Policías detenidos por caso Ayotzinapa estaban trabajando en otros municipios la noche de la desaparición, dicen familiares

Familiares de los policías detenidos presuntamente por participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014, aseguraron que los pretenden inculpar de un hecho en el que no participaron.

Son siete los policías estatales y dos municipales de Iguala detenidos ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Marina. Los familiares de algunos policías denunciaron que no los han visto desde el momento de la detención.

Las familias señalan que los agentes no tienen relación con los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, en la que 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos por el grupo criminal Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, y el Ejército.

Desde la madrugada de este jueves, familiares de Juan Duran Mosso, uno de los elementos estatales detenidos, acudieron a la delegación de la FGR para solicitar hablar con él y saber los motivos de su detención.

En la entrada principal de la FGR las familias de otros agentes en la misma situación coincidieron.

En conjunto denunciaron que los nueve detenidos están incomunicados, y que sólo les informaron que serían trasladados al Centro de Federal de Reinvención Social (Ceferso) del Altiplano, en Toluca, Estado de México.

En el caso de Juan Duran Mosso, de 56 años, y 28 como policía estatal, su hermana Leticia Durán Mosso comentó que es falso que su hermano participara en los hechos del 26 de septiembre de 2014.

“Tenemos pruebas de que de que en ese momento mi hermano no estaba en Iguala, estaba comisionado como escolta del dueño del periódico Vértice en Chilpancingo, hace tres años lo mandaron a Iguala y hace tres a Chilapa, por lo que él no sabe nada de lo que pasó”, dijo.

También denunciaron que Juan Durán Mosso sufre de la presión arterial y al momento de su detención, debido a una complicación, fue trasladado al Instituto de Salud y Seguridad Social de Trabajadores del Estado (ISSSTE) y después de estabilizarlo, llevado a las instalaciones de la FGR.

La captura de los siete policías estatales se dio porque los citaron a tomar un curso en la Universidad Policial (Unipol), ubicada en la parte norte de Chilpancingo, y ahí fueron detenidos.

Familiares del agente Pablo Jiménez Morales, otro de los detenidos, mencionaron que al momento de los hechos en Iguala él estaba adscrito a Acapulco, “por lo que no existe manera de relacionarlo con la desaparición de los normalistas, solo quieren inculparlos”, mencionó la esposa del agente, que prefirió omitir su nombre.

En el caso de Noel Baltazar, uno de los policías municipales de Iguala detenidos, su esposa, Isela Viviano, dijo que no la dejaron pasar a verlo para hablar con él y saber qué pasó.

En su caso, ella acudió sola. Al enterarse, porque su esposo le marcó que estaba detenido, se trasladó a Chilpancingo donde no le permitieron verlo ni hablar con él.

A las 12 del día, un convoy de cinco camionetas, tipo pick up, blancas, en las que trasladaron a los nueve detenidos, salieron del edificio de la FGR y fueron escoltadas por otras tres patrullas de la Marina.

“Ni los los dejaron ver, nada más se los llevaron así, esto es un acto de injusticia y de no acoplarse al debido proceso, sabemos que los padres de los 43 quieren justicia, pero nosotros también la queremos para nuestra familia que es inocente”, mencionó Leticia Durán Mosso mientras observaba que se iban la camionetas en las que fueron trasladados los detenidos.