Piden investigar a fiscal general de Venezuela por violaciones de derechos humanos

La asociación de ONG Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento afirmó este lunes que los titulares de la Fiscalía General, Contraloría y Defensoría del Pueblo “deberán ser investigados” por “su responsabilidad” en las “violaciones de derechos humanos” y “los delitos contra la humanidad ocurridos bajo su gestión”.

A través de un comunicado, la agrupación aseguró que la gestión del fiscal general, Tarek William Saab, ha “sido distinguida” por las “violaciones al debido proceso” tanto de los detenidos por “delitos comunes” como de “los presos políticos”.

Asimismo, señaló “la absoluta ausencia de independencia respecto al poder Ejecutivo y el uso de recursos públicos con fines personales” en la gestión de Saab, quien fue recientemente ratificado como fiscal y está en el cargo desde 2017.

La asociación recordó que, según concluyó la Misión Independiente de la ONU sobre Venezuela en 2021, fiscales desempeñaron “un papel directo en los casos de detenciones arbitrarias, omitiendo actuar como contrapeso de otras autoridades del Estado”, mientras que la Fiscalía “se abstuvo de actuar cuando presenció, o tuvo conocimientos, de actos de tortura contra los detenidos”.

En el caso del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, Movimiento manifestó que su gestión “ha transcurrido en la peor etapa para los derechos humanos en Venezuela” y se ha caracterizado por “omisiones” y “silencio”, sin “ningún tipo de independencia respecto a otros poderes, especialmente de las actuaciones del Ministerio Público (Fiscalía)”.

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“A pesar que por ley preside la Comisión Nacional Contra la Tortura, no se conoce que se haya iniciado investigación por alguna de las denuncias de tortura presentadas en esa institución o por denuncia pública, pues la ley le faculta para actuar por iniciativa propia”, aseguraron las organizaciones.

Ruiz, titular de la Defensoría desde 2017, fue recientemente ratificado en su cargo, lo que para la coalición “es inconstitucional”, pues recordó que la Constitución establece que las designaciones para ese puesto se realizarán “por un único período de siete años”.

Por su parte, Gustavo Vizcaíno, nombrado nuevo contralor general, fue director del Servicios Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), institución que, según las ONG, “ha anulado” pasaportes de “más de un centenar de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, líderes políticos y sociales”.

Las ONG destacaron que tras las presidenciales del pasado 28 de julio, en las que el ente electoral otorgó la victoria al presidente Nicolás Maduro -que la mayor coalición opositora considera fraudulenta-, “estas violaciones no sólo se han mantenido, sino que se han agravado en su naturaleza y magnitud”.

Partido de María Corina Machado exige saber paradero de activista

El partido opositor Vente Venezuela (VV), que lidera la exdiputada y líder opositora María Corina Machado, exigió este lunes información sobre el paradero de Miguel Granados, un activista opositor que, según la formación, fue detenido hace una semana por “cuerpos represores” del “régimen”, en alusión a las fuerzas de seguridad del Estado.

En la red social X, el Comité de Derechos Humanos del partido dijo que se cumple una semana de la detención de Granados, “afiliado de Vente Venezuela, por parte de los cuerpos represores del régimen en Caracas”.

“Hasta el momento se desconoce su paradero. Familiares temen por su integridad física. Exigimos conocer dónde está Miguel. El régimen de Nicolás Maduro es responsable de cualquier cosa que pueda ocurrirle”, agregó el comité, que compartió una fotografía del activista.

Según el partido de Machado, hay 164 dirigentes opositores y activistas detenidos, en su mayoría colaboradores de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), a los que califica como “presos políticos”.

Tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el ente electoral, se desató una oleada de detenciones que se saldó, según cifras oficiales, con 2.400 personas arrestadas, algunas de ellas en protestas contra el resultado y otras en operativos policiales y militares ordenados por el Gobierno, que denunció un golpe de Estado en su contra.

El pasado viernes, varias organizaciones no gubernamentales pidieron a las autoridades excarcelar a todas las personas que se encuentran detenidas “por sus ideas” en el país, para tener una “Navidad sin presos políticos”.

Recientemente, el canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que en su país “no hay ni un preso político”, una afirmación criticada por el antichavismo y diversos sectores sociales, así como familiares de los reos, entre ellos varias decenas de menores de edad.