'Plan por la democracia' en España: de financiación de los medios a debates electorales

Madrid, 17 sep (EFE).- El 'Plan de acción por la democracia" aprobado este martes por el Gobierno español incluye una treintena de medidas para impulsar la transparencia de las administraciones públicas y de los medios de comunicación que implican aprobar nuevas normas y reformar numerosas leyes vigentes, desde la que regula la publicidad institucional a la ley electoral.

El proyecto, que el Ejecutivo socialista se plantea ejecutar en los tres años que quedan de legislatura, recoge medidas prometidas desde hace años a los socios parlamentarios, como la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado u ofensas a los sentimientos religiosos, o la actualización de la ley de secretos oficiales.

El objetivo, ha manifestado en la rueda de prensa del Consejo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, es ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del "ecosistema informativo"; y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.

Entres las propuestas novedosas, se plantea diversas reformas legales para establecer la obligación de celebrar anualmente el debate del estado de la nación, celebrar también debates electorales o publicar todos los microdatos de las encuestas electorales.

Transparencia en los medios

En el área de los medios de comunicación, el Gobierno quiere que publique anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas y reformar la Ley de Publicidad Institucional para introducir "criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación", garantizar sistemas imparciales de medición de audiencias y apoyar a los medios en lenguas cooficiales.

Apuesta por limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, "para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas", y revisará además el marco regulatorio para "garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación".

Propone también reformar la ley de secreto profesional de los periodistas y el artículo de la llamada ley mordaza que sanciona el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Contra la desinformación

El plan incluye aprobar una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación y reformar la ley del derecho al honor y a la intimidad y la ley del derecho de rectificación, para mejorar el sistema que permite rectificar noticias "falsas o abiertamente tendenciosas", con indemnizaciones y plazos adecuados.

En este apartado se incluye la reforma de los delitos del Código Penal que pueden afectar a la libertad de expresión, en concreto los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público.

Junto al programa de 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios, se dotará a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado que, siguiendo la normativa europea recientemente aprobada, se pretende "establecer criterios" para definir "qué es un medio" frente a las plataformas "que no son medios de verdad", mediante un registro de medios que será supervisado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Se procurará "blindar el trabajo de la profesión periodística" en desarrollo del artículo 20 de la Constitución y para ello el Gobierno quiere impulsar el secreto profesional que ampara a los periodistas, protegiéndoles además de "acosos externos" mediante "demandas abusivas infundadas" que les impiden realizar su trabajo.

Otra novedad consiste en la regulación demandada desde la Unión Europea y el Parlamento Europeo de los grupos de interés o 'lobbies' y la obligatoriedad a los partidos políticos de publicar sus cuentas, así como la adopción de medidas para que los legisladores publiquen sus bienes e intereses, algo que ahora deben hacer pero que muchos "incumplen de manera flagrante" y "rebelde", según Bolaños.

El plan establece también una estrategia para reforzar la lucha contra la corrupción y la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

(c) Agencia EFE