Yahoo Noticias Ante posible penalización de aborto después de sexta semana en Aguascalientes, feministas alistan batalla judicial
Las organizaciones que originalmente promovieron el amparo que derivó en la despenalización del aborto en el estado de Aguascalientes prevén impulsar una acción de inconstitucionalidad ante la eventual aprobación en el Congreso local de la reducción de 12 a seis semanas del periodo permitido.
Esto luego de que el 23 de agosto pasado 20 legisladores, en su mayoría panistas, presentaran una iniciativa para limitar a seis el derecho de las mujeres a abortar en la entidad durante las 12 primeras semanas de gestación, a tan solo poco más de medio año de que se legislara su validez.
Este planteamiento representa un retroceso respecto a la legislación actual, que permite la interrupción hasta la doceava semana de gestación, ejecutada por el legislativo local el 23 de diciembre del año pasado, derivada de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de agosto de 2023.
La iniciativa, presentada por 20 diputadas y diputados, solo requiere el voto de 14 legisladores para ser aprobada, por lo que las organizaciones ya están enfocándose en los siguientes pasos ante los riesgos que representa una regresión sobre el estándar ya legalizado.
Las implicaciones son diversas, subraya Angie Contreras, de Cultivando Género. La reducción de semanas es, en primer lugar, una forma de inhibir que las mujeres y personas gestantes puedan abortar, sobre todo en instancias públicas, pues esto entorpece el acceso con miras a exceder el tiempo mientras ellas completan el trámite y estudios previos.
“Aquí en Aguascalientes hicieron un comité que va a decidir si puedes o no puedes abortar, entonces cuando van a las instancias públicas, el caso tiene que analizarlo el comité dependiendo de cuándo se va a reunir… Como son medidas que buscan disuadirlo, entonces lo alargan”, explica la activista.
Al mismo tiempo, se genera una sensación de imposibilidad, que no es inocente, pues simultánea a la iniciativa de reducción de semanas, en la entidad se está legislando un sistema entero de “protección a la vida”, que será una coordinación de varias dependencias, encabezadas por la Secretaría de la Familia, que pretende incentivar acciones para la protección del embarazo.
Por otro lado, la iniciativa panista elimina el término “personas gestantes”, lo cual invisibiliza a las personas no binaries y trans, así como algunas de las causas y circunstancias estructurales que pueden conducir a abortar. Además, plantea un cambio en el caso del aborto espontáneo, que para ser reconocido como tal deberá ser analizado por dos personas del servicio de salud.
“Estas acciones lo que buscan es limitar y frenar el tema del aborto, y nos queda claro que esto también es una medida política, porque justamente a un año de que se logra esta decisión de la Corte de decirle al Congreso ‘tienes que despenalizar’, a partir de ahí hubo un incremento en los discursos de los grupos antiderechos”, sostiene Contreras.
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A juicio de la activista, la constante durante este año ha sido buscar distintas vías para entorpecer el acceso al derecho: la creación del comité, no garantizar información, el uso de medios de comunicación para desinformar, motivar el discurso de que la entidad se está convirtiendo en una “capital turística” del aborto para los estados circundantes, lo cual se consuma con la presentación de esta iniciativa, en una sesión extraordinaria, sin análisis ni información.
El próximo 31 de agosto se cumpliría apenas un año de la resolución de la Corte, por lo que las organizaciones, conscientes de la realidad y el contexto político de Aguascalientes, que las ha orillado a trabajar siempre desde la resistencia para garantizar derechos, buscarán solicitar una acción de inconstitucionalidad, porque la reforma al Código Penal representa un retroceso de derechos.
“Estos riesgos no solamente son para Aguascalientes, sino que al aprobarse, se abre una ventana de oportunidad para otros estados para que justamente condicionen y hagan reformas para reducir las semanas para despenalizar el aborto. Lo van a ver como oportunidad ni siquiera estados que sean panistas, sino personas de otros partidos que son diputados y diputadas que llegan a partidos donde no están convencidos o no creen en las líneas ideológicas y al final se suman”, advierte la activista.
Una iniciativa sobre el aborto regresiva en Aguascalientes
“El objeto de la iniciativa básicamente consiste en establecer que el aborto es la interrupción del embarazo con el consentimiento de la mujer embarazada después de la sexta semana de gestación”, se lee en el documento que el Congreso de Aguascalientes pretende aprobar sin discusión este miércoles, presentada por 14 diputados panistas, a los que se sumaron tres morenistas, uno del PRI, uno del Verde y uno del PRD.
El documento califica como de “suma importancia definir” el margen mínimo o el período “breve” durante el cual se permite el ejercicio del “derecho a decidir”, el cual –sostiene– debe ser estrecho, de manera que se ubique lo más cercano posible al inicio de la gestación, “a fin de no transgredir el respeto y la protección de la vida en desarrollo”.
Esto contradice el avance en la garantía del derecho a decidir, que tiene poco más de medio año de haberse hecho efectivo gracias a la presentación del amparo promovido por las organizaciones Morras Help Morras, Cultivando Género AC, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Terfu y Cecadec desde 2022, y atraído posteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Con ello, las organizaciones lograron que en esa entidad se despenalizara el aborto en un esquema similar al ocurrido en Coahuila, la primera entidad donde esa decisión se hizo efectiva gracias a una determinación de la Corte del 7 de septiembre de 2021 que resolvía una acción de inconstitucionalidad con el argumento de que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta.
Aunque permanecía pendiente la posibilidad de que el Congreso del estado modificara las leyes locales de salud para dar certeza y garantía a la prestación del servicio, se había eliminado toda penalización al aborto voluntario hasta la semana 12, como en el resto de las entidades donde ya ha sido eliminado como delito del Código Penal. En ninguna de ellas el plazo es menor.
De hecho, el Manual de Práctica Clínica para un Aborto Seguro, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), describe procesos seguros de interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, e incluso más en casos necesarios. El mismo organismo sugiere en sus directrices más recientes la despenalización total del aborto, lo que significa eliminarlo de toda ley penal, no aplicar otros delitos equiparados, y que “no se recomienda la promulgación de leyes y otras reglamentaciones que restrinjan el aborto basándose en supuestos o en límites de edad gestacional”.
No obstante, los legisladores locales insisten en su iniciativa en que el derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo, aunque esencial, “no se considera absoluto en todos los casos”. Según la propuesta, debe equilibrarse con otros igualmente importantes, como “el derecho a la vida”. “Muchas legislaciones en todo el mundo establecen límites al derecho al aborto para asegurar la protección de la vida fetal”, señalan en el documento presentado ante el Congreso.
Incluso van más allá en la negación del derecho de las mujeres a decidir: “El aborto se perceibe como una acción que pone en riesgo la integridad de la vida humana, y por ende, debe estar sujeto a restricciones y penalizacaiones para salvaguardar ese derecho primordial. Desde la perspectiva de la salud pública, la prevalencia del aborto puede tener implicaciones para la salud mental y física de las mujeres”.
Sin proporcionar evidencia científica en torno a lo anterior, los diputados locales califican a Aguascalientes como “el primer estado familiarmente sostenible en el país”, que promueve políticas que “fortalecen y apoyan la estructura familiar, por lo que la defensa de la vida se alinea con el valor de la unidad de las familias”.
De esa manera, la iniciativa propone reformar los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal de Aguascalientes con la finalidad de penalizar con tres a seis meses de prisión y 500 a 1000 días de multa a quien interrumpa el embarazo voluntario después de la sexta semana.
La iniciativa de las organizaciones de interponer un amparo, resuelto por la Suprema Corte, nació justamente porque en la entidad no se preveía un cambio por la vía legislativa, pues el Congreso local sigue conformado por una mayoría panista que ha expresado abiertamente que temas como el aborto y el matrimonio igualitario no están ni estarán en su interés. Ante ello, los partidos de oposición tampoco mostraron nunca interés en esa causa.
De acuerdo con las organizaciones promoventes del amparo y otras, como AbortistasMx, de aprobar la iniciativa planteada, el Congreso de Aguascalientes estaría violando el principio de progresividad e incluso de no repetición, lo cual lesionaría los derechos humanos.
Por separado, GIRE subraya que tratar de reducir a la mitad el periodo en el que una persona puede decidir si continúa o no con su embarazo no es razonable, ni responde a evidencia científica o consideración médica válida, aunque así lo asegure el dictamen. Se trata de una medida inconstitucional, contraria a los criterios de la Suprema Corte y violatoria de los derechos humanos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, agrega la organización.
“Vamos a seguir, Aguascalientes va a seguir resistiendo porque el Congreso en lugar de pensar en la progresividad de los derechos, busca cómo quedar bien con los grupos antiderechos y como limitarnos. Al final, aunque el Congreso busque vulnerarlos, las mujeres y las personas con capacidad de gestar van a seguir accediendo a su derecho con el acompañamiento colectivo de los grupos feministas”, subraya Angie Contreras.
