LA PLATA.- La justicia penal de este distrito trabaja contra reloj en el armado de una mesa de trabajo que integre a los instructores con grupo de expertos forenses en materia de identificación del Ministerio de Seguridad bonaerense de grupos federales especiales para abordar la identidad de los restos hallados en el cementerio municipal de esta capital.

Esta mañana, María Cecilia Corfield, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15 recorrió durante una dos horas el predio junto a un grupo de colaboradores y funcionarios municipales para interiorizarse en el tema y captar con su propios ojos la verdadera dimensión del trabajo por delante. Una de las cuestiones en las que la fiscal insistió con mayor interés fue en poder hacerse de toda la información respecto de la reglamentación y los procedimientos usados en el cementerio.

Para Corfield lo prioritario es poder avanzar en la identificación de aquellos restos que cuenten con algún tipo de referencia que pueda rastrearse en los registros de la necrópolis y, en simultáneo, abordar la situación de los que no poseen ningún tipo de identificación. Según indicaron desde la fiscalía, buscan poder sumar a la tarea especialistas del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la provincia y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas..

Anoche el intendente platense Julio Alak (Unión por la Patria) confirmó el hallazgo de otras 2000 bolsas en dos depósitos que no habían sido revisados y se refirió al tema en su cuenta de X en la que tras detallar lo hallado indicó: “Esta horrorosa situación es producto de la desidia e irresponsabilidad absoluta que heredó nuestra gestión y la iremos resolviendo con una administración municipal sería y ordenada”.

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A partir de las primeras estimaciones de expertos que recorrieron los sitios en los que se produjeron los descubrimientos habría una gran diversidad de situaciones en relación a la determinación de las fechas probables de muerte de los cuerpos hallados que, en muchos casos, se encontraban sin identificación y esparcidos por el piso de los galpones. “Esta causa va a demandar años para poder agotar la dimensión de lo que fue encontrado”, advirtieron desde la fiscalía.

Según datos oficiales en el cementerio municipal existen unas 10.000 bóvedas, además de otras 2000 tumbas en el anexo israelita. A ello se suman los sectores con sepulturas en tierra y dos osarios que, según se indicó, se encuentran colapsados desde hace más de una década. Si bien los testimonios de numerosos empleados y exfuncionarios coincidieron en desestimar la posibilidad de que, entre los cuerpos hallados, se encuentren víctimas de la trágica inundación de La Plata del 2 y 3 de abril de 2013, las fuentes de la Justicia prefirieron no descartar esa hipótesis por el momento.

Mientras tanto, voceros ligados al anterior gobierno municipal encabezado por Julio Garro (Cambiemos) insistieron en alegar que se trata de una situación preexistente a su llegada al gobierno, a fines de 2015, cuando reemplazó a Pablo Bruera (Frente para la Victoria) y que incluye restricciones judiciales. Días atrás, Garro aseguró que existen elementos de prueba que dan cuenta de que la situación fue debidamente registrada por un escribano y que se aportarán todos estos elementos a la Justicia. Cerca del exintendente denunciaron un uso morboso de la información por parte de las nuevas autoridades al tiempo que rechazaron las versiones sobre que el abultado número de cuerpos pudiera responder a personas fallecidas durante la pandemia de Covid-19 ya que recordaron que el municipio dictó una ordenanza por la cual obligó a la cremación de los pacientes que murieron por la infección.

Auditoría

Todo comenzó cuando luego de asumir en diciembre último, Alak encomendó a sus colaboradores la realización de auditorías en las distintas áreas de la administración. En el cementerio el resultado del relevamiento arrojó el hallazgo de los restos en medio de un gran desorden en los depósitos además de distintos espacios con sus cerrojos vulnerados y falencias en los registros de movimientos internos.

Hasta el 10 de diciembre pasado, el cementerio platense estuvo administrado por Andrés Ferreyra. En su reemplazo el nuevo gobierno designó a Jorge Melo Penau. “Esto lo sabía todo el mundo. Hace décadas que está así”, afirmó Ferreyra en diálogo con LA NACION. El exfuncionario municipal, que subrayó que sus superiores estaban en conocimiento de la situación, evitó hacer otras declaraciones y dijo que todas las explicaciones que sean necesarias “las dará a la Justicia”.

Una de las primeras repercusiones del caso fue el pedido a la Justicia Federal de La Plata de los familiares del testigo desaparecido Jorge Julio López que dicte una medida de no innovar para preservar los restos para llevar adelante un peritaje de contraste con muestras del ADN de López, cuyo paradero se desconoce desde 2006, tras participar como testigo clave en el juicio contra el exjefe de Inteligencia de la policía bonaerense condenado por delitos de lesa humanidad, Miguel Etchecolatz. En la causa del misterio alrededor del destino de López aún está pendiente una pericia sobre 66 cuerpos inhumados como NN en el cementerio platense que fue ordenada por la Justicia hace más de un año y aún no pudo concretarse.

También se pronunció sobre los hallazgos la madre del estudiante de periodismo platense Miguel Bru, desaparecido en agosto de 1993, cuyo cuerpo jamás apareció. “Esta situación horrenda nos ofende y es una burla, que cantidad de familias que en este país piden justicia por no solo una muerte, sino por la desaparición forzada de personas. Tantas veces pensamos si no habrían enterrado a Miguel como NN”, señaló Rosa Schoenfeld.