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La política irrumpe en el deporte

Madrid, 28 dic (EFE).- Hacía muchos años, quizá desde que en 2008 se disputaron los Juegos Olímpicos en Pekín, que la política no irrumpía de forma tan aparatosa en el deporte como lo ha hecho en este 2022, con la guerra de Ucrania y el Mundial de fútbol como fuentes principales, aunque no únicos, de injerencia.

Rusia, China, Catar. Pero también Irán, Afganistán, Guatemala. Sus políticas, o las decisiones de sus instituciones, han condicionado la práctica del deporte en sus propios o en terceros países, siempre con los deportistas como víctimas involuntarias.

En muchos casos, las mujeres lo han sido por partida doble. En Afganistán están apartadas del deporte. En Irán, obligadas a competir con velo. En China, vigiladas para que no abandonen la senda oficial. Y todas olvidadas apenas semanas después de ocupar portadas, devoradas por la actualidad.

Como ocurrió en 2008 con los Juegos de verano, la disputa el pasado febrero en Pekín de los Juegos Olímpicos de invierno llegó precedida por la reserva de muchos gobiernos por las violaciones de los derechos humanos en el país asiático. Estados Unidos promovió un boicot diplomático a los Juegos, que fue secundado por países de su entorno, pero que no tuvo efectos prácticos en la competición.

La principal polémica estuvo relacionada con la tenista china Peng Shuai, quien denunció a finales de 2021 en una red social que había sido víctima de abusos sexuales por parte del ex viceprimer ministro Zhang Gaoli.

Tras un tiempo sin noticias sobre su estado y su paradero, el Comité Olímpico Internacional (COI) recibió todo tipo de presiones para que retirase a China la organización de los Juegos o, al menos, tuviese un gesto firme de condena. El organismo localizó a Peng y el presidente Thomas Bach mantuvo con ella una videoconferencia en la que la tenista pidió respeto por su privacidad. La deportista borró su denuncia.

Llegados los Juegos, Bach se reunió personalmente con Peng en Pekín y días después asistió con ella a las pruebas de esquí acrobático. Desde entonces, nada se ha sabido de Peng. En cambio, el supuesto abusador reapareció en escena en octubre, en el XX Congreso del Partido Comunista Chino.

La Asociación de Jugadoras (WTA) acordó para todo 2022, y mantendrá en 2023, un veto a China y no organizará torneos en ese país mientras no pueda comunicarse con Peng de forma privada.

LOS DEPORTISTAS RUSOS, FUERA DE CIRCULACIÓN

Precisamente entre los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de Pekín, el 24 de febrero, el ejército ruso invadió Ucrania y desató una guerra de consecuencias nefastas también para el deporte. El COI consideró rota la Tregua Olímpica que rige durante los Juegos y sancionó a Rusia con la imposibilidad de organizar competiciones deportivas en su territorio. Fuera, sus deportistas no podrían competir con sus símbolos nacionales, algo que ya tenían igualmente prohibido por las sanciones contra el dopaje en su país.

En la práctica, las federaciones acordaron excluir de sus competiciones a los deportistas de Rusia y su aliado Bielorrusia. En algunos casos, porque terceros países no querían su presencia; en otros, por comportamientos intolerables como el del gimnasta ruso Ivan Kuliak, que recogió una medalla en la Copa del Mundo de Doha con la 'Z' -símbolo de la invasión- pegada al pecho. Para colmo, a su lado en el podio estaba el ucraniano Ilia Kovtun.

El COI, nacido para promover la universalidad, vive desde febrero sumido en "el dilema" de haber tenido que apartar de la competición a deportistas "solo por su pasaporte". Las pruebas de clasificación para los Juegos de París 2024 ya han comenzado, con el futuro de muchos atletas en el aire.

La gran excepción al borrado de deportistas rusos y bielorrusos son los circuitos profesionales de tenis, en los que siguieron compitiendo. Con una salvedad: llegó Wimbledon y el gobierno británico dijo que de ninguna manera. ATP y WTA reaccionaron a la injerencia con la decisión de que no se repartieran puntos en el torneo.

Mientras, centenares de deportistas ucranianos viven y se entrenan fuera de sus fronteras, con la ayuda generosa de la comunidad internacional, en un éxodo de consecuencias aún imprevisibles para sus resultados.

EXAMEN A CATAR

También la situación de los derechos humanos en Catar fue el mantel sobre el que se sirvió la mesa del Mundial de fútbol. Y, también como sucedió en Pekín, cuando comenzó a rodar el balón la atención se centró en la competición y casi todo lo demás pasó a segundo plano.

El brillo de los majestuosos estadios acabó con la polémica sobre las condiciones en las que los obreros inmigrantes habían trabajado durante su construcción.

Durante las primeras jornadas aún se airearon asuntos como la prohibición por FIFA de los brazaletes a favor de la comunidad LGTBI, la protesta por ello de los jugadores alemanes al taparse la boca ante las cámaras, el veto a la venta de cerveza en los estadios y sus alrededores, la ausencia de mandatarios internacionales... Pero con el transcurso de los días el Mundial de fútbol se redujo a eso, al fútbol.

Las hinchadas fueron y vinieron sin problemas, los estadios se llenaron y el presidente de FIFA, Gianni Infantino -"hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador emigrante"- declaró el de Qatar como el mejor Mundial de la historia.

A pocos días de la final estalló a 5.000 km de distancia, en Bruselas, el 'Catargate', un escándalo de corrupción en el seno del Parlamento Europeo, con sacas de dinero escondidas por los despachos, supuestamente procedentes de sobornos para mejorar la imagen del emirato.

MORIR Y COMPETIR EN IRÁN

La muerte en septiembre de Mahsa Amini, de 22 años, tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien puesto el velo islámico, fue la gota que colmó el vaso de miles de iraníes, sobre todo jóvenes, que se echaron a la calle primero para protestar y luego para pedir el fin de la República Islámica.

En plena ola de manifestaciones, la escaladora Elnaz Rekabi participó sin velo en una competición en Seúl, en un claro gesto de apoyo a las protestas. Ante la repercusión del caso, la deportista aseguró después que compitió sin cubrirse la cabeza por despiste, pero ello no impidió que cientos de personas la recibiesen en el aeropuerto de Teherán al grito de "campeona".

En el partido de fútbol entre Irán y Senegal disputado el 27 de septiembre los jugadores iraníes escucharon el himno con chaquetas negras que tapaban el escudo nacional. Y en el propio Mundial, la selección no cantó su himno, pese a las amenazas previas de su Federación ante cualquier gesto político.

El pasado 24 de noviembre el exdefensa internacional Voria Ghafouri fue detenido "por insultar y socavar a la selección nacional de fútbol y por propaganda contra el régimen".

Pero lo peor llegó cuando las autoridades desvelaron que el futbolista Amir Reza Nasr Azadani había sido condenado a muerte por participar en las protestas y "hacer la guerra contra Dios". La comunidad internacional ha emprendido campañas contra esta barbarie y aguanta la respiración en espera de acontecimientos.

Entre los ya ejecutados por el régimen figura Majid Reza Rahnavard, luchador de categoría aficionada.

BRITTNEY GRINER, UN JUGUETE DE LA POLÍTICA

La baloncestista estadounidense Brittney Griner, de 31 años, fue detenida en Rusia en febrero por llevar en la maleta menos de un gramo de aceite de hachís para vapear, una sustancia prohibida en el país.

Pocos días después el Kremlin ordenó la invasión de Ucrania y Griner se convirtió en una pieza más sobre el tablero de las tensas relaciones entre Washington y Moscú.

La doble campeona olímpica y mundial fue condenada a nueve años de cárcel por tráfico de drogas. Tardó diez meses en ser liberada, en un canje de prisioneros negociado entre los gobiernos de los dos países. A cambio de Griner, Estados Unidos pagó el alto precio de liberar al traficante de armas Viktor But, conocido como el "mercader de la muerte", que cumplía 25 años de pena.

GUATEMALA Y AFGANISTÁN, BAJO LA LUPA

El Comité Olímpico de Guatemala acaba el año suspendido de sus funciones debido a injerencias judiciales. El de Afganistán está también en el punto de mira por un motivo muy distinto: las dificultades para garantizar a las mujeres la práctica deportiva.

En el caso de Guatemala, un conflicto entre dos candidatos a presidir el comité (COG) desembocó en una decisión judicial que suspendió parte de los estatutos del organismo. El COI consideró la medida una intromisión en la autonomía del deporte y primero avisó, luego suspendió y después prolongó el castigo ante una situación que no ha hecho sino empeorar en las recientes semanas.

El intento de toma de posesión como presidente del COG del exfutbolista Jorge Rodas, que no pudo hacerlo porque se encontró cerradas las puertas del Palacio de los Deportes, fue el último episodio rocambolesco de este caso, que pronto tuvo efectos secundarios en el deporte local: fueron cancelados los XII Juegos Centroamericanos que Guatemala iba a coorganizar con Costa Rica a partir del 27 de octubre, primer escalón para centenares de deportistas en el ciclo olímpico que conducirá a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Mientras no se restituyan los estatutos del COG suspendidos por la corte, los deportistas del país centroamericano no pueden competir con su bandera ni con su himno en torneos internacionales.

En Afganistán, la llegada al poder de los talibanes en 2021 supuso el borrado de las mujeres y las niñas de la práctica deportiva. El COI confiaba en que el comité olímpico local fuese una salvaguarda ante las medidas gubernamentales, pero en la práctica no parece posible. La participación en París corre peligro.

Un subterfugio empleado por las autoridades ha sido enviar a las competiciones internacionales solo a deportistas afganas que residen fuera del país. Pero el COI les ha pillado el truco y ha exigido que se incluya en las selecciones también a las residentes locales.

La exbaloncestista afgana Samira Asghari, miembro del ente olímpico, ha asegurado que su país es "una prisión" para las mujeres.

Natalia Arriaga

(c) Agencia EFE