusación de EEUU. El modelo que ofrece Bukele es un modelo donde el Estado negocia con el crimen organizado a espaldas de la ciudadanía”, sentencia Pappier sobre un presidente que planea forzar una reelección prohibida en el ordenamiento constitucional salvadoreño.

Copiando otros modelos, como el revolucionario, Bukele ha tomado poderes públicos como la Fiscalía y la judicatura ayudado por la apisonadora de su mayoría parlamentaria, con la que incluso evitó que prosiguieran las investigaciones en su contra. Las teorías del Príncipe Maquiavelo no sólo son exprimidas por las revoluciones continentales.

Tampoco falta el nepotismo, como el de la vecina Nicaragua. Bukele se ha rodeado de familiares al frente de cargos de alto nivel: hermanos, primos, tíos, compadres y amigos, algunos trabajando ad honorem para evitar las comparaciones con los presidentes del Frente y de Arena. Nombramientos a espaldas de los méritos y la competencia, pero de la máxima confianza presidencial. Como sus hermanos, que no son en teoría funcionarios pero que ejercen como asesores principales tomando decisiones fundamentales en los temas más complejos, como la apuesta por el bitcoin.

Gracias a la publicidad de sus acciones y el hartazgo de la vieja política, la popularidad de Bukele ha traspasado las fronteras salvadoreñas. En su país, se sitúa en torno al 90% y en el continente cuenta con seguidores y simpatizantes, además de dirigentes que quieren copiar su modelo.

La vecina Honduras ha puesto en marcha un estado de excepción muy polémico y el gobierno ecuatoriano ha endurecido su relato para combatir al narcotráfico desatado. En Guatemala gana adeptos fuera y dentro del gobierno. En Colombia también se busca en las filas del uribismo el mejor Bukele local. En Venezuela, el democristiano César Pérez Vivas pretende conquistar las primarias opositoras haciendo suyo el modelo Bukele, tan alejado de sus políticas anteriores.

Incluso en Nicaragua, país que acoge a dos expresidentes salvadoreños huidos de la justicia, el nombre de Bukele se menciona en vano pese a que cuenta con su propio modelo coercitivo. El líder estudiantil Lesther Alemán, uno de los 222 presos políticos desterrados a Washington, ha revelado como sus interrogadores sandinistas le acusaban de ser pariente de Bukele y de estar entrenado por la CIA.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador
Nayib Bukele, presidente de El Salvador

“Es un fenómeno que apenas está empezando y veremos hasta dónde va a llegar”, calibra para LA NACION el politólogo Mauricio Jaramillo. “En América Latina hay un fuerte debate y en Colombia es un tema sensible, porque trae a la memoria la efectividad, muy entre comillas, de la seguridad democrática a expensas de los derechos humanos. Cuando eso ocurrió entre 2002 y 2010 (gobierno de Álvaro Uribe), la euforia de las victorias sobre la guerrilla y los rescates de secuestrados, nadie reparó en demasía en los excesos que se cometían. La justicia basada en la venganza no puede prosperar, en el fondo crea problemas hacia el futuro”, redondea Jaramillo.

“El fenómeno Bukele tiene mucho que ver con el latinoamericano que tiene una atracción por el hombre fuerte, el gendarme, el que te cuida. Además es natural la sed de revancha o de venganza de las sociedades que han sufrido impunidad. Pero esto se ha intentado cientos de veces y finalmente el Estado termina creando criminales en cuerpos policiales y sistema de justicia. El avance de la violencia estatal es el retroceso de las libertades civiles. Y muchos no lo perciben”, constata el exfiscal venezolano Zair Mundaray, que sabe mucho sobre la “mano dura” del chavismo: sus agentes han cometido casi 20.000 ejecuciones extrasumariales.