Lo ponen a cargo de una bodega en Cuba y termina envuelto en un delito inesperado

Un joven de 35 años, a quien se le otorgó la responsabilidad de administrar una bodega estatal en Cuba, compareció ante un tribunal acusado de varios delitos cometidos durante su gestión del establecimiento.

El imputado estaba a cargo de la bodega La Riviera, ubicada en el territorio de Sancti Spíritus, Cuba.

Como parte de las penalidades, el tribunal determinó que el acusado debía reparar el daño material causado a la Empresa Municipal de Comercio de Sancti Spíritus, por una suma que supera los 200 mil pesos cubanos.

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¿Qué delito cometió?

El joven llevaba apenas 10 meses como administrador de la bodega cuando, según un reporte de la prensa oficial cubana, cometió el delito de “malversación”.

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Durante el juicio, supuestamente se demostró que el acusado se apropió de manera ilícita de 24 productos alimenticios e industriales, entre ellos, “arroz de la cuota normada, azúcar crudo y refino, frijol negro, sal, bolsas de leche en polvo, productos de aseo y más de 6,000 litros de queroseno”.

A esto se suma la sustracción, para su propio beneficio propio, de “bebidas alcohólicas y no alcohólicas, incluidas latas de cerveza y pomos de refresco, así como cigarros destinados para la venta a la población”.

Como consecuencia, las pérdidas económicas para la Empresa Municipal de Comercio de Sancti Spíritus, a la que pertenece la bodega, ascendieron a un “daño real” de 200,127 pesos cubanos.

La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus impuso al acusado una sanción de 10 años de cárcel, tras ser considerado culpable del delito consumado de “malversación”, contemplado en el Código Penal de Cuba.

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En junio, la prensa oficialista reportaba un desfalco millonario a una empresa estatal que obligó al cierre de la misma, tras una cadena de robo de varios alimentos y bebidas alcohólicas en la provincia de Guantánamo.

Fuentes oficiales declararon que el monto del robo de productos se elevaba a 7 millones de pesos cubanos. Las pérdidas fueron tan significativas que llevaron al cierre de la empresa afectada y al desempleo de todos sus trabajadores.

En Cuba, el delito de “malversación” puede ser castigado con penas de hasta 20 años de cárcel, dependiendo de la “connotación social” y el impacto económico causado.

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