Yahoo Noticias La política de inmigración de EEUU no debería depender de la suerte como pasa con cubanos | Opinión
Le guste o no al gobierno de Biden, la bipartidista Ley de Ajuste Cubano de 1966 permite a los migrantes cubanos en libertad condicional solicitar la “green card” (tarjeta verde) al cabo de un año y un día, y convertirse en residentes permanentes.
Sin embargo, en la frontera entre Estados Unidos y México, las autoridades estadounidenses que procesan a los solicitantes de asilo cubanos aplican su propio sistema de categorización aleatoria, que tiene el extraordinario poder de definir el futuro legal de un migrante.
Algunos agentes entrevistadores expiden el “parole”, la libertad condicional que tradicionalmente se usa para procesar a los cubanos. Este documento viene con permiso para trabajar y les permite solicitar la residencia y, eventualmente, la ciudadanía.
Otros agentes emiten un documento I-220A, que técnicamente coloca a las personas liberadas en proceso de deportación.
¿Cuál es la diferencia definitoria sobre qué documento se emite? Como informó el Miami Herald, parece basarse en qué agente entrevista al solicitante.
En otras palabras, es pura suerte.
¿Es así como Estados Unidos debería llevar a cabo la política de inmigración?
Decisiones diferentes
Como informó el Herald, Rachel Domínguez y su esposo, Andy, después de una angustiosa caminata desde Nicaragua hasta la frontera sur, llegaron juntos, pero fueron entrevistados por separado por dos agentes fronterizos.
Ambos habían vivido la misma persecución política personal y selectiva antes y después de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba.
Ambos fueron procesados por los agentes fronterizos y puestos en libertad, pero él salió con el formulario de libertad condicional y ella con un I-220A.
Por esa pequeña diferencia, él consigue convertirse en residente y ella está innecesariamente en riesgo de deportación, y sin estatus y enfrentando un futuro imprevisible.
Es una práctica errónea y engañosa, una forma solapada de lidiar con la cantidad sin precedente de cubanos que se presentan en la frontera y piden asilo, un derecho reconocido internacionalmente.
¿Qué esperaba el gobierno de Biden que ocurriera después de que las protestas en toda la isla, en lugar de conducir a cambios en la isla, desataran una represión gubernamental aún más despiadada, en particular contra los jóvenes?
Los que participaron y no optaron por el exilio están en la cárcel cumpliendo duras penas.
¿Quién puede culpar a los Domínguez de haber vendido sus posesiones para pagar el viaje, de haber decidido arriesgar sus vidas durante una travesía por varios países que incluyó un secuestro en México? Y, lo más trágico pero quizá fortuito, decidieron no arriesgar la vida de sus dos hijos, de 12 y seis años, dejándolos con los abuelos.
Un lío legal
Arreglar el lío legal de Rachel Domínguez y de los cientos de miles de cubanos llegados por tierra que recibieron la I-220A, también conocida como “orden de libertad bajo fianza”, no será fácil.
La Junta Federal de Apelaciones de Inmigración ha dictaminado que los cubanos que recibieron el documento I-220A no pueden solicitar la residencia permanente en virtud de la CAA. El tribunal dijo que el formulario es “jurídicamente distinto” de la libertad condicional humanitaria.
La administración de Biden, que se negó a responder a las preguntas del Herald, tiene mucho que explicar.
¿Están ahora los demócratas también a favor de la separación familiar? Porque esa es la perspectiva que enfrentan los Domínguez.
Da igual si hay un demócrata o un republicano en la Casa Blanca. La pregunta es la misma: ¿Por qué se aplica la ley de inmigración estadounidense hacia los cubanos en la frontera sur de forma tan aleatoria?
Si la administración de Biden quiere acabar con la Ley de Ajuste Cubano, entonces la forma adecuada de hacerlo es pidiendo al Congreso que la convierta en una prioridad.
Porque eso es lo que se necesita para legislar, una ley del Congreso, no un agente que escoge a los inmigrantes que le caen bien.
Sin duda, se puede argumentar que los cubanos deben ser tratados como cualquier otra persona que huye de la persecución. Pero eso no lo debe decidir un agente fronterizo por el formulario que entrega al migrante.
El pasado, el presente y el futuro de la inmigración cubana —hasta que el Congreso actúe y un presidente promulgue una nueva legislación— siguen ligados a la ley firmada por el presidente demócrata Lyndon B. Johnson el 2 de noviembre de 1966.
El secretario de Seguridad Nacional de Biden, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, puede retocar el sistema para disuadir a la gente de presentarse en la frontera, como hizo en 2022 ampliando las vías legales y los incentivos, como una aplicación móvil telefónica, para presentar solicitudes desde cualquier parte del mundo.
Está por verse si alguna de estas iniciativas funciona. La pregunta es aún más importante: ¿acertaremos alguna vez en materia de inmigración en Estados Unidos?
No mientras la política dependa de los caprichos y compromisos tanto de la izquierda como de la derecha y del secretismo de un agente fronterizo en un cubículo.
