Plantean 20 años de cárcel por corrupción inmobiliaria

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- El jefe de Gobierno Martí Batres enviará al Congreso capitalino una iniciativa para reformar el Código Penal local con el fin de combatir la corrupción inmobiliaria e imponer penas de hasta 20 años de prisión a funcionarios involucrados en este delito, incluidos los familiares.

El mandatario informó que entre 2009 y 2021 hubo un "incremento exponencial" de inmuebles con niveles excedentes por encima de la norma, particularmente en la alcaldía Benito Juárez, pues mientras en 2009 se registraron 12 casos, para 2022 fueron 158.

"Este es el lapso, este que se menciona aquí, es el lapso de gobierno del Cártel Inmobiliario en Benito Juárez. Se da un crecimiento enorme", dijo en un evento en el que estuvo presente Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Batres aseguró que este fenómeno tiene otros efectos negativos debido a que los inmuebles son construidos de manera irregular.

"La corrupción inmobiliaria es en sí mismo un problema de carácter moral, porque significa un enriquecimiento ilícito de funcionarios y porque tiene impactos sociales, especialmente en el encarecimiento de la vivienda, en la especulación con los costos del suelo, un impacto en la provisión de agua, un impacto en materia de protección civil, por todas estas razones es que se combate en la Ciudad de México la corrupción inmobiliaria y se va a seguir combatiendo", dijo.

La iniciativa contempla la creación de un capítulo 15 en el Código Penal local, en cuyo artículo 276 se establece que el delito de corrupción inmobiliaria lo comete "el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley".

La sanción por estos actos sería de entre 10 y 20 años de cárcel y se agravaría en una mitad más en los casos en que los servidores públicos involucrados obtengan un beneficio económico; estas infracciones alcanzarían a los familiares.

"Con este artículo sancionamos al servidor público y a la red de familiares que intervienen actualmente en este tipo de operaciones de corrupción inmobiliaria", concluyó el mandatario.