Policías ignoraron al Procurador General de CA sobre ley de datos de placas

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Agencias del orden en todo California han puesto rutinariamente a disposición de los departamentos de policía federales y de otros estados los datos que recolectan de los lectores automáticos de placas vehiculares, a pesar de que el procurador general Rob Bonta declaró ilegal esta práctica.

Aun así, el procurador Bonta y su oficina no han emprendido acciones contra ninguna de las agencias por compartir la información.

Una investigación realizada por The News & Observer, una publicación hermana del Sacramento Bee, encontró más de 20 agencias que permitieron a departamentos no californianos acceder a los datos del lector de placas vehiculares recolectados por una importante empresa de seguridad hasta finales de mayo, en aparente incumplimiento de la ley estatal.

Algunas fuerzas del orden de California compartieron sus datos con docenas de departamentos externos, según descubrió The N&O. El departamento de policía de El Cajón, ciudad cercana a San Diego, encabezaba la lista, poniendo la información a disposición de más de 130 agencias de fuera de California.

El Departamento de Policía del Distrito de College of the Sequoias, en el Valle Central, ocupó el segundo lugar con 91. Su jefe de Policía dijo que dejó de facilitar la información después de que The Bee se pusiera en contacto con él. El Departamento de Policía de Menifee, en Inland Empire, fue el tercero con 30.

Dicho esto, es probable que el número de agencias que han puesto sus datos a disposición sea aún más extenso de lo que The N&O encontró. El estudio del periódico solo se centró en los departamentos que usan lectores fabricados por Flock Safety, una de las principales empresas del mercado que cuenta con una red de decenas de miles de cámaras en todo el país.

Un reporte divulgado el miércoles por el jurado de instrucción del Condado de Sacramento encontró que la Oficina del Alguacil y el Departamento de Policía de Sacramento compartieron recientemente datos de placas vehiculares fuera del estado. Sin embargo, ninguno de los dos usaba cámaras de Flock Safety en el momento en cuestión, según un portavoz de la empresa.

Tanto la Policía como la Oficina del Alguacil de Sacramento han declarado que han dejado de compartir sus datos, según el reporte del jurado de instrucción y las agencias.

El intercambio de datos de placas vehiculares ha preocupado a grupos activistas que temen que departamentos en otros estados pudieran usar la información para rastrear los vehículos de las personas que buscan un aborto o atención de afirmación de género en California, o para identificar a los inmigrantes indocumentados para la deportación.

El año pasado, la oficina de Bonta emitió unas directrices en las que advertía a los departamentos que no compartieran la información de los lectores de placas vehiculares con agencias de fuera de California. A finales del mes pasado, su oficina emprendió su acción más específica hasta la fecha, el envío de cartas a 14 agencias de policía en el estado.

En casi todas las cartas se pedía a los departamentos que confirmaran si estaban compartiendo datos fuera del estado. En dos cartas se decía que la Procuraduría General estaba dispuesta a emprender acciones legales si los departamentos se negaban a cooperar. Sin embargo, hasta el lunes no se había emprendido ninguna acción de este tipo.

La mayoría de las agencias eran diferentes de las identificadas por The N&O. Entre ellas figuraban la Oficina del Alguacil de Sacramento, la Oficina del Alguacil del Condado de Contra Costa y los departamentos de policía de varias ciudades del este de la Bahía, como Richmond, Pittsburg y Antioch.

‘Una herramienta increíble’

Las agencias del orden afirman que los lectores son una poderosa ayuda para resolver delitos. Además de escanear las placas vehiculares, la policía destaca que las cámaras pueden captar otra información sobre los vehículos, como su tipo, lo que puede ayudar a localizar rápidamente a sospechosos.

Acceder a los datos de otro departamento, añaden, puede ser fundamental para llevar a cabo un arresto.

Más allá de eso, el deseo de las agencias de compartir la información se centra en una disputa sobre la ley estatal. En 2015, la Legislatura aprobó un proyecto de ley que decía que los departamentos de policía de California solo están autorizados a compartir datos de placas vehiculares con otras agencias públicas.

La Procuraduría General argumentó en un boletín en octubre que la definición del proyecto de ley de una agencia pública se limita solo a las de California. Pero las asociaciones policiales del estado replicaron que la ley no prohíbe explícitamente compartir datos fuera del estado.

El jefe de Policía de El Cajón, Mike Moulton, está de acuerdo. Su departamento permite que agencias tan lejanas como en Virginia, Florida y Carolina del Sur accedan a las imágenes extraídas de sus cámaras en el sur de California, según descubrió The N&O.

“Sería negligente en mis deberes como jefe de policía no usar todas las herramientas y recursos disponibles para proteger a mi comunidad”, dijo Moulton en una declaración a The Bee. “La verdad es que me deja perplejo que algunos interpreten que la intención legislativa de este estatuto era socavar y obstaculizar la investigación de delitos tan atroces como la trata de seres humanos y los secuestros de niños”.

La Procuraduría General no respondió a correos electrónicos en los que se pedían comentarios sobre las declaraciones de Moulton y las prácticas de intercambio de datos de El Cajón.

El departamento de policía de Oakley, ciudad situada unas 40 millas al sur de Sacramento, que según encontró The N&O estaba compartiendo datos de placas vehiculares con al menos siete agencias de otros estados –incluidos Texas y Arizona–, no ha estado de acuerdo con la opinión del procurador general.

El departamento de Oakley fue una de las dos agencias que recibieron cartas de la Procuraduría General pidiendo al departamento que alineara sus prácticas con la ley estatal o enfrentara acciones legales.

Cuando se le preguntó recientemente sobre la carta y el intercambio de datos de placas vehiculares por parte del departamento, la subdirectora municipal Danielle Navarro dijo a The Bee: “No tenemos ningún comentario en este momento”.

Dave Gutiérrez, capitán del Departamento de Policía de Menifee, dijo que la agencia no está siguiendo la orientación de Bonta.

“Los delincuentes no se detienen en los límites jurisdiccionales y a menudo pueden viajar largas distancias para cometer delitos”, dijo el capitán en un comunicado. “El intercambio de información es fundamental para una buena actuación policial y para proteger a nuestras comunidades”.

Por otro lado, Donald Charles, jefe del College of the Sequoias, dijo que no conocía el boletín de octubre de la oficina de Bonta hasta que The Bee le preguntó sobre el uso compartido de datos de Flock por parte de la pequeña agencia. Decidió cortar el acceso a las agencias de fuera de California después de revisar el aviso, dijo, y hablar con otros jefes de departamentos de universidades comunitarias.

“No va a cambiar ninguna actividad ni funcionalidad del sistema”, dijo Charles.

Al menos uno de los departamentos identificados en el estudio de The N&O informó que no sabía que sus datos eran accesibles fuera de California.

El departamento de policía de Seaside, cerca de Monterey, concedió acceso a 19 agencias no californianas a finales de mayo, según averiguó el periódico, incluidas algunas de Georgia y Nueva York. Esa no era la intención del departamento, dijo el comandante Matthew Doza a The Bee.

Cuando el departamento solicita acceso a la información de otras agencias, el sistema permite por defecto que las otras agencias también tengan acceso a los datos de Seaside, dijo Doza. Hay que desmarcar una casilla para evitar que eso ocurra, dijo el comandante, y a veces eso no sucede.

Doza dijo que el departamento eliminaría el acceso para las agencias de fuera de California.

“Es una herramienta de investigación impresionante”, dijo el comandante, “y no queremos perderla”.