Pese a juicio y amparo en trámite, megaobra continúa en centro de Monterrey; vecinos afirman que pone en riesgo acceso al agua

Un grupo de vecinos de Monterrey y el propio ayuntamiento han emprendido acciones legales para frenar la construcción del proyecto Vía Zócalo, que contempla 479 departamentos, 3 mil oficinas y locales comerciales en un solo complejo ubicado en el centro de la capital de Nuevo León. Pese a que los habitantes obtuvieron una suspensión contra la obra, y a que las autoridades municipales interpusieron un juicio de lesividad contra ella, hasta hoy los trabajos continúan.

De acuerdo con Antonio Gómez, director del Área Jurídica del ayuntamiento de Monterrey, en julio pasado las autoridades municipales interpusieron un juicio de lesividad contra la obra, debido a que encontraron que los permisos que se le otorgaron en la administración pasada corresponden a una construcción de menor tamaño a la que se está desarrollando. El funcionario explicó en entrevista que, en tanto no se resuelva este proceso legal, la constructora tiene permitido seguir con el complejo.

Es por eso que, ante la incertidumbre por el tiempo que podría tardar en resolverse este juicio, 22 vecinos decidieron organizarse e interponer un amparo contra Vía Zócalo. El argumento de los quejosos es que un desarrollo inmobiliario tan grande pone en riesgo el acceso al agua de los habitantes de Monterrey, quienes durante la primera parte del año vivieron una sequía.

Hace dos semanas, un juez federal aceptó dar trámite a este recurso, por lo que ordenó al municipio que se efectúen nuevas inspecciones a la obra, mismas que se encuentran en desarrollo. Mientras estas concluyen, Vía Zócalo continúa ofertando sus espacios en internet por un precio de 2.9 millones de pesos.

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Obra excede permisos otorgados, señala municipio

En un documento elaborado por el municipio de Monterrey el pasado 9 de noviembre, las autoridades señalan que “actualmente en contra de las licencias otorgadas al citado proyecto se encuentra promovido un juicio de lesividad, radicado ante la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León”, mismo que podría resolver la revocación de los permisos de construcción.

El ayuntamiento indicó que la licencia SADM-DG-0139-20, emitida por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, menciona al desarrollador de Vía Zócalo la posibilidad de otorgar los servicios de agua potable y drenaje para el predio, pero solo para un número aproximado de 450 lotes o viviendas, cifra que dista de las 479 viviendas, los 44 locales comerciales y las cuatro unidades de oficinas que se están construyendo.

Hasta ahora, las autoridades municipales son las únicas que han señalado irregularidades. De acuerdo con un documento elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León —autoridad a la que también se ordenó revisar la obra—, esta dependencia cuenta en sus archivos con “la resolución administrativa con oficio número 0761/SPMARN-IA-21, que contiene la Autorización Condicionada en Materia de Impacto Ambiental para el proyecto”.

Con ello, Medio Ambiente “niega tajantemente las supuestas omisiones… (al) evaluar las obras o proyectos que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidas en los ordenamientos aplicables”.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a quien se ordenó inspeccionar el impacto hídrico como autoridad federal, indicó a través de una nota informativa que, al no estar vinculada a un bien nacional, no le corresponde realizar dictámenes técnicos en la obra.

Para el ayuntamiento, existen elementos suficientes que acreditan las irregularidades en las que está incurriendo DM Desarrolladora de Proyectos, por lo que las autoridades esperan la resolución del juicio de lesividad para que la obra se detenga, y en caso de que se demuestren las afectaciones que ha causado, la empresa pague por subsanarlos.

“El ayuntamiento tiene conocimiento de que existen irregularidades en los permisos, no solo del tema del agua, sino en general en esta obra. Nosotros entrando en esta administración llevamos a cabo una revisión del expediente, a petición de los vecinos que son una comunidad muy unida, y detectamos que los documentos que obran en la licencia que se otorgó no cumplían con la normatividad ni con el plan de desarrollo urbano municipal. Atendiendo esa denuncia, fue que hicimos este juicio de lesividad”, explicó Antonio Gómez.

El director jurídico de Monterrey afirmó que el municipio está comprometido con el combate a la corrupción, por lo que, en caso de que existan otros desarrollos inmobiliarios que incumplan con la normatividad y el plan de desarrollo urbano, “podrían derivar en algunos otros procedimientos legales”.

Animal Político consultó a DM Desarrolladora de Proyectos sobre las acciones que se han emprendido contra la construcción de Vía Zócalo, sin que al momento de la publicación haya recibido respuesta.

La lucha de los vecinos

El pasado 4 de noviembre, un grupo de 22 vecinos fue notificado de que un juez de Distrito dio trámite al amparo que interpusieron contra Vía Zócalo, motivados por la preocupación de que la obra ponga en riesgo el acceso al agua de los habitantes de Monterrey.

Sobre este tema, el gobierno del municipio afirma que, independientemente de la construcción de esta obra, en coordinación con las autoridades federales y del estado cuenta con un plan para garantizar que ningún hogar padezca de falta de agua.

Sin embargo, para los vecinos este no es el único motivo por el cual rechazan la construcción del complejo inmobiliario. De acuerdo con la asesora jurídica de los quejosos —quien pide reservar su identidad por miedo a represalias—, la obra ha provocado la aparición de socavones y un aumento en el caos vial en las calles aledañas, además de que estos complejos de lujo podrían provocar encarecimiento en la renta y la vivienda de la ciudad.

“En general, es importante dar a conocer lo que sucede en el barrio antiguo, que es lo que quedó después de la destrucción del Centro Histórico que dio paso a lo que hoy se conoce como la Macro Plaza. Conforme fue creciendo la ciudad, este espacio comenzó a llenarse de bares para el turismo y eso expulsó a varios vecinos, y ahorita lo que se está promoviendo con Vía Zócalo es un proceso de repoblar, entre comillas, estos barrios, pero con un modelo que genera gentrificación y el desplazamiento de habitantes, es decir, con afectaciones al derecho a la vivienda”, explicó la abogada.

“(Los vecinos) están preocupados porque este proyecto puede implicar mayor desplazamiento y la pérdida de calidad de vida. Por ejemplo, hay quien vive en un espacio en el que Vía Zócalo va a impedir que vuelva a pegar la luz del sol, y por el tipo de tuberías de barro que hay en la zona se prevé que haya un colapso en el alcantarillado, que de por sí, cada fin de semana que se llenan los bares despide un olor insoportable a excremento”, comentó.

La abogada alertó que “Vía Zócalo es un proyecto de prueba para que puedan entrar de manera más agresiva los desarrollos inmobiliarios al centro de Monterrey, que ha empezado a ser una zona codiciada por los comercios y restaurantes, lo que, repito, genera gentrificación y relega a los vecinos que no están de acuerdo con todas las implicaciones que tienen estos cambios en la zona. Nos preocupa que las autoridades permitan que se levanten más edificios de este tipo”.

En tanto las autoridades competentes resuelven si se revocará o no el permiso de construcción de Vía Zócalo, los vecinos continúan viviendo entre los ruidos e incomodidades viales que provoca la obra en sus calles, y el miedo a que los constructores tomen represalias en su contra, porque ni a la desarrolladora de este complejo ni a los dueños de los bares que se ubican en la zona les ha caído bien que se estén organizando para rechazar el proyecto.

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