Piden amnistía para 23 opositores presos en Nicaragua

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Familiares de 23 opositores presos en Nicaragua solicitaron el martes al gobierno que decrete una amnistía para sus parientes detenidos, entre los que figuran un excanciller, dos exvicecancilleres, dos líderes campesinos, tres empresarios y dos de los hijos de la ex presidenta Violeta Chamorro (1990-1997).

En una rueda de prensa virtual, la esposa del periodista y exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Martha Lucía Urcuyo, leyó un comunicado a nombre de los familiares de los opositores, varios de ellos arrestados a mediados del año pasado, durante la campaña electoral que llevó al presidente Daniel Ortega a su tercera reelección consecutiva.

“La liberación de nuestros presos políticos a través de una amnistía viene a ser de suma importancia para crear un ambiente general de mayor sosiego”, ya que “las amnistías han brindado espacios de quietud, comprensión y reencuentro a los nicaragüenses durante momentos altamente críticos”, señala el texto.

Sugirió que esa amnistía podría concederse en la próxima Navidad, para tener a sus familiares “en libertad, dispuestos a continuar contribuyendo a una Nicaragua sosegada”.

La petición fue firmada por esposas, hijos y otros familiares de 23 prisioneros políticos, de los más de 205 que según la oposición permanecen en los diferentes centros penales del país desde hace al menos cuatro años, cuando estalló una revuelta social contra Ortega.

Entre los firmantes figuran parientes de varios opositores que están bajo arresto domiciliario, como los periodistas Pedro Joaquín y Cristiana Chamorro Barrios, hijos de la ex mandataria nicaragüense que fueron condenados a 9 y 8 años de cárcel respectivamente por supuesto “lavado de dinero”; el exaspirante presidencial Arturo Cruz, el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, los exvicecancilleres Víctor Hugo Tinoco y José Pallais, y María Fernanda Flores, esposa del ex presidente liberal Arnoldo Alemán.

También solicitan amnistía para los líderes empresariales Michael Healy y José Adán Aguerri, el banquero Luis Rivas Anduray, los campesinos Pedro Mena y Freddy Navas, el ex embajador Mauricio Díaz, la abogada María Oviedo y la dirigente opositora Violeta Granera, entre otros.

En 2019, Ortega autorizó una amnistía que permitió la excarcelación de más de un centenar de “presos políticos” detenidos a raíz de las protestas del año anterior. Sin embargo, varios de ellos, como el periodista Miguel Mora, el joven opositor Yubrank Suazo y los campesinos Mena, Navas y Medardo Mairena, fueron nuevamente encarcelados.

La petición de amnistía ocurre en momentos en que organizaciones opositoras han denunciado nuevas “redadas” y arrestos de personas adversas al gobierno. Según la red opositora Monitoreo Azul y Blanco, al menos 11 opositores fueron detenidos por la policía del 5 al 18 de septiembre, en su mayoría activistas del movimiento UNAMOS, que nació del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), cinco de cuyos líderes están en prisión.

Entre los arrestados figura la familia del opositor Javier Álvarez Zamora, quien se exilió en Costa Rica la semana pasada, desde donde denunció en entrevistas de televisión que la Policía de Managua capturó a su esposa, su hija y su yerno, y lo conminó a “regresar y entregarse” a cambio de liberar a sus parientes.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó vía Twitter el caso de esa familia y acusó al gobierno de realizar “secuestros extorsivos” contra sus adversarios políticos, una práctica hasta ahora inédita por parte de la policía. El gobierno de Nicaragua no confirmó estos arrestos ni reaccionó a las acusaciones.

Mientras tanto, las tensiones entre el gobierno y la Iglesia católica aumentaron en las últimas horas, cuando la policía prohibió por supuestos “motivos de seguridad” la emblemática procesión de San Jerónimo en la ciudad de Masaya, vecina a la capital, y el martes envió fuerzas antimotines alrededor de la iglesia del mismo nombre para asegurar que las fiestas religiosas no se realicen.

A inicios de agosto pasado, el gobierno cerró seis radioemisoras de la Iglesia católica en Matagalpa (norte) y sitió la Curia episcopal de esa ciudad, dejando cautivos a su obispo Rolando Álvarez y a siete sacerdotes y colaboradores. Hace un mes, Álvarez fue puesto bajo arresto domiciliario en una vivienda de Managua y sus allegados encerrados en la cárcel policial de El Chipote. Se desconoce la situación de todos ellos.

En un mensaje de Twitter, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, instó a Ortega a “restaurar los derechos del pueblo nicaragüense ya”.

Nichols aseguró que un reciente informe de derechos humanos de la ONU sobre Nicaragua “pinta un cuadro desgarrador de un régimen decidido a socavar y controlar” a los nicaragüenses, “privándolos de su voz y sus libertades fundamentales”.

Nicaragua vive una aguda crisis política desde la rebelión de abril de 2018, cuando la represión de policías y paramilitares contra los manifestantes dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos y unos 100.000 exiliados y refugiados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno solo reconoce 200 fallecidos y atribuye la revuelta a un “fallido golpe de Estado”.